El secretariado que rinde cuentas de su gestión en Oviedo inició su actividad tras el congreso de Valencia, han sido dos años complejos no sólo para la administración de justicia sino también para el Estado de derecho. Bajo la excusa de la crisis económica el gobierno ha culminado una política de recortes que ha desmantelado los pilares fundamentales del Estado social: La sanidad, la educación, la asistencia social, la justicia.
Han sido dos años duros en los que las movilizaciones sociales no han podido paralizar los proyectos del gobierno, aunque han permitido visualizar la distancia insalvable entre una parte importante de la clase política y la realidad de la calle. Este secretariado desde un primer momento ha estado junto a estos movimientos sociales tanto en las manifestaciones y actos públicos impulsadas por los sindicatos por medio del foro social, como en movilizaciones puntuales en Madrid y en otras ciudades españolas.
La merma de derechos sociales ha determinado que la justicia se haya convertido en el último refugio para la tutela de las/los más débiles, estos años se ha producido una reacción importante de los órganos jurisdiccionales, tanto los juzgados de lo social como los de primera instancia han dictado resoluciones frente a los recortes en materia laboral, también frente a las ejecuciones hipotecarias.
Desde el secretariado, concretamente desde el área de comunicación, se ha defendido la necesidad de una actividad jurisdiccional garantista y comprometida. Sin embargo normativas como la Ley de Tasas han restringido sensiblemente el acceso de las/los ciudadanas/nos a la justicia, de ahí que se haya dado apoyo a todas las protestas contra la implantación de la Ley de Tasas, una norma que ha determinado una sensible reducción del número de procedimientos civiles y administrativos que no se corresponde con una reducción de la conflictividad.
Ha sido especialmente grave la tolerancia del gobierno y, en general, de gran parte de la vida política del país ante el fenómeno de la corrupción. Las presiones sufridas por las/los juezas/ces que han abordado o están abordando instrucciones contra políticas/cos o contra personas cercanas a los poderes económicos no han atajadas ni por el consejo ni por el gobierno, las/los juezas/ces hoy, más que en otras épocas, se sienten desamparadas/dos, carentes de medios personales y materiales, sometidas/dos a una presión mediática no siempre bienintencionada.
El secretariado ha dado su apoyo a todos los casos de presión a las tareas de instrucción, ha denunciado la falta de interés del gobierno y del consejo por facilitar la pronta y efectiva instrucción de estos casos; se ha intentado hacer una labor de pedagogía intentando explicar la trascendencia que para el estado de derecho tiene el correcto funcionamiento de los tribunales, la necesidad de respeto de la independencia de las/los juezas/ces en su labor instructora. Pese a todos estos esfuerzos lo cierto es que no se observa mejoría en el sistema, ni el nuevo consejo ha dado muestras de especial sensibilidad en la tutela del trabajo de las/los juezas/ces; de hecho las previsiones de la nueva LOPJ suponen una efectiva limitación a la independencia de los órganos de instrucción al implantar los tribunales de instancia sin medidas de contrapeso.
De modo sistemático el gobierno ha dirigido todas sus políticas a debilitar la justicia, durante estos años no se han creado nuevos órganos jurisdiccionales y las convocatorias de oposiciones ha sido ridícula, de modo que en el período en el que hubiera sido necesaria una mayor atención a la administración de justicia para dar respuesta rápida y eficaz a los procedimientos generados como consecuencia de la crisis y los recortes, se ha producido una desinversión brutal tanto en medios materiales como humanos lo que han aumentado los períodos de respuesta.
No sólo se ha producido esta desinversión, sino que también el gobierno ha cesado a la práctica totalidad de juezas/ces sustitutas/tos, más de 1.500 profesionales que habían cubierto plazas complejas en unas condiciones laborales y económicas precarias. Ante la falta de juezas/ces, las listas de juezas/ces sustitutos eran una pieza indispensable para que funcionara el sistema, sin embargo el modelo impulsado por el gobierno y apoyado por el Consejo ha sido el de incrementar la carga de trabajo de las/los juezas/ces titulares, imponiendo planes de sustitución que han dejado las primeras instancias de todas las jurisdicciones en situación absolutamente precaria, han generado disfunciones irreparables en la normal atención de asuntos.
Desde el secretariado hemos denunciamos la precarización del trabajo de las/los juezas/ces de instancia, la falta de previsión en el cese de estas/os profesionales, hemos denunciado el sinsentido de los planes de sustitución. Todos los requerimientos han sido desatendidos y se han hecho oídos sordos a todas las iniciativas razonables de evitar el colapso del sistema.
La precarización de la actividad profesional se ha puesto de manifiesto en sucesos tales como el incendio en los juzgados de lo social de Madrid, que evidenció las deficiencias de seguridad de la mayoría de las sedes judiciales y el riesgo permanente en el que se encuentran no sólo las sedes, sino quienes trabajan en ellas.
