1.- Fijar líneas asociativas en una etapa de cambios.
El pasado Comité Permanente de JpD, celebrado a finales de enero de 2015 en la Residencia de Estudiantes de Madrid, analizó el cambio de situación que se estaba produciendo en nuestro país y que afectaba directamente a la situación de nuestro sistema judicial. Nuestra asociación tuvo que asumir un papel muy crítico ante las reformas regresivas impulsadas por el ministro Gallardón. Pero ahora nos encontramos en una nueva etapa en la que asistimos a posibles cambios en un futuro cercano en función de la evolución de las circunstancias actuales.
Las modificaciones normativas planteadas en esta legislatura comprendieron los ámbitos más diversos, como la supresión de la justicia sustituta sin creación de plazas de titulares, la implantación de las tasas judiciales, la privatización del Registro Civil o importantes recortes en los presupuestos de Justicia. Y en esta línea ocupaba un papel principal una nueva regulación del Consejo General del Poder Judicial, que reducía de manera sustancial sus competencias y acentuaba el control del poder político sobre la máxima institución judicial. La puesta en marcha de este nuevo sistema bajo la gestión presidencialista de Lesmes ha confirmado los peores presagios. Todo ello se complementó posteriormente con otra reforma integral de la LOPJ que quería transformar casi por completo las estructuras judiciales, para ir a un nuevo sistema fuertemente jerarquizado, que atacaba los principios de independencia, inamovilidad y de juez/a predeterminado por la ley. Y que incorporaba como otra finalidad poco disimulada la liquidación de las asociaciones judiciales, como represalia por su oposición a la gestión ministerial y como forma de acallar voces críticas en la judicatura.
Además, en materia de derechos fundamentales y libertades públicas, se tramitó una amplia reforma del Código Penal, recientemente aprobada, que introducía una versión de la cadena perpetua, endurecía los castigos y criminalizaba la protesta social, entre muchas otras cuestiones criticables. Como complemento de lo anterior, el Gobierno llevó al Parlamento una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, como instrumento en vía administrativa para sancionar la disconformidad y huir del control judicial. Por otro lado, la reforma de la Ley del Aborto, en la que se volcó especialmente el ministro Gallardón, pretendía volver una regulación de la materia propia del régimen anterior, que atentaba gravemente contra derechos básicos de las mujeres. No se puede olvidar que el contexto de todas estas reformas estaba determinado por una política de decidido desmantelamiento del Estado Social.
Ante esta situación especialmente difícil, el papel de la asociación fue de resistencia activa y de búsqueda de alianzas con otros sectores de la judicatura y de la sociedad para expresar nuestra oposición. No parecía posible detener las actuaciones de un Gobierno con mayoría absoluta, pero sí que nos embarcamos en contribuir a generar un estado de opinión en la sociedad contrario a todas estas medidas.
La dimisión de Gallardón y la entrada del ministro Catalá abrió un nuevo periodo, que ha estado marcado por el intento de suavizar o aparcar algunas de las reformas más polémicas. Ello provocó la retirada de la Ley de la Aborto, la derogación de las tasas judiciales a las personas físicas o la paralización de la privatización de los registros civiles. Del mismo modo, el nuevo ministro abandonó la idea de reformar integralmente la LOPJ y en su lugar ha impulsado una leve reforma parcial que, aunque resulta criticable, es de alcance muy inferior a la inicialmente proyectada.
Por otro lado, el Gobierno y su mayoría parlamentaria han aprobado la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Y el ministro Catalá ha abandonado el proyecto de nuevo Código Procesal Penal y se ha centrado en la idea de reformar parcialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, desde criterios ampliamente criticables, en especial los referentes a fijar un plazo para la instrucción sin aportación de los medios necesarios, entre otras cuestiones que fueron señaladas desde la Comisión Penal de JpD.
El agotamiento de este Gobierno empieza a resultar evidente. Y, correlativamente, se están produciendo cambios sociales de cierta entidad que han generado propuestas sobre la necesidad de cambios constitucionales y que están provocando la percepción de que podemos encontrarnos a las puertas de un cambio de ciclo histórico. Desde esta perspectiva, en la línea de las reflexiones del pasado Comité Permanente, en el Secretariado de JpD hemos asumido la responsabilidad de ejercer un papel activo en estas posibles transformaciones y se han iniciado contactos con las fuerzas políticas para intentar situar a nuestra asociación en un papel central en ese debate. Del mismo modo, la celebración del XXX Congreso de Jueces para la Democracia en Cádiz, bajo el lema ”Justicia y Constitución en el siglo XXI”, con la participación de representantes políticos y de expertos/as en materia constitucional, pretende ser un primer paso para comenzar a realizar aportaciones asociativas en este proceso.
Por otro lado, hemos denunciado la elevada sobrecarga de trabajo judicial y hemos seguido realizando un importante esfuerzo en materia sindical, ante los efectos de los recortes presupuestarios, la falta de medidas organizativas eficaces y el estancamiento de la nueva oficina judicial. El creciente deterioro de nuestros juzgados y tribunales, que afecta muy negativamente al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ha sido objeto de nuestras quejas, con la finalidad de reclamar soluciones a las instituciones competentes y de sensibilizar a la sociedad sobre esta situación.
Asimismo, la evolución de la actuación del Consejo General del Poder Judicial sigue mostrando el fuerte control político partidista del organismo. A través de la práctica desaparición del carácter colegiado del organismo, se han concentrado esencialmente sus decisiones en el presidente Carlos Lesmes, de acuerdo con el guión previsto, y se ha limitado la pluralidad propia de la institución. Sobre el fondo de sus actuaciones, el CGPJ ha actuado como correa de transmisión del Gobierno y de su partido, sin intervenir en defensa de la independencia judicial, ni tampoco a favor de reclamar los recursos necesarios para nuestros juzgados. El papel de nuestra asociación se ha centrado en criticar abiertamente el funcionamiento del CGPJ y en mantener contactos continuos con los vocales del denominado sector progresista, así como en intentar mediar en las divergencias existentes entre ellos.
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