ACTA DEL COMITÉ PERMANENTE DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA
PROPUESTAS PARA UNA NUEVA LEGISLATURA.
Madrid, 4 y 5 Febrero de 2016
Siendo las 12 y media de la mañana del día 4 de Febrero y tras la recepción con Manuela Carmena en el Ayuntamiento, da comienzo el comité permanente.
En primer lugar toma la palabra en nombre del secretariado Javier Martínez Derqui, proponiendo que la mesa del Comité esté compuesta por Begoña López Anguita, del secretariado, Ignacio Ubaldo González Vega, coordinador de Madrid y Daniel Prieto Francos coordinador de Cantabria. No manifestándose objeción alguna por los presentes, se constituye la misma.
A continuación toma la palabra Joaquim Bosch para exponer el informe de gestión del secretariado. Comienza justificando el lema del Comité Permanente a pesar de este momento de impasse político. Señala que desde el último permanente se han producido cambios, comenzando por el ministro, reseñando que el nuevo, Catalá ha convocado más reuniones, pero ello sólo ha significado un cambio de formas con respecto a Gallardón, pero no en el fondo. Se alude a las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, realizando las oportunas críticas. Igualmente se señala que se ha tenido muy presente buscar alianzas en todos los ámbitos de la sociedad. La implantación del llamado Papel Cero ha sido un elemento más propagandístico que efectivo y real
Por lo que respecta al Consejo General del Poder Judicial, señala Bosch que se ha consolidado el poder omnímodo de Carlos Lesmes al frente del mismo, así como un Consejo de 2 velocidades con la diferencia entre vocales. Se ha aplicado un sistema de rodillo en la elección de cargos judiciales. Se critican las formas de Lesmes, pues ha pasado más de 1 año desde la última reforma.
Se desgranan las distintas áreas en las que se divide el secretariado, como consta en el informe remitido. Se destaca en cuanta al área institucional y de relaciones la comunicación con los vocales progresistas, se menciona igualmente el código ético haciendo hincapié en que ha de ser unos principios éticos sin contenido disciplinario. Igualmente se han aportado ideas a las fuerzas políticas progresistas y se ha realizado un ingente trabajo con la sociedad civil (Amnistía Internacional…), así como se han realizado numerosos comunicados. Se menciona igualmente el trabajo respecto a las últimas formaciones.
En cuanto al área sindical Bosch realiza un agradecimiento a Carlos Preciado y menciona expresamente la problemática de los JATs.
Se da cuenta de la sustitución de Victoria Rosell por Helena Gil en el área de igualdad.
En cuanto al área de portavocía reseña la gran presencia de JpD en las redes sociales, con más de 14.000 seguidores en Facebook y 37.000 en Twitter, lo que permite una gran comunicación y repercusión.
En el área de Internacional se menciona la situación de Honduras, y de la organización hermana, Jueces por la Democracia
Se alude al gran éxito del Blog de Publicaciones, y se explica la complicada situación económica. Se está intentando renegociar la hipoteca con la Caixa y la anulación del Swap insertando en la misma. Igualmente se menciona el gasto de las comisiones.
Finalizada la intervención de Ximo, Begoña López Anguita toma la palabra para señalar que las dos sustituciones en el secretariado deben ser ratificadas por el Comité Permanente, comunicando que la votación se realizará la mañana del viernes.
En turno de intervenciones, toma la palabra Margarita Robles: comienza por agradecer su labor al secretariado. Considera que ha sido la legislatura más dura y JpD ha sido valiente y ha sabido dar la cara. Señala que el secretariado y JpD ha sido el catalizador del impulso de la sociedad y se ha convertido en un punto de referencia. Igualmente hace extensivo el agradecimiento a la coordinación de Madrid.
Ramiro García de Dios: empieza reconociendo la labor del secretariado. Estamos ante un gobierno y CGPJ autoritarios señalando que actúan a través del miedo, y pone de ejemplo la situación de Victoria Rosell. Señala que el secretariado en este tema debiera ser más contundente en la crítica al Ministerio Fiscal e igualmente que se podía poner más énfasis en denunciar la actitud del CGPJ y en la crítica de los vocales progresistas del mismo.
Luis Villares: Agradece el trabajo realizado por el secretariado. Señala que se ha cubierto el vacío dejado por la izquierda política. Pregunta sobre la fórmula para reducir la cuota hipotecaria pues solo ve posible la anulación del swap. Igualmente agradece a la Oficina Técnica la rebaja salarial. En los temas de actualidad pide más debate interno. Por último recalca la ratificación de las sustituciones en el secretariado por el Comité Permanente.
Fernando Zubiri de Salinas: Felicita al secretariado y a Joaquim Bosch. Señala que se constata la cantidad de actividad. Está de acuerdo con todos los comunicados aunque echa en falta uno sobre los poderes en la sombra. Le inquieta la escasa afiliación de las últimas promociones, preguntando qué se ha hecho al respecto. No nos podemos conformar con el papel del CGPJ, le inquieta la idea que se está trasmitiendo en relación a los nombramiento de que “quien se mueve no sale”.
Mercedes Boronat. Reitera la intervención de Margarita Robles. Toma la palabra para agradecer al secretariado, pero muy especialmente Ximo, quien como integrante de la sección de Valencia les ha motivado mucho, con muchas reuniones e información. Igualmente señala que, en cuanto a la hipoteca, solo cabe la novación.
Ana Álvarez de Yraola: precisa que sólo habla en su nombre. Da la enhorabuena y las gracias al secretariado. Recuerda que no fueron elegidos por consenso, pero ese consenso lo han conseguido en su actuación. Cree que debemos ser más beligerantes con el CGPJ y el Ministerio de Justicia, pues por su experiencia el Consejo es pura fachada, su actitud no es escucharnos. Existe además falta de transparencia en la Escuela Judicial y cree que no deberíamos colaborar en el Plan Pedagógico. Igualmente le preocupa el SWAP y pregunta si está dentro de la hipoteca y que además a JpD le es de aplicación la normativa de consumidores por lo que no debe haber miedo a plantear una demanda
Joan Francesc Uría. Es partidario de negociar la hipoteca antes que demandar. Señala que estamos ante el mejor secretariado de Jueces para la Democracia. Realiza dos críticas: la primera que les han quitado a una coordinadora (en referencia a Helena Gil). Y la segunda el comunicado con respecto a Cataluña. No está de acuerdo en haberlo hecho y además cree que podía haber generado un conflicto en la Sección Territorial de Cataluña. Dicho comunicado sólo podía generar tensiones y conflictos y no solucionar nada y no debe volver a pasar. Igualmente señala a que la crítica no debe personalizarse en Lesmes pues hay más votos. Termina señalando que JpD no debe entrar en el tema catalán.
Xavier González de Rivera. Comienza felicitando al secretariado. Recuerda, en línea con lo expuesto por Joan Francesc, que la Sección Territorial tuvo que realizar una reunión y un comunicado para apaciguar los ánimos. Plantea dos sombras en la gestión: la primera respecto al Código Ético pues la resolución del Congreso de Cádiz fue retirarse y debemos ser más claros. En segundo lugar recuerda que hace dos congresos se aprobó instar al CGPJ la creación de un observatorio de racismo sin que se haya vuelto a plantear y la situación actual ratifica su necesidad. Por último el informe de gestión no menciona la revista de Social que es la más antigua de la asociación
Francisco Romo: Agradece su labor al secretariado y reconoce el esfuerzo personal de todos sus miembros. Cree que respecto al tema de Cataluña que quien debe pronunciarse es la Sección Territorial catalana. Señala que JpD tiene unas altas cotas de prestigio que no se traducen en afiliación reconociendo que la carrera judicial es muy conservadora. Echa de menos en el informe la falta de mención a la memoria histórica, máxime cuando ha habido una regresión en las políticas públicas. Alude a que en Navarra se está trabajando positivamente desde el nuevo gobierno en este tema.
Ivana Redondo: Felicita al secretariado por el esfuerzo realizado. Igualmente toma la palabra en nombre de Esther Erice que agradece el trabajo del secretariado en nombre de la comisión de violencia sobre la mujer.
Joaquim Bosch toma la palabra para réplica: En cuanto a la crítica al Consejo General del Poder Judicial señala que cree que se ha sido muy críticos y que Carlos Lesmes era consciente que JpD era quien estaba en frente. Señala que la crítica a los nombramientos es complicada pues puede parecer que lo criticamos porque no nombran al candidato de Jpd. Recuerda que se ha cumplido el mandato de no presentar candidatos ni se ha apoyado a ninguno, pero no hay ningún acuerdo que impida criticarlo, el problema es cómo articular esa crítica. Se comparte por el secretariado que el CGPJ merece una crítica muy dura.
En cuanta al préstamo señala que el problema está en el SWAP, que nos impide salir de la hipoteca. Cree que hay que anular el swap y negociar una rebaja.
Responde que efectivamente debe hacerse constar en el informe la revista de lo social.
En cuanto al Código Ético señala que Miguel Ángel Tabares ha planteado la postura de JpD y dos asociaciones lo están estudiando.
Por lo que respecta al tema de Cataluña, cree, a título personal que la asociación debiera defender el derecho de autodeterminación. Reconoce la existencia de muchas posturas dentro de la asociación y hubo mucho debate en el seno del secretariado y se alcanzó un consenso en el secretariado para el comunicado. Está de acuerdo en que fue un error y además los hechos posteriores le han dado la razón. El tema no está maduro y el secretariado debe ser prudente y se debe consensuar todo con la Sección Territorial de Cataluña
En cuanto a los cursos del CGPJ existen diferentes opiniones y se ha mantenido una cierta prudencia pero es inaceptable como se organizan
En relación a las declaraciones de Manuela Carmena: cree que fue correcto lo que se hizo. Se dijo que había habido un ataque pero se buscó la fuente original y se analizó el contexto y nos pareció que estaba amparado por la libertad de expresión, debiendo reservar los comunicados a quien de verdad ataque la independencia
En el tema de la memoria histórica se han hecho cosas. Ha estado en actos reivindicativos. A nivel institucional se le planteó a Rafael Catalá pero éste respondió que prefería no pronunciarse. Es un tema que se tiene en cuenta.
En definitiva agradece los comentarios y pide comprensión con el trabajo realizado.
Sometido a votación el informe se aprueba por unanimidad.
Se cierra la sesión para comer.
Se reinicia la sesión a las 16.30 horas.
Por la tarde se da inicio a la Mesa “Papel cero: la situación real del proceso de digitalización de los órganos judiciales” Con la participación de D. José Luis Hernández Carrión. Subdirector General de Nuevas Tecnologías de la Justicia. D. Rafael la Fuente i Sevilla. Letrado de la Administración de Justicia. SISEJ y D. Pedro Feced Martínez. Abogado. ALA.
Es moderador de esta mesa Javier Martínez Derqui.
En primer lugar se informa de la imposibilidad de asistencia por parte de Victoria Cinto, Vocal del CGPJ, que ha excusado su presencia por una cuestión personal ineludible.
Se concede la palabra a José Luis Hernández Carrión, Subdirector General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia. Lo que quiere advertir es que no es jurista, sino que es informático y es la persona encargada de la Tecnología en territorio ministerio. Su objetivo es modernizar la Administración de objetivo y va a mostrar las herramientas con las que cuentan.
