Propuesta de la Comisión Social
Compañeras y compañeros.
Hemos reiterado en anteriores comunicados nuestro rechazo a las reformas que responsabilizaban a la legislación laboral, a nuestro entender sin fundamento, del alto índice de desempleo.
Los asalariados están sumidos en una pérdida de poder adquisitivo que parece imparable. Se materializa a través de las más diversas e imaginativas fórmulas: de la multiplicación de acuerdos de reducción salarial, de la adopción de modificaciones sustanciales de condiciones que comportan reducción salarial, de ficticias reducciones de jornada con la consiguiente reducción retributiva, a las que, paralelamente, en la práctica, se complementan con la obligatoriedad de realizar horas extraordinarias. El círculo se cierra otras muchas veces ejercitando la posibilidad de descuelgue de las condiciones económicas previstas en convenios colectivos, convenios que perderán su vigencia próximamente ante unas propuestas que ahondan en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que sus representantes no pueden asumir. La combinación de esta pérdida de poder adquisitivo con la subida de impuestos, junto a las demás políticas restrictivas adoptadas, abocan a la destrucción de la actividad económica, contribuyendo decisivamente a una destrucción de empleo imparable.
En ese escenario afirmar que se ha producido un abandono de la justicia social y de la democracia en las políticas adoptadas frente a la crisis es acoger la percepción y la opinión de la gran mayoría de los ciudadanos. Posiblemente ello no sea totalmente atribuible a los poderes públicos, pero si existen responsabilidades que no pueden eludirse atacando a los pilares en los que se asienta un orden social democrático, acallando la libertad de expresión con la que responde al vaciamiento de derechos sociales. Así se criminaliza a los perceptores de prestaciones sociales, se intenta justificar el recorte de derechos de los trabajadores activos a favor de quienes han perdido el empleo y el recorte de las prestaciones de éstos en el fomento de una búsqueda activa de empleo, mientras se abandonan políticas activas de empleo que corresponde a los poderes públicos promover.
También se imputa el nivel de desempleo juvenil, de forma interesada, replanteando la regulación de derechos ciudadanos básicos, como la educación, y en particular a las políticas educativas que han aspirado a la igualdad en el acceso. Se desenfoca el problema y ello apunta con claridad a establecer un sobrecoste que prive a buena parte de los ciudadanos de la posibilidad de acceder o mantener un itinerario formativo, no sólo en la enseñanza universitaria, donde la especialización ya tiene un coste inasumible para muchos estudiantes.
Una sociedad sin trabajo no es justa y en tanto que la voluntad de los ciudadanos deja de ser libre, se abandonan por la ciudadanía las reglas del juego democrático. Es de los poderes públicos la responsabilidad en atajar de inmediato tanto el empobrecimiento de los asalariados como la insoportable tasa de desempleo, en especial del desempleo juvenil, pues de no adoptar los medidas que palien esta situación, la instauración de la desigualdad al albur de la crisis y de la eliminación de derechos, evidenciará ante los ciudadanos a qué intereses van dirigidos esas políticas, cuando no se proyectan en la creación de empleo y de las condiciones de trabajo y de vida de los ciudadanos.
El trabajo esclavo ha provocado en el transcurso de la historia grandes desastres. La aprobación de Tratados y Convenios Internacionales en materia de derechos humanos y condiciones mínimas de trabajo se adoptaron en nuestra Constitución e integran el modelo social europeo. Pero la crisis de valores económica y política se internacionaliza y continúa ignorando sus efectos sobre los derechos sociales fundamentales, que son el paradigma de la convivencia social.
Las empresas transnacionales vienen dictando su voluntad a los Estados en crisis a través de la explotación de los más débiles y de sus ciudadanos. Se está alentando a los Estados a eliminar los principios y derechos que han sido el propio sostén del sistema democrático, planteando reformas estructurales totalmente alejadas del modelo social europeo establecido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de los derechos sociales fundamentales básicos proclamados por la Organización Internacional del Trabajo a principios del siglo pasado, como base para una convivencia pacífica en y entre los Estados.