Esta situación ha afectado a las últimas promociones de juezas/ces que, tras superar la oposición y la Escuela Judicial han quedado en situación de total incertidumbre. Al no crearse nuevas plazas se ha frustrado destino de más de 200 juezas/ces que justo en el arranque de su actividad jurisdiccional se ven abocados a una incierta situación, muchas/os de ellas/os como adjuntas/os de las/os juezas/ces de adscripción territorial, una figura planteada como una solución provisional que se ha enquistado sin que haya soluciones razonables a corto o medio plazo.
Desde el secretariado hemos dado soporte a las protestas de las/os integrantes de las últimas promociones, hemos denunciado las incertidumbres y la precarización de su trabajo, tanto con el anterior Consejo como con el Consejo actual, los resultados desoladores.
Con todos estos condicionantes estaba justificada una movilización generalizada de la carrera judicial, se mantuvo la unidad de acción durante el último semestre de 2012 y el primer semestre de 2013 lo que permitió algunas actuaciones conjuntas, protestas y la convocatoria de una huelga que tuvo gran repercusión por el apoyo conseguido por los colegios profesionales, de movimientos sociales y las asociaciones de consumidores. El seguimiento de la huelga en la carrera fue elevado, la huelga y los manifiestos que se hicieron públicos con ocasión de la huelga tuvieron una gran repercusión en los medios de comunicación, sin embargo el gobierno no movió un ápice sus posiciones.
Son muchas las razones que han determinado la desmovilización actual de la carrera pese a los esfuerzos del secretariado por mantener la tensión de la judicatura. La Asociación Profesional de la Magistratura siempre ha sido muy reticente a la unidad de acción y a cualquier movilización de la carrera, el hecho de que gobernara el Partido Popular ha marcado la agenda de la APM, primero diluyendo muchas de las iniciativas de la coordinadora interasociativa, después desvinculándose de las propuestas. Por otra parte la única asociación que mantenía un discurso de enfrentamiento frente a los recortes sin sesgo corporativo, el resto de asociaciones no tenían ni mucho menos esta sensibilidad, su estrategia era la de intentar eludir los recortes defendiendo la necesidad de recibir del gobierno un trato diferenciado.
La unidad de acción en definitiva ha sido un espejismo y actualmente no se celebran reuniones ni hay propuestas sobre la mesa. Esta es una de las tareas pendientes del nuevo secretariado, la de definir cuál debe ser su papel, valorar las ventajas e inconvenientes de la unidad de acción y diseñar una estrategia clara, apoyada por los asociados, dado que los recortes van a continuar y el desmantelamiento del poder judicial parece inevitable ya que el ministro de justicia sigue defendiendo la necesidad de reformar en profundidad la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Cuando se celebró el congreso de Valencia el CGPJ estaba inmerso en una profunda crisis institucional agravado por el comportamiento de su entonces presidente, que hubo de dimitir poco después. El CGPJ no había respondido a ninguna de las expectativas de liderar una reforma en profundidad del poder judicial, apoyar el trabajo de las/os juezas/ces, defenderles frente a los permanentes ataques a la independencia de muchos de ellas/os.
El CGPJ era un órgano extremadamente burocratizado, ineficaz y desgastado por enfrentamientos internos. El CGPJ estaba alejado de la realidad de los juzgados y de la carrera, no cumplía con unos mínimos requerimientos de atención a los problemas de la justicia. El modelo exigía una profunda reflexión y era imprescindible un cambio.
La asociación está inmersa en un intenso debate sobre el modelo de elección de vocales. Frente a esa reflexión interna lo cierto es que el gobierno ha abordado una reforma en profundidad del CGPJ que lo ha vaciado de contenido, ha reducido sus competencias y ha diluido casi por completo su funcionamiento colegiado, optando por un modelo que gira en torno al presidente y a una comisión permanente controlada por el presidente; 16 vocales han de compaginar sus funciones jurisdiccionales con la asistencia a los plenos, marginados de hecho de la toma de decisiones del CGPJ.
La modificación del modelo de CGPJ finalmente fue consensuada en el parlamento, no modificando de hecho el sistema de elección de vocales. Pese a las críticas de JpD y la firme posición del secretariado, que se entrevistó con los principales grupos parlamentarios exigiendo que se retirara el proyecto, lo cierto es que la reforma se ha ejecutado y el consejo ha iniciado su andadura asentado en un presidente que actúa como mera correa de transmisión del gobierno.
