El FMI ha reprochado que los jueces españoles estén perjudicando la reforma laboral con una interpretación restrictiva sobre los despidos. Con ello se pretende que nuestros tribunales actúen de acuerdo con unos objetivos económicos prefijados, sin tener en cuenta los derechos de las partes en los procedimientos laborales.

Desde Jueces para la Democracia queremos recordar que la jurisdicción social española resuelve jurídicamente los litigios con una ponderación adecuada de los legítimos derechos e intereses de las empresas y de los trabajadores, a través de las soluciones correctas jurídicamente para cada caso concreto. A pesar de las afirmaciones del FMI, no debe olvidarse que las personas no pueden ser tratadas como mercancías que están sujetas absolutamente a las leyes del mercado, por lo que su dignidad implica la protección de sus derechos fundamentales.

Con estas manifestaciones el FMI está sugiriendo la supresión del poder judicial en material laboral y la vuelta a las relaciones laborales del siglo XIX, cuando no existían derechos. Con sus pretensiones este organismo internacional parece querer convertirse en una divinidad de adoración obligatoria. Sin embargo, debemos poner de manifiesto que los jueces españoles únicamente están sometidos al imperio de la ley y de los principios constitucionales, según establece nuestro ordenamiento jurídico. Además, esta actuación judicial es la propia de un Estado Constitucional con división de poderes, en la que nuestros tribunales son la garantía ante cualquier vulneración de derechos,

Asimismo, resulta preocupante que organismos internacionales como el FMI pretendan presentar como soluciones técnicas e inevitables lo que son meras apuestas ideológicas desde una visión partidista de las relaciones económicas. Por otro lado, las afirmaciones del FMI sobre la actuación de nuestros tribunales carecen del más mínimo rigor, sin que se aporten datos objetivos para valorar la adecuación de las resoluciones judiciales en los casos concretos. .En todo caso, cualquier perspectiva sobre la situación económica puede ser muy respetable, siempre y cuando no se pretenda presionar a nuestros tribunales para que dicten resoluciones inconstitucionales.

Consideramos que las manifestaciones del FMI pretenden presionar a los magistrados de la jurisdicción social para que dicten sentencias en una determinada dirección, sin valorar las características de cada caso concreto, ni tampoco los derechos de las partes. Por ello, ante semejante injerencia  desde Jueces para la Democracia analizaremos pedir la intervención de la Organización Internacional del Trabajo y del Consejo Consultivo de Jueces Europeos. Asimismo, solicitamos que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie en defensa de la actuación independiente e imparcial de los magistrados españoles de la jurisdicción social. Y que se dirija expresamente al FMI para indicarle cuales son los deberes constitucionales de nuestros magistrados, entre los cuales no se encuentra el de seguir los dictados de ningún organismo económico internacional, por muy poderoso que este sea.

30 de enero de 2014

JOAQUIM BOSCH

Portavoz de Jueces para la Democracia