Informe del Secretariado
La aprobación parlamentaria de la denominada ‘Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios’ no va a suponer mejoras sustanciales para las personas afectadas por el drama social de las ejecuciones hipotecarias. La reforma resulta insuficiente y en gran parte se centra en la adaptación obligatoria de nuestra legislación a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de marzo de 2013, en materia de protección al consumidor ante cláusulas abusivas. Además, la reforma legal parece orientarse en contra de otras resoluciones de la jurisdicción europea en materia de protección de los consumidores y en contra de numerosas medidas sobre nulidad de cláusulas abusivas en el ámbito bancario que se han adoptado en los últimos tiempos por nuestros juzgados y tribunales.
Desde Jueces para la Democracia consideramos que dicha reforma incrementa el distanciamiento entre la sociedad y sus instituciones, al no haber querido incorporar ni siquiera una mínima parte del espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que se había presentado con un amplio apoyo ciudadano. Y resulta reprochable que en un tema con consecuencias sociales tan importantes, en el que queda afectado el derecho fundamental a la vivienda, el Gobierno haya sido incapaz de alcanzar un amplio consenso con la mayoría de las fuerzas políticas. El resultado final ha sido decepcionante, al no aportar respuestas equilibradas a situaciones injustas y al apostarse por una sobreprotección de los intereses de las entidades bancarias.
La citada ley acuerda un aplazamiento de los lanzamientos hipotecarios que solo podrá beneficiar a un reducido porcentaje de afectados, que ha quedado delimitado con unos criterios arbitrarios. Y, al contrario, no se adoptan medidas eficaces de protección para la gran mayoría de deudores de buena fe que no puede pagar sus hipotecas, por lo que se seguirán produciendo los efectos negativos de decenas de miles de desalojos. Para paliar esta situación crítica hubiera sido aconsejable una moratoria que liberase de la obligación de afrontar el préstamo y sus intereses, durante un tiempo adecuado, a todas aquellas personas que acreditasen con criterios objetivos que son deudores de buena fe. Por otro lado, la negativa del Gobierno a establecer la dación en pago también muestra una notable falta de sensibilidad social, que resulta correlativa a las presiones de las entidades financieras.
Al mismo tiempo, tampoco se ha querido impulsar una legislación sobre insolvencia o sobreendeudamiento, que limite la responsabilidad patrimonial universal y permita a nuestros órganos jurisdiccionales la posibilidad de acordar quitas o aplazamientos de la deuda, como ocurre con las personas jurídicas en los procedimientos concursales. Esta falta de regulación contrasta con la legislación de casi todos los países europeos y condena a gran número de personas a la exclusión social y a la muerte civil. Además, dicha insensibilidad institucional va acompañada de la generosidad en la aportación de ingentes cantidades de fondos públicos a las entidades bancarias, a pesar de su conducta a menudo negligente y en ocasiones contraria a la buena fe, como se evidencia con las constantes informaciones que se difunden sobre irregularidades en su gestión.
Jueces para la Democracia reitera su apuesta por una legislación en materia hipotecaria que sea respetuosa con los derechos fundamentales y que incorpore los necesarios mecanismos de protección social. Por ello, lamentamos que se haya perdido una oportunidad muy adecuada para equiparar nuestras normas a las de los países de nuestro entorno, así como para establecer una regulación legal en el ámbito hipotecario verdaderamente equilibrada entre la ciudadanía y las entidades financieras.