Se pretende llegar a la interoperabilidad electrónica, habiendo dado los pasos necesarios para ir avanzando a este objetivo.
Respecto a las comunicaciones electrónicas. Se refieren a papel cero, Ley 18/2011, de 5 de julio, Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia estableció la tramitación electrónica de los procedimientos. El concepto “Papel cero” es publicitario no real, siempre va a haber papel en los juzgados. En realidad a partir de enero de 2016 lo que se trata es que haya papel cero de entrada-salida. Para ello la doble pantalla no es determinante ni bloqueante. Se trata del primer nivel para acabar con el papel. Este solo desaparecerá con el expediente digital que es la tercera fase prevista para julio.
El siguiente paso son los servicios electrónicos para los ciudadanos, que los ciudadanos puedan presentar demandas y recibir información sobre su procedimiento informáticamente.
El punto final sería la interterritorialidad, se están elaborando herramientas para conseguir la relación entre los diferentes sistemas.
Estos son los niveles para llegar a prescindir del papel.
Respecto a las herramientas jurídicas. Ya se inicia con la LEC 2000, la Ley 59/2003 sobre la firma digital. Son los primeros pasos para la evolución electrónica. Lexnet no es nuevo, es un sistema que viene funcionando desde hace tiempo.
El Comité técnico estatal pretende ser una vía para conseguir la interterritorialidad, atendiendo a las diferentes soluciones desde las CCAA con competencias transferidas en materia de justicia.
En cuanto a las herramientas tecnológicas, la principal es la firma electrónica como base para una administración electrónica. Las tarjetas son certificados electrónicas que contienen la firma electrónica. Las comunicaciones electrónicas consisten en el sistema que más rendimiento está dando en la Administración pública, se pretende que accesible en los servicios al ciudadano.
Pero el final de la evolución será la instauración del expediente judicial electrónico, dotado de un índice para que sea útil y manejable. Hay varias iniciativas; en concreto hay un proyecto piloto en Cuenca en la jurisdicción civil. Ahora tienen en proyecto extender la justicia digital a Extremadura y posteriormente al resto del territorio ministerio.
En la Audiencia Nacional, contencioso administrativo y laboral, el expediente digital está funcionando, hubo errores que se han ido subsanando.
Respecto a los servicios al ciudadano, pretenden que pueda consultar su procedimiento en sede electrónica, también habilitarlo para los profesionales. Incluso a través de aplicaciones móviles, existe alguna experiencia, Lexnet les avisa de la notificación y pueden ver la cabecera de la resolución.
El moderador concede la palabra a Rafael De la Fuente i Sevilla, representante del SISEJ, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia.
Comienza manifestando que “papel cero” es un eslogan del Ministerio de Justicia, no debería ser solo un eslogan, sino una realidad. Es una irresponsabilidad haberlo hecho publicitariamente. Cuando entra Catalá, tras tres años en los que no se había hecho nada en materia de Justicia, se observa que quiere tomar alguna decisión para que puedan decir que han hecho algo en esta legislatura. Inician el papel cero justo el 1 de enero, con motivaciones políticas.
A pesar de ostentar mayoría absoluta de manera que tenían posibilidad de sacar adelante muchas iniciativas, sin embargo lo primero que hicieron fue cargarse el trabajo eficaz realizado por el Ministerio de Justicia anterior a 2011.
Se ha realizado un uso propagandístico del Papel Cero. En territorio ministerio se ha incrementado la petición de papel, el eslogan podría ser papel cero de entrada y tampoco sería correcto.
Lo importante es la implantación de un expediente digital que permita tramitar digitalmente, habilitando mecanismos para hacer posible la recepción y comunicación externa entre juzgados y órganos judiciales. Ley 18/2011 reconoce el derecho del ciudadano de comunicarse con la administración de forma telemática. La administración de justicia no puede vivir al margen de la sociedad, es necesaria su modernización pero hay que hacerlo bien. La instauración del expediente electrónico va a generar problemas, se debería hacer desde el consenso y no desde la imposición como se está haciendo. No se puede paralizar el proceso, pero es preciso abrirlo al diálogo de todos los afectados y fijar unos plazos razonables. Quienes publicitaron que a partir del 1 de enero se iba a iniciar el papel cero, fueron los mismos que establecieron la ocurrencia de los fijar los señalamientos con chinchetas. Es necesario que haya coordinación con las CCAA, también colaboración con todos los intervinientes en el procedimiento.
El calendario del Papel Cero se ha coincidir con fechas políticas y con un carácter claramente electoral.
El expediente digital no sirve de nada si no va acompañado de un plan estratégico para un cambio estructural de la Administración de Justicia, una idea de que es lo que queremos hacer con la Administración de Justicia, cambio estructural.
Hay una resistencia al cambio muy importante, hay colectivos muy corporativistas. Por eso es imprescindible acometer esta reforma correctamente para convencer.
En cuanto al balance de Lexnet, su implantación ha sido dispar. El SISEJ ha detectado tres aspectos.
- Falta de adecuación de los medios informáticos. Además hay un problema para recibir y mandar archivos, con los de más de 10 megas.
- El carácter obligatorio cuando no hay medios para hacerlo efectivo afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Hay una sensación de improvisación, no ha habido formación ni información.
- Unanimidad en todas las comunidades, están imprimiendo más papel que nunca.
Cuenca, es el único sitio que tiene el expediente digital, a pesar de que no existe servicio común.
SISEJ considera que hay que avanzar pero no con eslóganes y propaganda, sino mediante medidas serias y efectivas. Su propuesta es que ya que existe la Ley, el ministerio saliente apruebe a la imperiosa obligatoriedad de utilizar medios que no funcionan, también que haya un acompañamiento, formación adecuada, que no ha existido, que este acompañamiento consista en un servicio técnico para subsanar los problemas que se planteen en los procedimientos.
Es necesario el expediente digital pero el objetivo es un cambio estructural y democrático en la Administración de Justicia.
A continuación se concede la palabra a Pedro Feced, representante de ALA, Asociación Libre de Abogados.
Su exposición va a versar sobre la situación existente en Madrid. Papel Cero es un objetivo muy lejano.
Hay que englobar LEXNET en el aspecto del servicio público de la Administración de Justicia. Critica al colegio de abogados de Madrid, complaciente con los problemas generados por Lexnet a los profesionales, se ha limitado a hacer cursos que no son útiles. Es una utopía en Madrid. ALA no son reacios al cambio pero son realistas.
La conclusión a la que llega es que la Administración de Justicia en Madrid no estaba preparada, que se ha sacrificado la eficacia de la implantación a los titulares, olvidando que están en juego los derechos de los ciudadanos, en concreto el derecho de acceso a la justicia.
Además se pueden producir problemas de argumentación en el caso de una inadmisión de algún documento en un juzgado, entonces habría que acudir a los acuerdos de Decanos que han decidido las moratorias frente al RD 1065/2015. En Madrid un primer acuerdo reconociendo la moratorias hasta el 1 de febrero, luego prorrogada hasta el 1 de marzo. Existen también recomendaciones de una comisión mixta, cuyas actas harían reír a muchos.
Es necesario informar correctamente, establecer un buzón con las quejas. Distribuir tarjetas criptográficas. Ahora hay LAJ, funcionarios, jueces/zas que no tienen tarjetas ni ordenador. Solo se han dotado de medios las/os Abogadas/os y Procuradoras/es porque están obligados.
Los juzgados incoan a partir de la comunicación de Lexnet, luego unen las copias y siguen tramitando. No tiene sentido que si no hay medios se haya obligado a ello. El programa informático no existe todavía. Debería haber responsabilidades políticas y políticas judiciales. Hay muchas/os abogadas/os que han tenido que invertir en medios que no les sirve para nada.
Hay dos cuestiones importantes:
- Cómo argumentar jurídicamente cuando se acuerde una denegación de admisión o prescripción de la acción, cómo explicar que se basan en decretos de decanos.
- El problema no ha sido solo los desajustes técnicos, sino la imposibilidad de utilizar el sistema porque no había sistema adecuado para todas/os los que participan en la Administración de Justicia. Obligan a utilizar una herramienta que produce efectos procesales pero no existen medios para ser efectiva.
Están en juego los derechos de los ciudadanas/os y la responsabilidad de los abogadas/os.
ALA plantea que la solución sea la aprobación de una norma con moratoria hasta que se pueda utilizar Lexnet con respeto de los derechos de los ciudadanas/os.
A continuación se concede la palabra a las/os coordinador/ases de las secciones territoriales para que describan brevemente la situación en sus territorios.
Fernando Zubiri por la Sección Territorial de Aragón expone que la situación es mejor que la descrita en Madrid pero peor que en otras CCAA. Los medios técnicos no son los adecuados. El sistema de banda es estrecho, no se ha realizado formación suficiente. Cuando se presentan demandas amplias o conteniendo pruebas periciales suponen que el peso supera el límite aceptado y hay que hacer fotocopias.
Le preocupa el expediente digital con papel cero, debe suponer una mejora de los derechos de los ciudadanos, el CGPJ debe intervenir directamente en esta materia y segundo, hay tendencia en el Ministerio a limitar el acceso del juez a todo el expediente, sin embargo es imprescindible ya en su conjunto puede afectar a los derechos fundamentales de las partes.
Angel Garrote expone la situación de la Comunidad de Murcia.
Manifiesta que en la jurisdicción civil deberían haber empezado en 2015. El informe que ha presentado es el oficial elaborado por el Decano de Murcia. Tienen medios materiales tienen dobles pantallas, técnicamente están dotados. Pero surgen problemas técnicos, no se dispone de firma digital por parte de los jueces. Pensaban que los expedientes tendrían un índice, no es así, hay un sistema de hipervínculos muy lento y que genera problemas de espacio. Las fotografías están en blanco y negro, dificultando su visualización.
No se puede trabajar en casa salvo descargarlo en un USB.
Sería conveniente que existieran avisos sobre cuántos procedimientos se tiene que firmar.
Mercedes Boronat, coordinadora de la Sección Territorial de Valencia expone que la situación es deplorable, no tienen ordenadores nuevos, son muy antiguos. Les dijeron que se olvidaran del papel cero porque no tenían medios y el Ministerio no había llegado a ningún acuerdo.
Jaime Segalés por la Sección Territorial del País Vasco toma la palabra, comienza lamentando que su Comunidad Autónoma antes era la vanguardia de la tecnología en la Administración de Justicia pero en la actualidad su situación es peor que la de otros territorios. Una de las quejas que expone es que no hay posibilidad de trabajar desde casa.
Alberto López Villarrubia por la Sección Territorial de Canarias pone de manifiesto el colapso que se produce en los decanatos. Hay un sistema de carpetas compartidas, se descarga el documento y se imprime el formulario y la primera hoja de la demanda, y se transmite el archivo a cada juzgado.
No existe Papel cero, solo en la presentación telemática de documentos pero luego Decanato imprime todo en papel para derivarlo a los juzgados; se provocan retrasos tremendos.
Han instalado dobles pantallas en los decanatos. Hacia el tercer trimestre de 2016 se va a incorporar el sistema informático.
