La asociación Jueces para la Democracia, que integra a una parte importante de quienes ejercen la función jurisdiccional por mandato Constitucional, considera que con independencia de la específica y legitima sensibilidad que puedan tener sus miembros a la hora de interpretar y aplicar nuestro ordenamiento jurídico, las medidas impulsadas por el Ministerio de Justicia afectaran de forma muy negativa en el ejercicio diario de esa función y por tanto en el derecho de los ciudadanos a una solución pacífica de las controversias, a una sanción de conductas que se consideran ilícitas y punibles y a un control efectivo de posibles desviaciones, corruptelas y abusos de quienes ejercen el Poder Ejecutivo en cada momento, poniendo con ello en grave riesgo la estabilidad y el consenso constitucional.
Esta opinión que es compartida por amplios sectores sociales y profesionales de nuestro país, obliga, por responsabilidad constitucional, a pedir al Ministro de Justicia que revise profundamente las medidas impulsadas y en caso contrario deje (o se le cese) en su puesto a quien con más conocimiento sobre la esencialidad constitucional de la función jurisdiccional y la realidad de la misma en nuestro país, rectifique tales medidas y adopte, con los trámites constitucionales oportunos, aquellas que contribuyan a su real mejora y que nos acerque a los países que se consideran más desarrollados.
La esencialidad profunda de la función jurisdiccional en un Estado de Derecho, que ejercen Juez@s y Magistrad@s, no puede verse en peligro por razones de desconocimiento o de aspiraciones personales y políticas a corto, medio o largo plazo.
Jueces para la Democracia estima que los ciudadanos tienen la legítima aspiración y la Constitución así lo proclama, a una Justicia, entendida como función jurisdiccional de declarar y ejecutar el derecho que los mismos, a través de sus representantes, decidan en cada momento, que sea IMPARCIAL, INDEPENDIENTE, y que contando con los necesarios medios humanos y materiales, sea EFICAZ Y RAPIDA.