JpD decidió en el congreso de Pamplona no participar en el proceso de designa de candidatos, pese a esa decisión varias/os compañeras/os se presentaron a título individual y cuatro de ellas/os fueron elegidas/os. Más allá de contactos protocolarios lo cierto es que no ha habido ninguna reunión de trabajo, ni ninguna convocatoria para exponer los proyectos y prioridades del consejo.
La asociación tendrá que definir qué relación quiere mantener con el CGPJ y cuál la estrategia frente al mismo dado que no hay ni colaboración ni participación efectiva de la asociación en las decisiones y políticas del CGPJ.
En clave interna durante estos dos años la asociación ha incrementado ligeramente el número de asociados -555 afiliados -, como secretariado no hemos sabido o no hemos podido establecer una política de afiliación que nos permitiera recuperar el segundo puesto tras la APM, ni tan siquiera reducir la diferencia con la asociación Francisco de Vitoria. Desde el actual Consejo se ha mantenido un discurso antiasociativo completamente interesado ya que se ha considerado incluso por el actual presidente que las disfunciones del CGPJ tienen que ver con los enfrentamientos e intereses de las asociaciones.
A lo largo del mandato se han intensificado los mensajes en las listas generales de correo del Poder Judicial y en algunas ocasiones desde el secretariado se ha intervenido directamente en algunos de los debates abiertos en los foros judiciales, sin embargo es complicado convencer a las/os juezas/ces de las últimas promociones de la importancia de participar en las asociaciones judiciales cuando desde el consejo y desde el ministerio no se les ofrecen perspectivas profesionales razonables.
El nuevo secretariado habrá de dar un impulso a la política de afiliación para intentar relanzar a JpD dentro de la carrera.
Durante los últimos años los recortes presupuestarios del CGPJ han supuesto recortes en las partidas aplicadas a asociaciones judiciales, se ha reducido en más de un 25% el presupuesto de la asociación gracias a un programa de austeridad ya iniciado por el secretariado anterior; el papel de la Oficina Técnica de JpD ha sido fundamental para conseguir que la asociación tenga unas cuentas saneadas y un presupuesto equilibrado que garantice la pervivencia de la asociación.
Se han reducido las reuniones presenciales, se ha buscado la colaboración de las secciones territoriales, especialmente la de Madrid, para garantizar la presencia de JpD en actos protocolarios e invitaciones de otras asociaciones, se han buscado alternativas más ajustadas a gastos asociativos tales como la maquetación y edición de las publicaciones o la gestión de la página web.
El objetivo debería ser que la asociación fuera capaz de autofinanciarse o que, por lo menos, la financiación de los asociados fuera de más del 50% de los ingresos; para conseguir este fin sería necesario incrementar el número de asociados y conseguir que la cuota no sea una cantidad simbólica como lo es actualmente, también ha de trasladarse a las/os asociadas/os que algunas actividades no pueden ser cubiertas en un 100% por la asociación. Le corresponderá al nuevo secretariado profundizar en todas estas medidas puesto que no es razonable que a corto o medio plazo mejore las expectativas económicas, ni es previsible que el CGPJ incremente las partidas destinadas a asociaciones.
Durante estos dos últimos años ha sido especialmente importante el esfuerzo hecho por las comisiones técnicas, que han sido indispensables para que el secretariado pudiera cumplir con las tareas referidas a la elaboración de estudios e informes; la comisión de sindical ha prestado un apoyo capital a la hora de elaborar los informes sobre Ley de Planta, sobre reforma del Consejo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial; ha sido fundamental su impulso en lo referente a la prevención de riesgos laborales, donde se ha denunciado la pasividad y el desinterés real del actual consejo; también han auspiciado iniciativas en materia de carga de trabajo, en lo referido a la conciliación de la vida laboral y familiar; también se han realizado informes sobre reformas puntuales de los reglamentos del Consejo.
Sucesos tan tristes como el del fallecimiento de un juez de lo social en Madrid han evidenciado la incidencia de las cargas de trabajo y el estrés en la salud de muchas/os juezas/ces y magistradas/os, así como las deficiencias y falta de previsión del consejo y el ministerio frente a estas contingencias. Corresponderá al nuevo secretariado dar un nuevo impulso a esta comisión y conseguir que se incremente el número de asociadas/os que participan en ella.
También ha sido fundamental el trabajo de la comisión de igualdad que ha mantenido una vigilancia permanente frente a los evidentes retrocesos en materia de igual por parte del actual Consejo que incluso en los aspectos formales ha demostrado su desprecio por las políticas de igualdad que inició el anterior consejo.
Tanto la comisión de igualdad como las comisiones de penal y de civil han mantenido encuentros anuales auspiciados por el secretariado, estos encuentros han dado impulso a la actividad de estas comisiones y han permitido, en el caso de la comisión de penal y de civil, la publicación de boletines específicos de alta calidad técnica. La comisión de laboral ha mantenido también su actividad y sus encuentros, ya consolidados desde hace muchos años. El resto de comisiones técnicas han centrado su actividad en las listas sectoriales, dando apoyo puntual a los requerimientos de colaboración en algunos proyectos que han tenido que informarse por parte del secretariado, especialmente la comisión de contencioso.