Julio Martínez Zahonero por la Sección Territorial de Asturias expone que no hay dobles pantallas en los ordenadores, a partir del 1 de enero se ha producido colapso en los decanatos, se han producido numerosas quejas por los abogadas/os y procuradoras/es. Problemas con el peso de los archivos. Se imprime todo.
Ivana Redondo como coordinadora de la Sección Territorial de Madrid manifiesta que en Madrid solo los abogadas/os y procuradoras/es han sido quienes han hecho los esfuerzos para estar operativos técnicamente. En los Juzgados se carecen de los sistemas informáticos ni de las aplicaciones necesarias. Hay recomendaciones de la comisión técnica y acuerdos de jueces decanos concediendo moratorias y regulando la situación.
Se ha establecido un sistema provisional, se presentan las demandas y documentos por vía telemática, con copia en papel, se vuelca el contenido en la carpeta compartida que hay en cada juzgado. Se están produciendo errores en las recepciones de algunos documentos que se envían al juzgado equivocado. Además se producen dobles registros.
A partir del 25 de enero se mandan los documentos por la carpeta común y lexnet, hay descoordinación en el contenido de la carpeta y lexnet.
Acuerdos de los decanas/os, Móstoles se quejaba que hay pocos funcionarios en decanato para asumir este sistema, los documentos no se pueden presentar telemáticamente, no directamente al juzgado, se tendrá por no presentado el escrito.
Las tarjetas son escasas, de una a tres por cada juzgado.
Hay jueces como el de Getafe, publicó un acuerdo ayer que a pesar de la insuficiencia de suministro cada órgano tiene una o dos tarjetas se deja sin efecto la moratoria y todos los documentos debe ser presentados telemáticamente.
No hay formación ni información por parte de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Cati Martorell Alomar como coordinadora de la Sección Territorial de Illes Balears pone de manifiesto los aspectos negativos: precipitación y falta de información, existe una ignorancia absoluta de cómo funciona el sistema y del propio sistema en sí mismo. Los atestados de la Guardia Civil tienen que ser escaneados y se producen problemas de itinerancia. Se producen problemas en el caso de partidos judiciales con distintas sedes. Hay quejas por parte de los funcionarios porque no han recibido formación.
Los expedientes carecen de etiquetas que faciliten el acceso rápido.
María Jesús del Pilar Márquez como coordinadora de la Sección Territorial de Andalucía Oriental expone que cada provincia ha firmado un protocolo de entrada de demandas. Hay un problema de integración de Lexnet a Adriano, se pierden las demandas o se quedan en la bandeja de entrada, de manera que existen problemas derivados de Lexnet y otros de Adriano, siendo competente para su solución diferentes administraciones. Respecto a Lexnet existen problemas de lentitud del sistema. También problemas funcionales como el de la personación, el sistema solo permite a los ya registrados como personados, si el interviniente no está registrado no permite su incorporación, siendo preciso configurar una demanda nueva por cada personación solamente para subsanar este problema. Existen problemas en las denominaciones de las partes, en la jurisdicción penal aparece demandante en lugar de denunciante.
Respecto a los problemas derivados de Adriano. Las demandas de ejecución no pueden incoarse porque el NIG (número de identificación general) introduce una letra, sin embargo Lexnet no permite las letras. Es una competencia de la Junta de Andalucía pero han solicitado colaboración del Ministerio para permitir reconocer la letra y proceder a una subsanación del problema más fácil, así se permitiría la interoperatividad.
Es precisa la digitalización de la firma para activar la firma digital.
En la Jurisdicción Social se producen problemas con la presentación de documentación en plenario.
Se han producido problemas de información y de formación. Se insta la creación de un registro para que consten las soluciones para resolver cada incidencia y así ser accesible a todos los usuarios que pudieran tener los mismos problemas.
Se están produciendo problemas de coordinación entre el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía. Sería necesaria la presencia de las asociaciones judiciales en este proceso, sin embargo no se ha contado con ellas.
Antonio Marco como coordinador de la Sección Territorial de Andalucía Occidental expone la situación comentando que existen dos pantallas pero una de ellas es antigua.
La formación es voluntaria. La Junta está llevando una estadística, se han fijado en un 42 % de incidencias en los escritos que se presentan por esta vía. Se está realizando un esfuerzo por parte de todos los intervinientes. Los procedimientos resultan muy incómodos de leer.
Luis Villares como coordinador de la Sección Territorial de Galicia expone que los únicos que han cumplido han sido los abogadas/os. Existe una absoluta falta de información. Los Juzgados se han convertido en una fotocopiadora. No hay segunda pantalla ni se le espera. En el sistema Minerva hay exclusión del galego. No hay tarjetas criptográficas. Con su sistema resulta muy lenta y difícil la navegación.
Paco Romo por la Sección Territorial de Navarra informa que en Navarra no hubo problemas el 1 de enero porque estaba generalizada la presentación telemática, tanto por profesionales como por fuerzas y cuerpos de seguridad .Se utiliza el expediente físico por comodidad, no carecen de doble pantalla.
José Ramón González Clavijo por la Sección Territorial de Castila y León informa que la situación en esta comunidad es un caos, hay falta de formación y sobre todo de información. Solo se obtiene información a través del Secretario de Gobierno.
Hay deficiencias como que se han instalado las dobles pantallas pero no funcionan los altavoces. El sistema tiene poca capacidad, entonces las fotografías se cargan en blanco y negro, no en color.
Las notificaciones por lexnet funcionaban bien pero se están produciendo problemas de envíos de información equivocada, se entrecruzan resoluciones o fechas.
Finalizada la intervención de las diferentes Secciones territoriales se da la palabra al representante del Ministerio. D. José Luis Hernández Carrión. Subdirector General de Nuevas Tecnologías de la Justicia.
Anuncia que las reuniones con las CCAA fueron en febrero de 2015, en esa fecha ya se les advirtió de que tenían que estar preparadas para el 1 de enero. Respecto al sistema de Madrid, pensaba que estaba preparado, está ya homologado pero desconocía que no funcionara correctamente, cree que en breve se podrá utilizar. En Madrid se están entregando dos tarjetas por juzgado, los Letrados de la Administración de Justicia se las piden al Ministerio. Los jueces se lo tendrán que pedir al CGPJ, suele tardar bastante. En la última comisión mixta se hizo la prueba sobre la falta de capacidad del sistema y se pudo trabajar bien, están trabajando para ampliarlo a 15 megas.
Están colaborando con El CGPJ para la información a los jueces/zas.
Respecto al teletrabajo, los Magistrados/as de la Audiencia Nacional lo tienen.
En Galicia respecto al gallego facilitaron a la Xunta el Minerva pero no con el galego, correspondiendo a la Xunta su fijación y mantenimiento, sin embargo no lo está haciendo.
Concedido el turno de palabra a los asistentes, Jose Manuel Balerdi interviene manifestando que no le preocupa tanto el caos inicial sino sobre todo que no se haya escuchado a los jueces/zas que son quienes dirigen el procedimiento. Lo importante en la lentitud que existe en muchos casos son los periodos durmientes de los procedimientos en los armarios.
No se han entrevistado con las asociaciones, con los profesionales ni tampoco se tiene noticia de su colaboración con el CGPJ. Da la sensación de que este aislamiento es deliberado. No están garantizando que nuestro trabajo mejore. Es importante no perder de vista otros problemas más importantes como son las reformas procesales y no solamente los sistemas informáticos.
Finalmente se le concede la palabra al representante del Ministerio quien contesta que tienen la voluntad de mantener más contacto con el CGPJ y con los jueces/zas y Letrados/as de la Administración de Justicia. Tienen prevista una reunión próxima en Extremadura.
A continuación se inician PROPUESTAS DE ST Y COMISIONES DE JPD
Propuesta de la Comisión de Igualdad.
Teresa Conde-Pumpido toma la palabra para exponer que en la Comisión de Igualdad han considerado que la creación de AMJE (Asociación de Mujeres Juezas de España) podría suponer un supuesto de doble militancia con respecto a Jueces para la Democracia. Señala que parece esto pues AMJE es una asociación judicial. Además entienden que es problemática la compatibilidad de la presidencia de AMJE con la pertenencia al secretariado de Jueces Para la Democracia, cargos que ostenta Gloria Poyatos, pues puede existir una duplicidad de propuestas.
En segundo lugar señala que la comisión de igualdad ha hecho un trabajo amplio de análisis de la situación así como de obtención de datos trabajando coordinadamente e intercambiándolo con la asociación. En los último años, en la Comisión de Igualdad se sienten ninguneadas desde que no se quiso impugnar el Reglamento de 2010, poniendo de manifiesto que el Secretariado ha asumido directamente funciones que le correspondían a la Comisión, como muestra el hecho que pidieron que se les enviara los órdenes del día y solo se les envió una. Han tenido problemas de financiación. En este sentido se formula propuesta para que se reglamente el papel de las comisiones, elección de sus coordinadores y relación con el secretariado.
Ana Álvarez de Yraola toma la palabra y señala que le parece escandalosa la falta de colaboración con la Comisión de Igualdad. Le parece mal que no les dejaran asistir a la reunión de igualdad y que no les den información.
Teresa Conde-Pumpido aclara que Helena Gil le llamó diciéndole que está convocada reunión de la Comisión de Seguimiento para que asistiera pero recalca que no se puede estar a expensas de las visiones de cada secretariado.
Ana Álvarez de Yraola señala que es inaceptable el voluntarismo y que el trabajo de las comisiones que es uno de los grandes valores de la asociación debe estar reglamentado
Joaquim Bosch señala que se trata de una cuestión de gestión. El secretariado se ha limitado a cumplir con los Estatutos que señalan que la representación de la asociación corresponde al Secretariado, pues es el órgano elegido democráticamente y las discrepancias que surjan con las comisiones, precisamente por esa deben solventarse en favor del Secretariado. Desde éste se han fomentado las comisiones pero no puede renunciar a realizar sus funciones. Le parece bien que se regule el funcionamiento de las comisiones y le consta que Helena Gil tiene la intención de dar la máxima representación. Solicita a la mesa que se separen las dos propuestas
Gloria Poyatos. Le produce tristeza esta situación, pues ambas asociaciones defienden lo mismo y reconoce que la Comisión ha luchado mucho. Pide disculpas si las formas no han sido las correctas. En cuanto a la incompatibilidad señala que existen 10 personas doblemente asociadas y también hombres. Alude al artículo 405 de la LOPJ que impide la doble militancia en asociaciones profesionales. JpD está inscrito en el registro de asociaciones profesionales y, al contrario la AMJE se crea al amparo del artículo 22 de la CE y de la Ley de Asociaciones de 2002 por mor de la cual está inscrita en el Registro de Asociaciones no obteniendo subvenciones ni concediéndosele a sus miembros permisos. Además en la AMJE se admiten como miembros a otras personas no pertenecientes a la carrera judicial. Por otra parte los Estatutos de la AMJE no se centran exclusivamente en las mujeres jueces sino en las mujeres y no se ciñe al ámbito nacional sino que también existe en otros países. No estamos ante a una asociación profesional por ningún concepto. Es el artículo 7 de los Estatutos de JpD el que establece las causas de pérdida de la condición de asociado y no es el caso. Cree que estamos ante un error de concepto. Es cierto que es presidenta de la AMJE pero también de la Asociación Iuslaboralista de Canarias y sus finalidades pudieran también ser análogas a las de la Comisión de Social, pero este aspecto se aprovechó para asumir ventajas en las jornadas.