El sometimiento del derecho del trabajo a la economía en una sociedad globalizada está teniendo gravísimas consecuencias y apunta a otras impredecibles, imponiendo reformas alejadas de su modelo social y provocando una crisis de valores y una profunda brecha democrática.
Llamamos la atención a un reciente suceso, el derrumbe el pasado 24 de abril de un edificio en la ciudad de Savar (Bangladesh), que a diferencia de otros sucesos de menor relevancia ocurridos en los países “desarrollados” y de la magnitud de la tragedia, ha tenido un escaso tratamiento informativo.
El Rana Plaza es la peor catástrofe industrial de Bangladesh, pues han perdido la vida más de 1200 trabajadores textiles, la mayoría mujeres, pero al suceso precedieron otros también acallados por la prensa internacional, con 800 muertos por las mismas causas. Según las investigaciones el edificio se derrumbó cuando encendieron unos potentes generadores tras un corte de luz y la vibraciones de los generadores, sumadas a las de las miles de máquinas de coser, afectaron a la frágil estructura del edificio —construido sobre terreno inestable y con tres pisos levantados sin permiso— en el que la víspera habían aparecido unas grietas que preocuparon a los trabajadores, quienes tras quejarse a sus jefes fueron obligados a regresar a sus puestos.
La gravedad del siniestro pone de manifiesto una de las facetas más escalofriantes y ocultadas de la “globalización”: la utilización de mano de obra en régimen de “cuasi esclavitud”. La globalización que permite la libre circulación mundial de capitales y de bienes, pero no el de personas, es la que permite las localizaciones de la producción a países cuyo nivel de cumplimiento de las normas laborales es prácticamente nulo, que ampara el trabajo en talleres sin las mínimas condiciones de seguridad y salud, jornadas extenuantes a cambio de salarios irrisorios, negando mínimos derechos laborales y sociales.
Esta permisibilidad permite a empresas fabricar en países que fomentan el dumping social y la vulneración de derechos laborales básicos. En España las principales compañías textiles no se han sustraído a tales prácticas
El siniestro ha movido conciencias y las Federaciones Sindicales Internacionales IndustriALL y UNI promovieron el compromiso de empresas implicadas, entre ellas varias españolas, (H&M, Inditex, C&A, Primark/Penny, Tesco, PVH, Tchibo, Benetton, El Corte Inglés, Mango, Marks & Spencer, Next, Stockmann, N Brown Group y G-Star) para suscribir el acuerdo, firmado el 15 de mayo de 2013, que también cuenta con el apoyo de varias ONG. El pacto sobre seguridad y prevención de incendios obliga por ley a los signatarios, a garantizar las buenas condiciones de las fábricas que contratan en ese país, así como a realizar inspecciones periódicas y a dar voz a los trabajadores, bajo la supervisión de la OIT. El acuerdo exige también que Bangladesh introduzca una reforma de su legislación laboral para que las trabajadoras y los trabajadores puedan ejercer plenamente su derecho a formar o a afiliarse a un sindicato.
Destacar que los más importantes grupos de empresas de EE UU no han apoyado el pacto sobre seguridad para Bangladesh (Wal-Mart, Gap y Target), según las distintas informaciones, ante el temor a posibles demandas judiciales, aunque dichas empresas han afirmado no tener necesidad de suscribir ningún acuerdo porque sus propios planes de inspección de seguridad obtendrán resultados más rápidos, aunque hasta ese momento han demostrado la incapacidad para detener los efectos de la grave situación de inseguridad.
En el mercado interior el dumping social se intenta combatir, con escaso éxito, a través de la directiva comunitaria sobre trabajadores desplazados, pero fuera de las fronteras de la Unión Europea se están produciendo graves vulneraciones de derechos sociales de trabajadores que producen para importantes empresas españolas.
La subordinación de los derechos sociales a las exigencias del mercado rompe las reglas de la propia democracia y hay que alertar sobre sus consecuencias, por lo que pedimos al Secretariado que asuma que la situación que se ha descrito, tanto en cuanto afecta a nuestros ciudadanos como a los trabajadores que en condiciones de esclavitud prestan servicios en otros países para empresas españolas, denunciando esta situación.
Las coordinadoras, Petra García Márquez y Mar Mirón.