Comunicado de la Comisión de Violencia de Género
Los posibles efectos negativos de la crisis económica sobre la prevención y persecución efectiva de la violencia de género se han confirmado. Las denuncias por violencia machista se han reducido en un 10% en el último año, a su vez las mujeres renuncian cada vez más a concluir los procesos judiciales, en 2012 un 12% de las mujeres que presentó denuncia la retiró después. La falta de dinero, la dificultad para hacer frente a las cargas familiares, la precariedad laboral y los recortes en prestaciones sociales han tenido un efecto que ya es constatable en la disminución de la persecución efectiva de estos delitos.
A las dificultades expuestas debe añadirse la disminución de servicios de apoyo a las mujeres y menores víctimas de esta violencia, ya que después de salir de un ámbito violento deben recuperarse de importantes pérdidas personales: emocionales, psicológicas y físicas, por lo que con frecuencia se precisa un apoyo social especifico.
La violencia de género no ha descendido, pero se ha incrementado la cifra oculta de mujeres que sufre violencia y no la denuncian. Los conflictos económicos en el hogar son un factor de riesgo muy importante, un detonante mas de la violencia machista.
Podemos concluir que el impacto de la crisis económica dificulta que las mujeres salgan del círculo de la violencia, lo que nos lleva a solicitar nuevamente el mantenimiento del gasto público para lograr el funcionamiento adecuado y la efectividad del sistema legal. Debemos mantener el apoyo prestado a las mujeres que sufren esta violencia e incrementar la atención y apoyo a los menores que han sido las victimas olvidadas de este fenómeno violento.
El 70,6% de las mujeres que están sufriendo episodios de malos tratos tienen hijos pequeños a su cargo, el 61,7% de los casos de violencia de género afectan directamente a los menores de edad presentes en el hogar y 8 niños ha quedado huérfanos en lo que va de año.
Es preciso que se implementen efectivamente unidades de valoración del riesgo integral, que examinen y valoren también a los menores, efectuando en sus informes las indicaciones y prescripciones profesionales que en cada caso sean mas adecuadas. Procede llevar a cabo un estudio riguroso, profesional e individualizado de las limitaciones y /o exclusiones de visitas, lejos de afirmaciones apriorísticas que pueden resultar en su aplicación gravemente perjudiciales para el menor.
La afirmación de que la violencia de género está muy extendida y no ha resultado erradicada por la aplicación de la Ley 1/2004 implica un desconocimiento profundo de la realidad y de los limites estructurales del sistema jurídico y del derecho penal. Las víctimas mortales de este tipo de violencia en 2.012, en su mayoría no habían presentado denuncia, cuatro tenían vigente una medida cautelar y ninguna llevaba colocado un dispositivo electrónico en forma de pulsera; además debemos tener en cuenta que no es posible exacerbar indefinidamente la efectividad del derecho penal para mejorar su rendimiento, por el contrario, la prevención eficaz de estos delitos no debe limitarse a los mecanismos del control penal, sino que debe buscarse en una mayor integración o sincronización de este tipo de control con los controles informales (valores sociales).
Lo dicho no merma la importancia de la correcta utilización de las categorías conceptuales, del adecuado tratamiento legal y de la atención y esfuerzo para conseguir un buen funcionamiento del sistema judicial y penal, que debe revisar sus categorías axiológicas y solicitar los medios precisos para una adecuada eficacia de las órdenes de alejamiento (unidades de valoración integral, adecuada coordinación, medios policiales y técnicos…).
Debemos insistir en la importancia de la respuesta del conjunto social para la efectividad de la aplicación del ordenamiento, ya que una norma despliega efectivamente sus efectos cuando se produce la aceptación general de la Ley. La prevención mas eficaz para este tipo de delitos necesita no sólo de la disuasión penal, sino que requiere también una intervención dinámica y positiva de toda la sociedad que neutralice las raíces y causas de esta criminalidad; no puede obviarse que el poder dentro de la relaciones, la connivencia social y legal, así como los roles adscritos culturalmente actúan como legitimadores del abuso que subyace en este tipo de violencia.
En esta línea queremos poner de manifiesto la importancia que La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) tendrá en esta materia, ya que la inclusión en la misma de la formación para la prevención de conflictos y para la resolución de los mismos, así como para comprender y respetar la igualdad de sexos resulta especialmente relevante, dado que la educación es un medio imprescindible para avanzar en la igualdad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de futuros casos de violencia.