Entiende por tanto, que los fines de la AMJE, que enumera, no pueden ser incompatibles.
Carla Vallejo: También es miembro de la AMJE, y no existe incompatibilidad alguna. En cuanto a la pertenencia al Secretariado entiende que tampoco pues cualquier asociado puede estar en él. Tampoco está de acuerdo en la referida falta de información del secretariado a la Comisión de Igualdad, pues le consta lo contrario y además a las reuniones ha asistido un miembro del secretariado y otro de la Comisión de Igualdad aunque recuerda que en Albacete se acordó que la representación es del Secretariado.
Esther Erice pregunta por el nombre de la AMJE y si además hacen suyos los fines de la Internacional y tienen unos propios
Carla Vallejo explica el proceso para integrarse en la Asociación Internacional
Esther Erice cree que esto puede ser vinculante para futuro a casos análogos
Gloria Poyatos dice que solicitó informe al CGPJ para ver si había incompatibilidad y que se resolvió que no existía incompatibilidad alguno quedando dentro de la libertad asociativa
José Manuel Balerdi: Cree que debe haber una reglamentación, al igual que a otros elementos. Sobre la incompatibilidad cree que lo diga que el CGPJ es irrelevante pues estamos ante un aspecto estatutario. Cree que con base en los Estatutos la doble militancia puede ser incompatible y siempre surgen problemas para modificar los Estatutos
Gloria Poyatos se remite al artículo 7 de los Estatutos y dice que si del mismo se llega a hacer una interpretación amplia deberían excluirse varias asociaciones y pregunta si se trata de una cuestión de nombre.
José Manuel Balerdi señala que le parece que esto no se corresponde con el nombre de la AMJE.
Gloria señala que deben dejarse claros los límites.
Teresa Conde-Pumpido: expone que otras asociaciones no entran en la determinación de la carga de trabajo. Si el nombre de la AMJE es el que es, y los fines son profesionales estamos ante una asociación profesional. Lo plantea para que la asociación decida.
Joan Francesc Uría: le parece un contrasentido que por un lado hablemos de la baja afiliación y por otra queramos echar gente de la asociación. Cree que la AMJE no es una asociación profesional y además el Comité Permanente no está capacitado para tomar esta decisión pues debe ser el congreso
Edmundo Rodríguez Achútegui. Incide en la línea de Joan Francesc pues debemos aceptar la afiliación a otras asociaciones.
Carla Vallejo cree que los términos del artículo 7 de los Estatutos son suficientemente claros y es imposible interpretar incompatibilidad
Ana Álvarez de Yraola hace un llamamiento a la reflexión y a que se posponga la decisión.
Joaquim Bosch: está a favor de que el Congreso reglamente el papel de las comisiones. La solución al problema está en que el artículo 7 de los Estatutos menciona asociaciones profesionales, no judiciales, y están son las que establece la LOPJ. Debe tenerse en cuenta también si se genera algún perjuicio a la asociación. Si la Comisión de Igualdad se siente perjudicada debe criticar al secretariado, no generar esta dinámica.
Begoña López Anguita recalca que sería una modificación estatutaria y sería competencia del Congreso.
José Manuel Balerdi: Cree que el concepto de asociación profesional es claro
Helena Gil señala que no quiere que se vote pues estamos ante un concepto normativo claro.
Ignacio Espinosa: cree que no hay incompatibilidad y en todo caso quien resuelve debe ser el congreso
Esther Erice invita a ambas a que haya sinergias
Terminadas las intervenciones, la propuesta relativa a la incompatibilidad queda de forma que se propone que se lleve al congreso. Obtiene 3 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones. Queda pues rechazada
La propuesta de reglamentación de las comisiones obtiene 18 votos a favor y 13 en contra. Se aprueba
Se inicia la sesión de la mañana con el Informe del Área de Sindical del Secretariado presentado por Carlos Preciado y Gloria Poyatos. Ambos exponen el documento elaborado por el Área de Sindical para su valoración y crítica por parte por parte de los/as asociados/as.
I.- Ámbito salud laboral:
Haber:
– Primer plan de prevención de la Carrera Judicial: tardaron más de cinco años, desde que se suscribió el Convenio del 2010, en cumplir con sus obligaciones en materia preventiva, y menos de dos meses, tras la presentación de nuestra demanda de Conflicto Colectivo, en aprobarse el primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PPRL) para la carrera judicial, con efectos jurídicos desde el día 27 de febrero de 2015.
– El CGPJ ha iniciado las evaluaciones de riesgos ergonómicos y psicosociales por puesto de trabajo (órganos judiciales tanto unipersonales como colegiados). Las evaluaciones se iniciaron, según las CCAA, entre el mes de junio/julio, y se extendieron hasta septiembre u octubre 2015.
– Aprobación de un protocolo de actuación en situaciones de inasistencia al despacho por razón de enfermedad.
-Aprobación del Protocolo de actuación frente al Acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y al acoso y violencia en la carrera judicial, que actualmente está pendiente de implantación, que seguimos reivindicando desde Jpd. Dicha aprobación se realizó conjuntamente por la Comisión nacional de Seguridad y salud y la Comisión de Igualdad del CGPJ.
– Coordinación de Actividades preventivas con las CCAA con competencias en justicia. Se ha enviado un comunicado a todas las presidencias de TSJ para la implantación de un protocolo en materia de coordinación que deberán suscribir con las correspondientes consejerías de Justicia
– El CGPJ sujeto a la Inspección de trabajo: (fuimos los primeros en denunciar) Inspector Jefe de la Unidad Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid ya se ha requerido al CGPJ para la aportación de todas las actas de las reuniones mantenidas por la CNSS así como la información sobre la implantación real (que no formal), del PPRL de la carrera judicial, entre otras cuestiones.
Debe:
– El CGPJ ha continuado incumpliendo sus deberes preventivos: el caballo de batalla durante 2015 ha sido exigir el cumplimiento del plan de prevención, y esa ha sido nuestra idea guía en las reuniones de la CNSS en junio y octubre de 2015. Las cargas de trabajo han sido la primera de estas cuestiones.
– En cuanto al Estatuto de Representantes Territoriales de Prevención, a pesar de que fue aprobado unánimemente por la CNSS y contemplaba mecanismos de compensación por el tiempo empleado en tales funciones, así como garantías para el ejercicio de las mismas, fue paralizado por la Comisión Permanente, solicitando un informe jurídico sobre su corrección. Ello constituyó una injerencia intolerable en las competencias de un órgano paritario, como la CNSS, y demostró la falta de voluntad del CGPJ; más allá de la organización de una jornada meramente propagandística y sin contenido alguno con las compañeras/os que encomiablemente y de forma desinteresada están llevando a cabo la función de representantes territoriales en las CCAA en materia de prevención y una jornada de formación.
– Se acordó por unanimidad de la CNSS, solicitar del CGPJ la aprobación de una resolución en la que se requiera expresamente a las CCAA incumplidoras para que en un plazo máximo de tres meses procedan a cumplir con sus obligaciones en materia de información y coordinación con el CGPJ. El CGPJ sigue sin cumplir con sus deberes de coordinación, como tampoco lo hacen las CCAA, a pesar de que se han dado los primeros pasos en esta materia.
– Trasladamos al CNSS nuestra más enérgica denuncia ante la presión sistemática e irracional que se viene ejerciendo sobre los/as jueces/as por parte del Servicio de inspección, siendo un elemento perturbador en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, que actúa como un verdadero riesgo psicosocial. A partir de entonces la Jefa de la Inspección ha comparecido a las reuniones de junio y octubre celebradas por la CNSS y ha dado cuenta de las actuaciones inspectoras en temas relacionados con la salud.
– El Servicio de inspección reconoció que está aplicando los módulos de salida de 2010. Ante tal manifestación se solicitó por JpD que tales módulos, creados con anterioridad al Plan de Prevención de Riesgos Laborales y carentes del más mínimo control o garantía de salud y riesgos fuesen traídos a la CNSS para que por parte de este órgano especializado en salud judicial, se proceda de inmediato a su análisis y valoración a efectos de valorar su impacto sobre la salud judicial, y en caso, proponer unos módulos de salida adecuados. A pesar de que se logró convocar una reunión extraordinaria y monográfica sobre cargas de trabajo judicial saludables para el próximo día 11 de diciembre de 2015, no se llegó a un acuerdo y el CGPJ adoptó un papel pasivo, poniendo trabas a todas las propuestas que presentamos desde las asociaciones -algunas muy trabajadas- .
– Cargas de trabajo Judiciales. Seguimos reclamando, en cumplimiento del Plan de Prevención de la carrera judicial 2015-2016, la fijación de unas cargas máximas de trabajo. En la última reunión extraordinaria y monográfica para tratar esta cuestión del pasado mes de diciembre 2015, no hubo acuerdo en la Comisión nacional de seguridad y salud , habiéndose convocado una nueva reunión para el próximo 12 de febrero de 2016, donde volverá a tratarse esta espinosa materia , y donde Jpd volverá a exigir el cumplimiento de este derecho, y en caso de no llegarse a ningún acuerdo, no descartamos otras acciones de presión más contundentes, que tan buenos resultados nos han dado en materia de prevención. La última propuesta ha sido la reducción en un 13 % de los módulos de 2010.
II.- Ámbito condiciones profesionales:
II.1.- JATS y JED la lucha contra la precarización de la función jurisdiccional:
II.1.a) JATS y JED: frente a la imposición de número señalamientos y sentencias por Salas de Gobierno
– El pasado 14 de diciembre de 2015 la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid decidió por unanimidad mediante un acuerdo imponer a los 10 JATS de refuerzo de los juzgados de lo social de Madrid, un número mínimo de señalamientos diarios de 16 juicios y un número mínimo de sentencias al mes de 40-45, entre otras cuestiones que invaden de lleno competencias que no les corresponden. De un lado cargas de trabajo saludables que es competencia del CGPJ y de otro lado, supone una flagrante vulneración del art. 182 de la LEC, invadiendo competencias del propio juez/a.
El área sindical y la comisión sindical de JpD contactaron con los 10 JATS afectados y ya les pasamos el texto de un recurso de alzada para impugnar el Acuerdo.
II.1.b) Potenciación del nuevo Observatorio JAT en la Comisión Sindical
Desde el Secretariado se ha apoyado la creación de la iniciativa de los compañeros/as de la Comisión sindical, consistente en la creación de un Observatorio JATS, en el seno de la Comisión Sindical, con los siguientes objetivos:
1.- Elaborar un mapa, susceptible de sucesivas actualizaciones, de plazas JAT existentes, precisando, en cada momento, las adscripciones vigentes.
2.- Elaborar un informe sobre el régimen jurídico de estos Jueces, incorporando las normas legales y reglamentarias y los acuerdos que les afecten.
3.- Elaborar informes sobre las condiciones del ejercicio de sus funciones, garantías para la independencia e inamovilidad de los mismos en los casos concretos.
4.- Recibir cuantas quejas o sugerencias se realicen por los miembros de la Carrera sobre el particular y, en concreto, las cuestiones que los propios JAT deseen formular.
5.- Elaborar estrategias en defensa de estos jueces y su independencia.
