Jueces para la Democracia, a raíz de las declaraciones realizadas en el día de ayer por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el Congreso de los Diputados, al ser interpelado sobre la proyectada modificación de la ley del aborto, quiere hacer constar hoy, 8 de marzo que, a nuestro juicio, no es aceptable que se desenfoque la cuestión del aborto en el modo en que hemos escuchado hacer en el día de ayer al responsable ministerial.
En primer lugar y en relación a la terminología utilizada, se sigue en la escalada ya iniciada y que evidencia una estrategia de confusión terminológica sobre el concepto de violencia de género, concepto que ha sido asumido en virtud de los compromisos internacionales por quienes han venido legislando hasta la fecha. Las manifestaciones del Ministro sirven para minar los esfuerzos en orden a visibilizar la violencia machista y castigar sus diversos efectos. Frivolizan así una terrible realidad que deberían contemplar con la máxima seriedad.
En segundo lugar, una vez más, se intenta trasladar a la opinión pública la idea de que las mujeres no somos capaces de decidir cuándo, cómo y con quién queremos ser madres. Una vez más se dice querer protegernos, porque se nos quiere mostrar incapaces para defendernos. Consideramos tal planteamiento de base inaceptablemente paternalista.
Si trataba de aludir, con evidente mala fortuna, al hecho de que las mujeres abortan, en ocasiones, porque la situación económica, laboral y social que las rodea interfiere en una decisión que debería estar libre de tales condicionantes, la solución no sería nunca la modificación de una ley que ha permitido alcanzar un nivel de seguridad jurídica y certeza legal ausente hasta ese momento en nuestro ordenamiento jurídico, sino la adopción de medidas legales y estructurales oportunas para evitar despidos por el hecho de que la trabajadora esté embarazada; para que la maternidad no sea obstáculo en la promoción profesional; para que la angustia de no saber si podrá alimentar a la criatura que espera no surja, porque puede confiar en que el Estado no recortará las ayudas sociales y mantendrá o incluso mejorará las estructuras que le permitan sobrevivir con un mínimo de dignidad en su condición de madre.
El recortar, aún más, el derecho a decidir sobre la maternidad, criminalizando y sancionando penalmente a las mujeres que toman la difícil decisión de abortar, modificando la ley del aborto y el código penal actualmente vigente y estrechando nuevamente el ámbito de decisión en la materia, ahonda de manera evidente en la desigualdad, en la consideración como seres inferiores de las mujeres: por quien es inferior decides, a quien es inferior violentas impunemente. Contrariamente a lo que mantiene el Ministro, su proposición refuerza el maltrato estructural, y algunas de sus declaraciones resultan diametralmente opuestas incluso a la defensa de los derechos de las mujeres.
El Secretariado
8 de marzo de 2012