INFORME POLÍTICO

Congreso de Oviedo, 18 y 19 de junio de 2014

 

Quienes firmamos este documento, concebido sin otra pretensión que la de constituir una reflexión y dación de cuenta, nos incorporamos al Secretariado de la asociación en el mes de junio de 2010, formando parte de una lista que acabó siendo la más votada. Tras las elecciones del Congreso de Valencia en mayo de 2012, continuamos, esta vez en minoría, en el órgano de dirección.

Somos conscientes de la dramática situación que desvertebra la sociedad española. La crisis económica, que arrancó en los Estados Unidos en 2008, y que ha abierto la brecha entre una clase privilegiada de ricos y el resto de la población, ha sido instrumentalizada por sus causantes, tras extenderse a Europa, para reestructurar la arquitectura institucional y las reglas de la convivencia. Este nuevo diseño no podía dejar de afectar al sistema judicial, en el que se han ido sucediendo numerosas reformas y proyectos que, en definitiva, operan una redefinición del papel de los jueces, con la meta puesta en su conversión en un funcionariado dócil y acrítico. Al tiempo, se ha evidenciado el distanciamiento de la ciudadanía de las instancias tradicionales de representación política. Desde la izquierda, por otra parte, no puede resultarnos indiferente, sea cual sea la interpretación que del dato quepa extraer, la importante pérdida, que podría convertirse en estructural, de la base sociológica del PSOE y la disgregación de ésta, abriendo nuevos escenarios.

La conciencia de este delicado contexto nos hizo entender que no debíamos permitir que las discrepancias políticas dentro del Secretariado entre las dos candidaturas que concurrieron a las elecciones de Valencia, elecciones que determinaron una nueva mayoría, trascendieran externamente o bloquearan el funcionamiento de JpD. Precisamente, para evitar la extrema polarización que ejemplificó dicho Congreso y normalizar la vida asociativa. Llegado, no obstante, el término de nuestro mandato, creemos que, con la mirada puesta en el futuro de la asociación, debemos poner de relieve aquéllos aspectos que estimamos mejorables en el papel desempeñado por el Secretariado. Y, en este sentido, lamentamos tener que reproducir algunas de las consideraciones que ya avanzamos en el Comité Permanente de Valladolid.

A nuestro entender, durante estos dos años, el Secretariado no ha logrado diseñar un programa político, estableciendo objetivos estratégicos y planificando la acción para realizarlos. En este tiempo se han venido tramitando y produciendo reformas legislativas de gran calado. Pese a la trascendencia de las mismas no hemos alcanzado a analizar en detalle la mayoría de ellas, ni hemos definido la posición más allá del mero rechazo. Por fortuna, la iniciativa y el desinteresado esfuerzo de un grupo de asociados suplió esa carencia en lo relativo al proyecto de modificación, sin duda, más trascendente que se ha producido, el de reforma de LOPJ, a tiempo para remitirlo al CGPJ.

A la ausencia de programa se han unido la falta de influencia política, como colectivo, y la inexistencia de canales de acción e información cualificados. Tampoco se han mantenido contactos con grupos políticos con el objetivo de incidir en las actuales reformas en curso, más allá de una reunión aislada y poco fructífera con el Grupo Parlamentario Socialista, quien también recibió al resto de asociaciones judiciales, al inicio de la andadura del Secretariado. En definitiva, creemos que no somos referente real de ninguna fuerza política con vocación transformadora.

Hemos estado al lado de los movimientos sociales e intensificado nuestra presencia en ellos y extendido nuestra voz en las redes sociales, y estos datos son muy positivos, pues es importante que la ciudadanía sea consciente de nuestro apoyo. Pero, al mismo tiempo, carecemos, por no haber sido capaces de construirlo, de un discurso propio, y tampoco hemos elaborado  análisis concretos sobre la realidad que ayudaran a reforzar las reivindicaciones comunes con una posición específica desde la judicatura.