II.1.c) Estatuto de los JAT
El CGPJ ha iniciado los trabajos en aras de modificar el Reglamento de Carrera, por lo que el 8 de octubre la Comisión Permanente acordó constituir un grupo de trabajo para resolver la problemática de los JAT. Se celebró una reunión el 3 de noviembre, sobre el primer borrador de tal reglamento elaborado por el CGPJ-
-Se pretende asegurar la existencia de criterios objetivos en orden a la designación de JAT para cada adscripción vacante.
-JpD ha defendido que se los nombramientos se atengan a criterios exclusivamente escalafonales -previa manifestación de preferencias por el/la JAT-, siendo que su discrecionalidad -impuesta por la Ley- solo excepcionalmente y previa motivación, puede llevar a aquéllos a decidir en base a otros fundamentos.
– También se ha defendido la necesidad de admitir expresamente la asistencia de todos los JAT, con voz y voto y sin distinción entre ellos, en las Juntas de Jueces.
– JPD entiende necesario que la reglamentación de los JATS se extienda, en la medida de lo legalmente posible, a los compañeros/as que se hallen o puedan hallarse en situación de expectativa de destino. JPD considera la garantía de la seguridad y estabilidad de los JED, mediante la expresa previsión de aplicación a los mismos de las normas que atañen a los Jueces de Adscripción, condición inexcusable para prestar nuestro apoyo a cualquier proyecto de reforma del Reglamento de la Carrera Judicial que se plantee
– En estos momentos hay ya un borrador de proyecto de modificación del reglamento de carrera bastante avanzado.
– La última reunión se ha celebrado el 22/01/2016 en la que se han tratado de analizar el borrador una vez informado por las Salas de Gobierno.
II.2.- Retribuciones variables.
Se han celebrado 2 reuniones. El 29/06/15 se celebró en la sede del CGPJ la primera reunión sobre el Reglamento de Retribuciones Variables, en cumplimiento del Acuerdo del Pleno del CGPJ de 26 de marzo de 2015.
La finalidad de esta Comisión es redactar un Reglamento de Retribuciones Variables por Objetivos para la Carrera Judicial, habida cuenta de que el Ministerio se ha mostrado favorable a incrementar el importe de la productividad. El anterior Reglamento de Retribuciones Variables por Objetivos del año 2003, fue anulado por la STS, Sala III, de 3 de marzo de 2006, por lo que, desde entonces hasta la fecha, las retribuciones variables se han venido abonando en un marco normativo y en importe, ciertamente precario.
En este sentido, valoramos positivamente que se retome esta cuestión por el CGPJ y la participación de los representantes de la Carrera en los trabajos que ahora se inician.
El CGPJ ha informado de algunos puntos que consideramos de interés:
1) El MJU ha ofrecido aumentar la masa salarial destinada a las retribuciones variables: desde el 2% al 5%
2) El MJU y el CGPJ están negociando la carga de entrada al único fin de fijar necesidades de planta.
En esta reunión, la APM, realizó, entre otras, las siguientes propuestas: que el incremento de las retribuciones variables no fuera hasta el 5 %, sino que para dar fiel cumplimiento al art. 9.1 de la Ley de Retribuciones, dependiendo del tramo en el que fueran encuadrados, los Jueces percibieran el 5 %, el 7,5 % o el 10 %; que el cálculo de este porcentaje se hiciera sobre la retribuciones fijas de cada Juez o Magistrado, es decir, sobre el total de la retribución individual; y, que se suprima el expediente contradictorio, que permite reducir el 5 % de las retribuciones fijas al Magistrado que no supere el 80 % de los módulos, por ser contrario al art 13.2 del Estatuto Universal del Juez.
Las asociaciones JPD, AJFV Y FJI realizaron propuestas encaminadas a incluir los criterios de salud laboral e igualdad como elementos transversales que tienen que tomase en cuenta a la hora de fijar los parámetros para percibir las retribuciones variables. No es recomendable una dispersión en los criterios de medición de la carga de trabajo y cuestiones transversales como la igualdad de género y la prevención de riesgos laborales no pueden ser obviados en el Reglamento que finalmente salga adelante. Así mismo, la fijación de un máximo de carga de trabajo a efectos de salud laboral ha de ser una prioridad de la que debe partir todo criterio de retribución del trabajo de los Jueces/as y Magistrados/as.
En la de 15/09/15 acudieron los compañeros/as del Orden Civil Rafael Fluiters y Ana Álvarez de Yraola, a quienes hay que agradecer el fantástico trabajo realizado.
El objetivo de la reunión fue aprobar el cuestionario elaborado por los técnicos del consejo para pasarlo a la C. Permanente y que esta acuerde que sea obligatoria su cumplimentación y tomarlo como modelo para las restantes jurisdicciones.
JpD ha entendido que la muestra es muy pequeña y que deben identificarse más órganos de muestra y más tiempo de rellenado de datos, porque el tiempo de dedicación de cada juez a un asunto es un factor muy subjetivo que depende de su eficiencia personal, su forma de trabajar y su rigor. Los resultados de las plazas judiciales no son extrapolables por la complejidad de muchas plazas. Además, Madrid tiene una entrada de asuntos actual tan brutal que hace que sus resultados no sean idóneos, ni deseable que se asuman como parámetros objetivos, porque la presión de asuntos hace que se limiten mucho en la actualidad los medios de prueba, dedicación a cada sentencia, etc.
Consideramos que el cuestionario olvida enteramente la calidad de la atención al ciudadano, del contenido de las resoluciones… ¿ha habido recursos, confirmaciones, retrasos en los señalamientos, limitaciones a los intervinientes en los turnos de palabra, se ha inadmitido prueba?
JpD considera preciso saber qué resoluciones van a terminar ese mes exige una prospección a futuro, por lo que los afectados deben conocerlo con antelación para que puedan ir anotando los datos conforme se van produciendo. Cuando no se pueda hacer esa anotación previa, el tiempo para cumplimentar los datos de cada procedimiento será muy complejo, porque habrá que analizar la causa desde el principio para poder completar el cuadro.
JpD considera que rellenar el cuestionario tomará 5/10 minutos por día sino que será al menos de 30 minutos. Se propone que el tiempo dedicado se compute para ser valorado por la inspección y tenido en cuenta en las retribuciones variables anuales.
También tenemos algunas objeciones puntuales al cuestionario, pues falta cómo reflejar mucho del trabajo del juez: en los procesos monitorios, las ejecuciones, diligencias preliminares, etc., y en general todos los asuntos que exigen control inicial del juez pero que luego finalizan por resolución del secretario.
Además, la muestra no recoge qué porcentaje de jueces está contemplado respecto a cada uno de los grupos, pues debe tenerse en cuenta que el dato no se da en el escrito, en el que solo aparece el dato de juzgados “disponibles”, es decir, previa eliminación de los que no cumplen los parámetros de permanencia y mínimo de resoluciones del titular, por lo que los datos del documento de metodología de la muestra (que da una apariencia de que se examinara al 10% de los juzgados o más) no es el de existencia de juzgados de esa clase.
Finalmente se acordó lo siguiente ante las críticas formuladas:
1º Recogerán en el escrito y mandarán a las asociaciones qué porcentaje de jueces está contemplado respecto a cada uno de los grupos, para conocer con exactitud a qué porcentaje responde la muestra respecto de los juzgados de esa clase.
Con ello valoraremos si su propuesta de incremento en un 25% es adecuada y les daremos nuestra opinión.
2º Haremos por escrito los comentarios sobre los detalles que faltan en el cuestionario y los remitiremos al CGPJ
Como valoraciones finales, constatamos que, en definitiva, lo que pretenden es subsanar los defectos apreciados en su día por la Sala III del TS al declarar nulo el anterior reglamento (por falta de motivación) y «cubrir el expediente», pretendiendo haber hecho un trabajo de campo que en realidad no es sino una muestra escasa y poco representativa, destinada a simular una razón estadística de la que carecen.
Para terminar, desde el Secretariado valoramos como positiva la participación de personas del ámbito jurisdiccional concreto en que se pretende hacer el muestreo, en este caso el civil, y solicitamos a los Coordinadores/as de Penal, Contencioso y Social que designen a personas que junto a algún miembro del Secretariado puedan acudir a próximas reuniones a fin de contar con criterios técnicos y especializados en las encuestas que se pretenden elaborar y poder plasmas las críticas como hemos hecho en esta ocasión.
Ámbito conciliación:
– Aprobación de un protocolo de actuación en situaciones de inasistencia al despacho por razón de enfermedad, que incluye situaciones de riesgo durante el embarazo o lactancia.
– En cuanto a la recuperación de los días de licencia y vacaciones suprimidos en 2012, se han reclamado por todas las Asociaciones y se pretendió que se introdujeran en la última reforma de la LOPJ; lo que no pudo ser.
– Se ha denunciado en la CNSS la denegación de las reducciones de jornada y su no facilitación por la reticencia de las Salas de gobierno que no afrontan dichas situaciones con criterios uniformes. Por otro lado, se ha denunciado ante la CNSS el hecho de que varios compañeros/as han puesto en nuestro conocimiento que desde la Inspección del CGPJ se «sugiere» en aquellos casos en que se ha concedido la reducción de jornada «aprovechar el tiempo de reducción para poner al día el juzgado».
Ámbito asesoría jurídica:
RELACIÓN ASUNTOS año 2015
1.- CONFLICTO COLECTIVO 321/2014 seguido ante la AUDIENCIA NACIONAL – SALA DE LO SOCIAL
La demanda fue presentada el 13.11.2014
OPOSICION a las causas de recusación del Ilmo. Sr. Magistrado D. Rafael López Parada. 5.1.2015
AMPLIACION DE LA DEMANDA contra las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia (Andalucía, Aragón, Principado De Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Valencia, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, Rioja)
DESISTIMIENTO de fecha 4.3.2015 por perdida sobrevenida de su objeto dado el cumplimento del petitum de la misma con expresa reserva de las acciones pertinentes si fuera necesario su ejercicio en defensa del derecho a la seguridad y salud de los miembros de la Carrera Judicial.
2.- EXTENSION DE EFECTOS de la sentencia de 22-1-2015 (dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 4 en el Procedimiento Abreviado 148/2014) que reconoce el derecho del Juez de Instrucción a percibir una retribución como compensación al día “saliente de guardia” no disfrutado hasta el 15-10-2013 (fecha del acuerdo del CGPJ por el que se reforma del Reglamento 1/2005 de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, a partir del que está expresamente reconocido).
Redacción de nota informativa el 12.2.2015 y posterior actualizada con la información sobre la interposición el 12.3.2015, por la Abogacía del Estado, de recurso de casación en interés de ley.
Tramitación de 21 solicitudes de extensión que se encuentran suspendidos hasta que sea resuelto el recurso de casación en interés de ley.
3.- CONSULTAS
3.1.- Consulta sobre legitimación activa (de JpD y/o de los vocales) para recurrir el acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en fecha 29 de enero de 2015, sobre renovación de las Comisiones del CGPJ para el año 2015 (Febrero 2015)
Finalmente el recurso lo plantearon cuatro vocales y está en trámite ante el TS.