Se ha mantenido la presencia y el protagonismo de JpD en el grupo de política criminal, se ha dado apoyo a las jornadas de Motril en materia de inmigración y se ha seguido colaborando con la cátedra de derecho laboral de la universidad de Castilla-La Mancha.
Desde el secretariado se ha mantenido activa la página web, garantizando la actualización de contenidos y facilitando su accesibilidad. La página web de JpD es una de las principales páginas jurídicas en lengua castellana – más de 725.000 visitas en 10 años de actividad -, recibe cientos de visitas de la práctica totalidad de países del mundo aunque lo cierto es que es poco utilizada por las/os asociadas/os.
Desde la Oficina Técnica no sólo se ha dado apoyo al secretariado en el objetivo de incentivar el uso de nuevas tecnología, sino que también ha permitido poner en marcha un blog que ha arrancado con éxito. Se ha consolidado la presencia de JpD en las redes sociales tanto a través del perfil de Facebook, como en twitter; que se han convertido no sólo en una herramienta fundamental para el área de comunicación, sino también un referente con miles de seguidoras/es fuera de la carrera judicial.
La presencia en las redes de la asociación ha obligado a un especial esfuerzo tanto de la OT como de los miembros del secretariado que específicamente han asumido estas áreas. Es importante que el nuevo secretariado mantenga esta dedicación que garantiza una gran visibilidad de la asociación fuera de la carrera judicial y la convierte en uno de los principales opinadores en materia de justicia y de defensa de los derechos fundamentales.
Esa contribución en las redes sociales ha ido estrechamente ligada al impulso que desde el área de comunicación y portavocía se le ha dado por este secretariado. Probablemente la política de comunicación haya sido uno de los principales activos del secretariado saliente, política que se ha asentado en los esfuerzos del portavoz por tener presencia pública casi permanente en todos los debates y a la práctica totalidad de requerimientos de los medios.
Durante el mandato de este secretariado se han emitido una treintena de comunicados; sirvan como referencia los publicitados a lo largo del año 2014:
- Comunicado de JpD sobre denegación de visita de autoridades judiciales al CIE de Las Palmas .- 07/05/2014.
- Comunicado sobre incendio en el edificio de los juzgados de lo social de Madrid .- 25/04/2014.
- Comunicado JpD sobre declaraciones del Presidente del CGPJ. -17/03/2014.
- Jueces para la Democracia ante el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.- 07/03/2014.
- Comunicado conjunto sobre la situación de las promociones 63 y 64 de la carrera judicial.-19/02/2014.
- Jueces para la Democracia ante la apertura de diligencias disciplinarias por el manifiesto sobre el derecho a decidir.- 19/02/2014.
- Comunicado de JpD ante las presiones al juez Castro.-17/01/2014.
- Comunicado de JpD sobre el Anteproyecto de reforma legal del aborto.-08/01/2014.
Todos estos comunicados se han respaldado con una constante presencia del portavoz en los principales medios – radios, televisiones y prensa escrita.
En el área de internacional desde el último comité permanente la actividad desarrollada se ha centrado en la colaboración con distintas asociaciones judiciales europeas y centroamericanas en la redacción y publicación de un manifiesto en la prensa guatemalteca cuestionando el devenir del proceso a Ríos Montt. En cuanto a MEDEL no se han producido daciones de cuenta desde el Bureau, se convocó el Alert Day no tuvo el resultado esperado, apenas ha tenido eco en la prensa europea y nacional.
La valoración del trabajo realizado durante estos dos años no puede ser ni mucho menos positiva ya que han sido años especialmente duros en materia de tutela de derechos fundamentales, se han llevado a efecto o se han proyectado reformas del sistema que colocan a la administración de justicia y al poder judicial en una situación precaria.
Pese a los esfuerzos realizados lo cierto es que no se han podido paralizar ni modificar ninguno de los proyectos impulsados por el gobierno, la movilización de la carrera se ha diluido a lo largo de estos dos años, no se ha conseguido una mayor implantación de JpD en la carrera, tampoco se ha conseguido una reactivación efectiva de la vida asociativa, en clave política se ha cerrado cualquier cauce de participación de las asociaciones en los principales proyectos políticos del gobierno y del consejo.
La presencia de JpD en los medios de comunicación, los esfuerzos de presencia en las redes sociales y la implicación de JpD en los movimientos sociales de protesta frente a los recortes son los principales logros de este secretariado que ahora concluye su mandato.