Por otra parte, pese al elevado número de personas asociadas en órganos de gobierno del Poder Judicial, el Secretariado no ha fomentado ni impulsado la comunicación para coordinar políticas; en especial, con los vocales del CGPJ, tanto con los salientes como con los entrantes, ya que se durante nuestro mandato tuvo lugar el proceso de renovación del órgano. En alguna ocasión se ha empleado la fórmula del comunicado de denuncia, pero, por lo general, la discrepancia no se ha traducido en requerimientos formales al Consejo o a sus órganos ejecutivos para que expliquen sus decisiones o en la comunicación directa con los vocales, al menos los de extracción asociativa, para trasladarles no sólo el malestar o indignación, sino también para que, en su caso, obren en consecuencia en el ámbito de sus competencias. Tampoco se han abierto canales estables de comunicación con dichos vocales. Todo ello resultaba especialmente exigible en un contexto como el presente, en el que la Comisión Permanente del CGPJ abandera un cambio de modelo que merma, hasta extremos insospechados, la independencia judicial.

Por último, el Secretariado no ha considerado como objetivo ni prioridad la dinamización interna de la asociación. En especial,  es preocupante la situación de las Secciones Territoriales, con bajísimos niveles de participación y asistencia  y pérdida de acción local, situación que debiera haber motivado, al menos, alguna reflexión o iniciativa  desde la dirección, en línea con lo que se intentó desde el Secretariado anterior. Además, se han dejado de celebrar las jornadas de Jueces de primeros destinos o los encuentros anuales con la Unión Progresista de Fiscales, y se ha perdido otra oportunidad de potenciar el funcionamiento de MEDEL, federación que entendemos carece de la proyección política y mediática que debería tener una organización que agrupa tantas asociaciones progresistas de jueces y fiscales europeos. Afortunadamente, el dinamismo autónomo de la Comisión Sindical y de algunas Comisiones Técnicas compensa esta situación, lo que patentiza la existencia de un caudal humano que no debe desaprovecharse.

Quienes firmamos este escrito, lo concluimos asumiendo también nuestra parte de culpa. No hemos podido o no hemos sabido encontrar espacios dentro de este Secretariado desde los que promover políticas eficaces. La desconfianza recíproca resultante de la polarización asociativa a que se vio abocada JpD en el último Congreso electivo pesó en exceso sobre todas las personas que estábamos en la dirección y determinó, a la postre, la consolidación de una regla de mayoría que liquidó las posibilidades de entendimiento.

En breve, se producirá la elección de un nuevo Secretariado. En el marco que se ha esbozado de modo sucinto, carecía de sentido reproducir las dinámicas de confrontación del último Congreso electivo con candidaturas enfrentadas. Siempre hemos defendido que es natural que en JpD convivan diversas formas de entender y vivir el trabajo asociativo y la propia Asociación. Confiábamos en que este nuevo proceso electoral pudiera haber servido para integrar en una única candidatura a personas pertenecientes a las distintas sensibilidades políticas que enriquecen nuestro patrimonio asociativo, para partir de nuevas bases y afrontar desde la unidad en la pluralidad los difíciles retos que el futuro depara. Por desgracia, esto no ha sido posible. En todo caso, quienes firmamos este documento y las personas que apoyaron las candidaturas que integramos en 2010 y 2012 y trabajaron con ellas aportando su trabajo y esfuerzo, desde los espacios que ocupemos en cada momento, seguiremos colaborando lealmente para continuar ofreciendo, desde la izquierda, una alternativa real a un proyecto que aspira a la privatización del Estado, poniendo en peligro no sólo los logros del Estado del bienestar, sino la misma democracia, para lo que no duda en precarizar la función judicial, instancia última de garantía del sistema.

Barcelona y Bilbao, a 11 de junio de 2014

María Calvo

Urko Giménez

José Luis Ramírez