3.2.- Consulta contestada por escrito sobre la cláusula de amortización anticipada en contrato de préstamo con garantía hipotecaria entre Jueces para la Democracia y Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona de 10.11.2004: análisis y argumentos para reforzar la posición de JpD en la negociación con el banco. (Marzo 2015)
3.3.- Consulta contestada por escrito sobre legitimación activa y cuestiones de fondo en relación a la impugnación del ACUERDO DE LA COMISION PERMANANTE DE 27.1.2015 por el que se deniega la petición de amparo realizada por los miembros de la Sección Primera de la Audiencia Nacional (Marzo 2015)
3.4.- Consulta sobre periodo de carencia para jubilación de Magistrado (Septiembre 2015)
4.- RECURSO DE REPOSICIÓN ante la Comisión Permanente del CGPJ frente al Acuerdo 7.4 de fecha 3 de diciembre de 2015 por el que la Comisión Permanente del CGPJ excluye la participación de cualquier persona o entidad que tenga vinculación directa o indirecta con la organización RIGHT INTERNATIONAL SPAIN en la impartición de determinados cursos de formación continua sobre DDHH.
Se presentó el 29.12.2015. Ha dado lugar al recurso número 539/2015 habiendo sido designada ponente la vocal Doña Nuria Díaz
5.- TRAMITACIÓN DE RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA Y ANTE EL TS iniciados o terminados en 2015 sobre asuntos 6 disciplinarios; 2 sobre complemento destino: 1 sobre comisión de servicios; y 1 sobre concurso de traslados
PROYECTOS Y PROPUESTAS:
-Consolidar la actuación de la Comisión sindical y el observatorio de JATS.
-Iniciar acciones judiciales (conflicto colectivo) y recurso por incumplimiento ante la Comisión Europea, por la falta de fijación de cargas máximas de trabajo.
-Iniciar en coordinación con la Comisión de Igualdad una encuesta sobre conciliación de vida personal, familiar y profesional.
– Retomar los trabajos sobre jubilación y hacer nuevas propuestas al Gobierno entrante.
– Implicar a las Comisiones Técnicas y Territoriales de JpD para que anualmente se realice un informe sobre la situación de la Justicia que contraste con el que presenta el CGPJ y que proporcione datos para el control ciudadano y crítico de la versión del CGPJ, el MJU y las CCAA.
Se abre el turno de intervenciones de los asistentes.
Javier Martínez Lázaro agradece el trabajo realizado. Reconoce que está en una plaza que supone un trabajo cómodo, sin sobrecarga de trabajo y con retribución razonable. Es cierto que hay muchos otros compañeros/as que están en una situación peor; considera que no se puede equiparar nuestra negociación con el CGPJ con la negociación de los convenios colectivos de otras profesiones, nuestras condiciones son muy diferentes. La negociación es distinta, porque no nos paga el empresario sino los ciudadanos, no tenemos un empresario como tal. Nuestra administración históricamente ha sido ineficaz y torpe, y sigue pasando. No cree que ese deba ser el discurso de nuestra asociación, hay que intentar obtener unas condiciones de trabajo razonables pero también luchar por tener una Administración de Justicia eficaz.
La carga máxima de trabajo es un elemento que pusieron en marcha las asociaciones corporativas que sin embargo dudaban de que nuestro trabajo se pudiera medir. Cree toda carga de trabajo se puede medir. Cree que el concepto no es el de carga máxima sino el de carga exigible. Debería haber una obligación de carga mínima. En realidad sería necesario elabora un concepto de carga de trabajo exigible, lo que hay que hacer. Si no hay justificación para no alcanzar un mínimo, no se pueden apoyar esos casos. Nuestra asociación cree en una Administración de Justicia al servicio de los ciudadanos, debemos ser exigentes con eso.
Considera fundamental que haya una carga de trabajo retribuible razonablemente, pero tenemos que ser beligerantes con los que no alcanzan las cargas mínimas de trabajo.
Xavier González de Rivera agradece el trabajo de la comisión sindical. Le queda la duda de cuando planteaba Carlos la posibilidad de reclamar una demanda para la fijación de módulos con solicitud de medidas cautelares, a qué medidas se refería. En cuanto a la asesoría jurídica considera que la asociación debería actuar en apoyo de las reclamaciones de los asociados, no que lo hagan éstos particularmente porque en ese caso están totalmente desprotegidos e incluso desisten de hacer las reclamaciones. Finalmente sobre la carga de trabajo, cree que hay que asumir el concepto con una posición propia, la reducción de la carga de trabajo de 2010 en un 13% u otro dato, no tenemos una posición como asociación. No está de acuerdo con esta reducción porque se trata de carga de salida, el problema es la carga de entrada, que es donde se produce la situación estresante. La de salida permite modular la actividad en función de la situación de cada uno. La batalla debe plantearse en relación a los módulos de entrada no a los de salida
Ana Álvarez de Yraola reitera su agradecimiento a la comisión de Sindical. En la reunión a la que acudió en el CGPJ, delegada por la Comisión, observaron que la posición del CGPJ tenía una trampa porque sostenía que la muestra respondía a los baremos estadísticos, pero no le cuadraban las cifras, porque para su elaboración habían aplicado unas reglas en las que sacaban a parte de la carrera, elevando con ello los porcentajes. El CGPJ está mareando la perdiz, no tiene una postura seria. Vota a favor de un conflicto colectivo, a partir del día 11 o en adelante.
Le parece magnífica la propuesta de elaborar de una memoria anual del estado de la justicia. La comisión de privado está a favor y dispuesta a trabajar en ello.
Respecto a la carga máxima considera que es lo importante porque se habla de salud y no de eficiencia de la Administración de Justicia, son conceptos diferentes y compatibles. Si hay quien trabaja menos no lo pueden pagar los que trabajan más.
Luis Villares refiere que en relación a la situación de los JATs es necesaria la objetivación de su designación por parte de los presidentes de los TSJ. En Galicia se ha montado un grupo respecto a este tema. Hay criterios no escritos arbitrarios, que afectan a la inamovilidad. Debería incluirse en la línea de trabajo y se prestan a colaborar con su trabajo. Está a favor de plantear el conflicto colectivo, se puede trabajar para la ciudadanía sin perjuicio de pretender un trabajo adecuado y que no afecte a la salud.
Rafa Mozos agradece el trabajo de la Comisión, de Gloria y de todos los que han intervenido. En la comisión de igualdad hay un proyecto de reforma del reglamento de 2011 sobre conciliación. Es fundamental regular la situación de los JAT, está en marcha el reglamento al respecto. Muestra su disposición a lo que necesite la asociación.
Carlos Preciado contesta que está de acuerdo con el discurso del servicio público, sin embargo no se puede prestar este servicio si no es en condiciones adecuadas de trabajo. Se lucha por el límite mínimo que redunda en el ciudadano.
Se trabaja con diferentes tramos, uno último que es inviable por sus efectos y porque es inasumible para cualquiera trabajar en esas condiciones. Es importante tener en cuenta la situación de los jueces/zas en órganos únicos y unipersonales y los jueces/zas de entrada, cuya retribución es muy baja. Los jueces estamos en la guía del INSS. Hay que tener una visión armónica, un buen servicio no puede ser prestado por alguien que no tiene descanso ni unas condiciones mínimas de trabajo.
Respecto a la medida cautelar, llevamos cinco años con este tema. Se presentaron ya propuestas al CGPJ. Ahora tras este tiempo, hay que distinguir lo urgente de lo deseable, lo deseable es que se fije y lo urgente es que se adopte. Es complejo, será preciso establecer criterios, pero lo urgente es la reducción, aunque es mejor tener los baremos del 2010 menos el 13 % y que se cumpla y luego ya se adaptará al caso concreto, porque habrá órganos donde puede que no estuviera justificada la reducción.
Muestra su disposición a los compañeros/as, pero hay problemas de legitimación porque en el contencioso en algunas reclamaciones por su propia naturaleza tienen que ser individuales.
Respecto a la propuesta de Luis, se agradece su disposición y se tratará de iniciar la coordinación con Gonzalo y Jose María para que puedan obtener y articular los datos de los que disponga la Sección Territorial de Galicia, todo es muy valioso.
Gloria aplaude que ya haya una guía para los casos de acoso con sistema finado para los asesores confidenciales; sin embargo considera que el Art. 238 va a hacer ineficaz el protocolo de acoso y la ley de prevención de riesgos, porque somete la actuación de los asesores confidenciales a la necesidad del servicio, lo que supone dejar sin efecto su actuación.
Rafa Mozos contesta que tiene razón, no ve clara la existencia de este artículo, se someterá a deliberación. Asume su mea culpa en el retraso.
Se procede a proponer votación para obtener la autorización del Comité Permanente para plantear conflicto colectivo en el caso de que en la reunión de 12 de febrero no se obtenga una carga de trabajo concreta.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por 30 votos a favor y dos abstenciones.
A continuación en virtud del art. 11.8 de los Estatutos se somete a ratificación por parte del Comité Permanente la designación como miembros del Secretariado de Gloria Poyatos propuesta por la Sección Territorial de Canarias en lugar de Vicky Rosell y de Helena Gil propuesta por la Sección Territorial de Cataluña en sustitución de Angels García Vidal.
Se ratificación los nombramientos con el voto favorable de todas/os los presentes y una abstención.
Se les ratifica.
PROPUESTAS SECCIONES TERRITORIALES Y DE LAS COMISIONES
Seguidamente toma la palabra la Comisión Penal, y en su nombre José Manuel Ortega y Yolanda Rueda. Comienzan señalando que la Comisión Penal no realiza una proposición sino más bien reflexiones que se debatirán en la Comisión. En este sentido se alude a la derogación de las últimas reformas como la prisión permanente revisable, del tercer grado como suspensión, del incremento de las penas y del artículo 577 del Código porque viene a tipificar conductas de mera sospecha. Se señala que estas reformas sólo van a incrementar las penas nunca a un modelo donde identificar derechos y libertades. Debe exigirse un estudio previo a cada modificación. Debe promulgarse un Código Procesal y debe plantearse el papel de un Juez de Garantías. Igualmente debe debatirse el papel de CIES y la proporcionalidad del internamiento de extranjeros. Se propone recuperar el Código Procesal de 2011. Deben existir unas reglas claras en cuanto a la valoración de la prueba y atribuirse al Ministerio Fiscal la instrucción, dando así sentido a la ley de plazos de instrucción, controlándolos un juez de garantías. Igualmente debe ahondarse en las alternativas a la prisión y establecer una mejor regulación de las conformidades y la mediación penal, como también regular la situación de las personas con discapacidad en el seno del proceso penal. Eliminación de los delitos leves.
Por la Comisión de Privado interviene Ana Álvarez de Yraola quien señala que no hay ninguna propuesta nueva más que reiterar las medidas aprobadas en los dos últimos congresos pues no han sido cumplidas. Debe establecerse con claridad el papel del juez civil. Deben establecer mecanismo de solución para los consumidores al margen de la respuesta judicial. Las instituciones no cumplen su papel en estos aspectos. Igualmente debe establecer un sistema de cumplimiento de las sentencias, así como mecanismo de educación para los consumidores desde la escuela. El derecho a una vivienda digna debe protegerse y hacerse efectivo. Debe establecerse una ley de inembargabilidad así como que existe una negociación real con los bancos.
Fernando Zubiri de Salinas toma la palabra para señalar que no estamos haciendo propuestas concretas y que debe haber más debate de las que se hagan. Ana le responde que desde hace 2 años hay un listado de medidas concretas, de las que cita algunas, remitiendo para el debate a las jornadas de privado.
Comisión Social: Jaime Segalés toma la palabra señalando que como las propuestas ya se han enviado debe realizar más bien una crítica. El documento pivota en 3 ejes. El primero de ellos es la dotación de más medios. La segunda parte redefinición de las instituciones, con un sistema que se asemeja al programa de Podemos con una mayor participación ciudadana. Debe establecer un nuevo modelo de selección de los jueces que se recoge en el documento y posteriormente una especialización basada en el modelo del turno de oficio. Debe igualmente remodelarse el Ministerio Fiscal para dotarlo de una mayor eficacia e independencia. El tercer eje del documento es la renovación de los procesos laborales. Debe establecer una redistribución de materias entre la instancia y las salas. Igualmente acotamiento de debate y reducción de las diligencias preparatorias de prueba. Autocomposición del conflicto. Por último adscripción temporal de jueces de la instancia a las salas. Carlos Preciado señala que alguna de estas propuestas desbordan los fines de la comisión.
En nombre de la Comisión de Igualdad, expone sus propuestas Teresa Conde-Pumpido. Señala en primer lugar la exigencia de cumplimiento de extremos legales de la L.O de 2003 y 2007, como informes de impacto y que no se encuentre ninguna afectación por personal especializado. En segundo lugar que se cumpla la neutralidad de género así como la visibilidad. Participación equilibrada sigue sin cumplirse debiendo plantearse la imposición de multas. Recuerda que la LO de 2007 omitía la paridad en la representación sindical. Constata que gran parte de la desigualdad parte del trabajo debiendo apoyarse aquellas medidas que ataquen la brecha salarial, pues además los sectores feminizados están carentes de convenio colectivo. Debe igualmente atacarse la discriminación indirecta, fomentar la transparencia en la determinación salarial. Métodos de evaluación para la elección de trabajador y señalar los estereotipos. Prevención de riesgos laborales en el sector femenino. Debe apoyarse la prolongación del permiso de paternidad y también en las uniones de mujeres y habilitar espacios adecuados para descansos.
Comisión de Violencia de Género: En su nombre Esther Erice plantea una correcta adecuación entre los valores constitucionales y legales y los existentes. La L.O ha sido positiva pero faltan aspectos por desarrollar. Resalta la importancia de la educación en este aspecto. Además de las transposiciones legales que se han realizado sería muy positivo que las reformas que se hicieses se ajustasen al Convenio de Estambul. La Ley integral fue un éxito por el consenso en su génesis pero tiene limitaciones. Así debe regularse la responsabilidad de la administración. Debe realizare una evaluación seria de la Ley Integral. Recuerda, por otro lado, que el Estatuto de la Víctima tiene una Disposición Adicional 2ª que estable una prohibición de que suponga gasto, lo que la deja en papel mojado.
Sobre las propuestas de las diferentes Comisiones se acuerda su sometimiento a debate en el seno de la asociación al objeto de llevar al próximo Congreso un documento elaborado sobre las mismas.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
En primer lugar, Luis Villares propone y defiende en nombre de la Sección Territorial de Galicia las siguientes propuestas:
-Derogación de la reforma de La Ley de Costas 2/2013, de modificación de la Ley 22/1988 de costas. Esta modificación ha rebajado injustificadamente la zona de protección de la superficie que debía conformar el demanio público marítimo terrestre, y acotó, para excluirlos, una serie de supuestos que hasta ahora formaban parte de este concepto, además de reducir la franja de protección del litoral, con importantes efectos en cuanto a la consolidación de actuaciones urbanísticas gravemente lesivas al medio ambiente y al litoral.
Se aprueba por unanimidad
-Denuncia del Tratado Internacional sobre limitación de Responsabilidad civil por daños causados por hidrocarburos transportados por mar (CLC92). Este convenio de limitación de responsabilidad supone un privilegio para la actividad de transporte marítimo de hidrocarburos, que determina que en caso de siniestro no exista una garantía real de reparación del daño causado por el vertido de petróleo y sus derivados, ni a las personas y bienes ni al medio ambiente. Se propone que el Parlamento denuncie el Tratado y que promueva uno nuevo basado en los principios de responsabilidad objetiva, de carácter ilimitado y solidario entre todos los beneficiarios materiales de la actividad, así como la contemplación como indemnizable de todo el daño causado, incluido el ambiental. En tanto esto no se logra, se propone la aprobación de una ley española en estos términos (semejante a la Oil Pollution Act norteamericana de 1990) y se condicione el paso inocente por las aguas jurisdiccionales españolas (incluida la ZEE) al cumplimiento de este régimen de aseguramiento.
Se aprueba por unanimidad
-Que se establezca una regulación de las potestades del gobierno en funciones. Se aprueba con 26 votos a favor y una abstención.
-Derogación de la denominada Ley Mordaza.
Se aprueba por unanimidad.
-Derogación de las reformas laborales aprobadas sucesivamente desde el año 2010.
Se aprueba con 23 votos a favor y 4 abstenciones.
– Modificación de preceptos del CÓDIGO PENAL. La ST es consciente del trabajo que a este respecto lleva a cabo la comisión penal, pero quiere dejar constancia de la necesidad de derogar la prisión permanente revisable y llama a la reflexión, en el delito fiscal, la necesidad de revisar la cuantía económica de la defraudación en cómputo anual necesaria para alcanzar el umbral del tipo básico (120 mil euros, ó 50 mil para fondos comunitarios), para proceder a una bajada sensible de esta cuantía, teniendo en cuenta que la cuantía para la consideración de la concurrencia del delito menos grave de hurto está cifrada en tan sólo 400 euros. Igualmente solicita la derogación de forma inmediata de la redacción del precepto relativo a la coacción a la huelga, por suponer una forma encubierta de sancionar el ejercicio de este derecho fundamental, en los términos en que ha quedado redactado tras la última reforma.
Se aprueba por unanimidad.
En segundo lugar Carla Vallejo toma la palabra para defender la propuesta, que queda adjuntada, de Alberto Nicolás instando al secretariado a que reitere a que reitere la preocupación por la situación de los refugiadas/os.
El Comité Permanente de Jueces para la Democracia, reunido los días 4 y 5 de Febrero, considera un deber moral e histórico hacer un llamamiento a toda la sociedad española, en relación al tremendo drama humano que se está produciendo en el sur de Grecia y en el centro de Europa por los movimientos de poblaciones que solo son comparables a los acaecidos durante e inmediatamente después de la IIª Guerra Mundial.
Como juezas y jueces europeos nos produce una profunda desazón la situación que están sufriendo cientos de miles de seres humanos, con la muerte hombres, mujeres, niños y ancianos.
Europa retrocedería décadas y posiblemente siglos, si se continúa permitiendo ese sufrimiento, que supone una vulneración lacerante y continúa de los esenciales valores que hacen de Europa un referente en cuanto a respeto de los derechos Humanos Europa, toda Europa, debe reaccionar y adoptar solidariamente cuantas medidas sean necesarias.
En ese sentido el Comité Permanente de Jueces para la Democracia acuerda por unanimidad de sus miembros instar al Secretariado del mismo a que reitere constantemente y en cualquier ocasión, nuestra profunda preocupación por la situación de las personas que han tenido que abandonar sus casas y países de origen contra su voluntad, instando a todos las instituciones del Estado a que se impliquen seriamente en eliminar los efectos que ello está provocando. Igualmente insta al Secretariado a que se pongan en contacto con las asociaciones de jueces y juezas de todos los países europeos a fin de acordar actuaciones que sirvan para remedir la inadmisible situación que día a día se está produciendo.
Se aprueba por unanimidad
Por la comisión de Violencia de Género se propone la derogación de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 42/2015 que establece la prohibición de incurrir en gasto en la aplicación de la ley. La propuesta es ampliada a todas las Disposiciones similares limitativas de medios materiales que se contienen en las últimas reformas legislativas, impidiendo la aplicación efectiva de las reformas introducidas.
Se aprueba por unanimidad.
Se pasa a continuación al debate en torno al documento del Pacto de Estado sobre Justicia presentado por el secretariado.
En la sociedad existe un evidente consenso sobre la concurrencia de graves insuficiencias en nuestro sistema judicial. Más allá de los distintos diagnósticos, la ciudadanía percibe de forma muy clara que la Justicia no funciona adecuadamente y que no se ha modernizado en el mismo sentido que lo han hecho otros servicios públicos. Se trata de una sensación ampliamente compartida entre los operadores jurídicos. Y especialmente entre las juezas y jueces, que observamos que estas patologías provocan incidencias muy negativas en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y dificultan las funciones de un poder del Estado.
El inicio de una nueva legislatura es un momento oportuno para reclamar a las fuerzas políticas la responsabilidad institucional necesaria para resolver una de las principales asignaturas pendientes de nuestra democracia. Las legítimas diferencias ideológicas no pueden ser obstáculo para no buscar espacios de encuentro que posibiliten soluciones estructurales a largo plazo. Somos conscientes de que la enorme entidad de los problemas que padece nuestra administración de justicia impide que se puedan acometer grandes cambios en una única legislatura. Por ello, desde Jueces para la Democracia propugnamos un Pacto de Estado que permita asegurar que este necesario proceso de transformación continuará en marcha durante varias legislaturas, gobierne quien gobierne, a través de los correspondientes instrumentos de seguimiento.
Hace falta un nuevo proyecto global, con capacidad de dar respuestas integradoras a las importantes carencias de nuestro sistema judicial. Consideramos que el referido Pacto de Estado debería partir de las siguientes bases:
Inversión pública en Justicia.-
Las fuerzas políticas deberían asumir el compromiso de aumento progresivo de los presupuestos en materia de Justicia hasta alcanzar la media de la Unión Europea, con inclusión de un plan de inversiones coordinado entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Ello implicaría el incremento del número de jueces y juezas para adaptar la planta a la litigiosidad real, con una creación programada de plazas judiciales que no debería ser inferior a un millar.
También se debería aprobar un plan de infraestructuras que regulara la modernización de los edificios judiciales, para reemplazar las numerosas sedes que no cumplen las condiciones más básicas de salubridad, habitabilidad y seguridad. Debe cuantificarse el gasto público necesario para todas estas transformaciones, así como la graduación previsible, con aportación de memorias económicas detalladas.
2.- Independencia judicial.-
En la actualidad el Consejo General del Poder Judicial es el elemento más lesivo para la credibilidad de la judicatura y para la confianza de la ciudadanía en su administración de justicia. Los constantes reproches a su parcialidad y a su control por parte del poder político han acabado dañando la imagen de la Justicia en su conjunto y la propia credibilidad de los órganos judiciales Además, resulta necesario un órgano institucional en el que puedan confiar quienes integramos el poder judicial y que garantice de verdad nuestra independencia.
Todo ello implica la necesidad de que el órgano constitucional garante de la división de poderes recupere las competencias que le fueron arrebatadas en la última reforma, así como que este vuelva a funcionar como un órgano colegiado y con dedicación plena de sus integrantes. Además, Jueces para la Democracia acordó defender un sistema de elección de los vocales judiciales por elección directa de la judicatura y con criterios de proporcionalidad, con la finalidad de impedir las interferencias de los partidos políticos en su designación y en el control posterior de sus actuaciones. Asimismo, también se podrían analizar fórmulas de participación ciudadana en el proceso de designación de los integrantes del CGPJ.
Se debería dotar al CGPJ de competencias en cuestiones referentes a planta judicial y medios materiales. También sería necesaria la creación de una agencia organizada por el CGPJ y dependiente de este, en la que se incluyera a forenses, peritos, inspectores de tributos y laboratorios, para que estuvieran al servicio directo del poder judicial. Y ha de vertebrarse una verdadera policía judicial.
3.- Una nueva estructura de la organización judicial.-
Con implantación de un sistema de tribunales de instancia que pueda optimizar la actuación judicial, desde el respeto a los principios de independencia e inamovilidad. El nuevo sistema ha de facilitar un mejor reparto del trabajo de quienes integramos el poder judicial, así como una concentración de los recursos existentes que mejore la eficacia de la administración de justicia. Todo ello nos solo sería una mejora para la eficiencia judicial, sino también para la ciudadanía. La nueva organización debe ir acompañada del final de la precarización judicial referente a los jueces/as en expectativa de destino y al uso abusivo de jueces/as de adscripción territorial.
Estos cambios deben ir acompañados de una revisión de nuestra organización territorial para que se adapte a la actual realidad social, geográfica y económica.
4.- Reformas procesales.-
A pesar de las numerosas modificaciones parciales que se han realizado en nuestras normas procesales en estos últimos años, muchas de estas leyes no son instrumento adecuado para regular los procedimientos actuales. Debe procederse a una labor sistemática de elaboración de instrumentos procesales, que se puedan adaptar a una sociedad cada vez más compleja y que ha experimentado grandes transformaciones sociales en las últimas décadas. En especial, resulta imprescindible la elaboración de un nuevo Código Procesal Penal, que represente un sistema avanzado de garantías y que incorpore las mejores aportaciones jurisprudenciales en materia de derechos fundamentales que se han realizado en los últimos tiempos.
5.- Desarrollo de la oficina judicial.-
Debe aprobarse un plan estatal de desarrollo de la oficina judicial. La organización interna de los órganos judiciales habría de adaptarse a las realidades de nuestros procesos y responder a principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones. Los servicios comunes y los servicios de apoyo directo deben contar con recursos suficientes. Las relaciones de puestos de trabajo han de ser ajustadas a las necesidades reales y estar dotadas de medios materiales.
Además, debe disponerse de instrumentos de control suficientes por parte del cuerpo de Letrado de la Administración de Justicia. Todo ello habrá de completarse con un marco de protocolos de actuación y con programas de formación de todas las partes implicadas en la administración de justicia.
6.- Introducción de nuevas tecnologías en los órganos judiciales.-
A través de una planificación adecuada para la modernización y digitalización de los juzgados y tribunales. El objetivo ha de centrarse en agilizar los procedimientos, mejorar el funcionamiento interno de los órganos judiciales y abaratar los costes de comunicaciones y notificaciones. Las medidas de introducción de nuevas tecnologías no pueden ser precipitadas, como ha sucedido hasta ahora, sino que deben obedecer a proyectos sólidos, con el concurso de todas las administraciones afectadas, el Ministerio de Justicia, el CGPJ y las comunidades autónomas.
Antes de llevarse a la práctica estas medidas han de contar con las inversiones oportunas y con los recursos técnicos suficientes. Habrán de ser aplicadas de manera que no lesionen los derechos de las partes ni entorpezcan la labor de los profesionales de la Justicia. Además, no pueden llevarse a la práctica sin una formación adecuada previa de los operadores jurídicos, entre ellos los jueces y las jueces. Hay que acabar con la dispersión territorial en materia de aplicaciones informáticas que hoy son incompatibles.
7.- Condiciones profesionales.-
Deben acometerse todas las reformas legales y reglamentarias necesarias para asegurar unas condiciones profesionales iguales, adecuadas y coherentes con los principios de independencia e inamovilidad judicial. Es urgente acometer una verdadera coordinación de actividades entre las CCAA, Ministerio de Justicia y CGPJ que proteja la salud de los miembros de la carrera judicial y también fijar ya una carga de trabajo judicial razonable en cumplimiento de lo previsto en el I Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la carrera judicial, por razones de salud judicial, que también es Justicia.
8.- Servicio público de calidad.-
Las condiciones profesionales para que pueda ejercerse el poder judicial deben ser complementadas con un servicio público de calidad a los ciudadanos y ciudadanas. Hace falta una regulación más amplia de los derechos de los usuarios de la Justicia, que responda a los principios de transparencia, información y atención adecuada. Además, resulta necesario reforzar nuestro precario sistema de Justicia Gratuita para garantizar que nadie quede excluido del acceso a juzgados y tribunales, con privación del derecho a la tutela judicial efectiva, por no contar con medios suficientes para litigar. Del mismo modo, deben acometerse iniciativas concretas para garantizar la efectiva implantación del Estatuto de la Víctima del Delito, que prevé una serie de derechos a los afectados que solo cobraría virtualidad práctica si se dotan los medios y se llevan a cabo políticas activas que aseguren su aplicación. Y ha de asegurarse que los procedimientos se tramiten en plazos razonables.
Edmundo Rodríguez Achútegui, en nombre de la ST del País Vasco defiende las siguientes inclusiones en el texto:
- En el apartado primero Introducir la necesidad de mejor de la justicia gratuita
- En el apartado 3º, añadir que deben suprimirse los JAT Y JED JAT
- En el apartado relativo a las condiciones profesionales, debe establecer una referencia a la actualización de la Ley de Retribuciones
- Añadir un punto nuevo que señale la necesidad de afrontar reformas contra la exclusión social, promulgar una ley de verdadera segunda oportunidad, derecho a la vivienda, ley de inembargabilidad.
Seguidamente, toma la palabra Angel Garrote, coordinador de Murcia para señalar que quizás, y como extensión del papel 0, sería interesante plantearse un limitación de los medios para litigar, limitando el volumen de las demandas.
Ramón González Clavijo contesta que la RJUE ha debatido el tema y se propuso un decálogo habiendo un grupo de trabajo al respecto en Castilla y León y un mandato de la vocal Sepúlveda a trabajar en este aspecto.
Se pasa a la votación.
El texto del secretariado es aprobado por unanimidad
En cuanto a las modificaciones del País Vasco (en el orden que han sido enumeradas).
La primera se aprueba por unanimidad.
La segunda se desdobla diferencia entre JAT Y JED JAT.
Se aprueba por unanimidad la eliminación de los JED JAT.
La eliminación de los JAT obtiene 6 votos a favor, 5 abstenciones y 16 votos en contra, siendo en consecuencia rechazada.
La tercera y la cuarta son aprobadas por unanimidad
A continuación se presenta el documento de líneas estratégicas presentado por el Secretariado:
- La asociación trasladará a los grupos parlamentarios y al próximo Gobierno los acuerdos de este Comité Permanente en materia de propuestas para una próxima legislatura.
- JpD reclamará a los grupos parlamentarios la derogación de la norma que fija un plazo máximo para la instrucción sin la dotación de los medios suficientes.
- La asociación no acudirá a ninguna reunión con representantes del Gobierno sin un orden del día previo y en la que haya posibilidades de realizar aportaciones.
- Jueces para la Democracia profundizará en la línea de unidad de acción junto al resto de asociaciones en la defensa de los elementos que nos unen a todas y desde el respeto a la pluralidad existente en la judicatura.
- Se valora que el sistema vigente de CGPJ ha superado las previsiones más pesimistas. Resulta imprescindible una revisión del organigrama actual, al considerarse que la gestión de Carlos Lesmes ha empeorado incluso los defectos iniciales del sistema. Por ello, entendemos necesaria la dimisión de Lesmes. Sería positiva su sustitución por otra persona que lleve a cabo desde la presidencia una lectura más colegiada de este organismo y que adopte una línea de mayor cercanía a los problemas de la carrera judicial, hasta que se produzca una reforma en profundidad de la LOPJ que ponga fin a la actual estructura.
- A pesar de que no fueron propuestos por la asociación, se incrementarán los contactos con los vocales que pertenecen a JpD con la finalidad de profundizar en una estrategia de actuación conjunta en el CGPJ.
- JpD pedirá la convocatoria de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones y defenderá mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos años. También retomaremos los trabajos sobre jubilación y haremos nuevas propuestas al Gobierno entrante.
- Consolidaremos la actuación de la Comisión sindical en relación con el observatorio de JATS.
- Valoraremos Iniciar acciones judiciales (conflicto colectivo) y recurso por incumplimiento ante la Comisión Europea por la falta de fijación de cargas máximas de trabajo.
- La asociación implicará a las comisiones técnicas y a las secciones territoriales para que anualmente se realice un informe sobre la situación de la Justicia que contraste con el que presenta el CGPJ y que proporcione datos para el control ciudadano y crítico de la versión del CGPJ, el MJU y las CCAA.
- Se analizará la organización de unas jornadas sobre jueces y juezas de primeros destinos en el marco de una reflexión interna sobre cómo conseguir una mayor implantación asociativa.
- Se recabará de los órganos de coordinación territorial un análisis sobre cómo se podría mejorar la actividad de las secciones.
- Jueces para la Democracia reclamará al CGPJ un cambio de orientación en el funcionamiento de la Escuela Judicial para que esta recupere los principios formativos con los que fue fundada.
- JpD acentuará su compromiso con la no discriminación de las mujeres en la judicatura a través de un mayor trabajo conjunto con la Comisión de Igualdad. En particular, se pondrá un énfasis especial en materia de nombramientos, en la composición de los cursos de formación y en todo aquello que afecte negativamente a la visibilidad de las mujeres. Se iniciará en coordinación con la Comisión de Igualdad una encuesta sobre conciliación de vida personal, familiar y profesional.
- La asociación buscará espacios de encuentro con otras organizaciones vinculadas a la administración de justicia para la mejora del servicio público. En concreto, analizará dicha cuestión de forma detallada con la abogacía, asociaciones judiciales, de fiscales, de secretarios/as judiciales y con los sindicatos
Se aprueba por unanimidad con la indicación de que los acuerdos del Comité Permanente deben ser remitidos a los grupos parlamentarios y que sean debatidos hasta el Congreso en vez de cerrarlos en este momento.
Para concluir, Ramón G. Clavijo defiende la candidatura de Valladolid para albergar el Congreso próximo. Se propone como mesa electoral a Esther González, José Manuel Riesgo y Blanca Rodríguez. Será la primera semana de junio.
Zubiri de Salinas ofrece Zaragoza para próximas actividades asociativas.
El tema del congreso podría ser estado de crisis. Ana Álvarez de Yraola propone positivizar para el tema del congreso. Luis Villares propone que los temas sean para ahondar en lo tratado en el Comité Permanente y en la necesidad de que haya un trabajo previo al congreso sobre los temas y ponencias para que no ocurra lo de Cádiz. Begoña López Anguita le responde que si va a llevarse ese trabajo previo derivado del desarrollo del trabajo ya elaborado para este Comité Permanente.
Con la aprobación de la ubicación del Congreso, se da por finalizado el comité permanente