El tema de la Violencia de Género es un tema complejo que requiere una atención constante y la solidaridad permanente de todos los organismos oficiales y sociales para intentar acabar con un tipo de Violencia intolerable que sufren miles de mujeres en nuestra sociedad.

Los esfuerzos desde todos los estamentos para atacar este fenómeno son cada vez mayores, y deben seguir aumentando con todas las medidas que nos permitan dar a todas esas mujeres la protección y el apoyo que precisan en el camino hacia su libertad.

El uso de este tema como arma propagandística simplifica el problema y sólo sirve para desenfocar los esfuerzos que debemos realizar conjuntamente, siendo lamentable que en ocasiones responsables políticos parezcan más preocupados del titular que se obtenga en la prensa que de la aportación que realmente pueda suponer la propuesta realizada.

En concreto el anuncio por la Ministra de Sanidad de una propuesta para que una supuesta reforma permita la retirada de la custodia a las personas condenadas o inculpadas por maltrato supone un nuevo paso en la misma línea.

En primer lugar, existen ya mecanismos que permiten esa retirada en los casos en los que las circunstancias del caso aconsejen su adopción. La propuesta no introduce un nuevo instrumento y anunciarlo así es manipular la realidad.

En segundo lugar, anunciar esa reforma sólo supone dar la sensación a las personas afectadas por esos difíciles procesos de que en estos momentos no están suficientemente protegidas.

Aumenta de forma innecesaria la sensación de inseguridad cuando no es cierto que las medidas legislativas ya en vigor no permitan otorgar la defensa necesaria.

En tercer lugar, es un paso más en la escalada de medidas precipitadas y goteadas que requerirá un nuevo anuncio cuando se haya pasado el efecto del ahora realizado. Tal dinámica de constantes anuncios de pequeñas reformas produce confusión jurídica y hace menos operativos los mecanismos que realmente existen

En cuanto lugar, esconde que el problema no reside en estos momentos en las previsiones legales, sino en la necesaria inversión en medios que provoquen cambios materiales en la vida cotidiana de las personas que sufren esas injustas situaciones. No se puede camuflar la dificultad para invertir en servicios sociales remitiendo cualquier problema a una reforma legislativa en el ámbito penal.

En quinto lugar, olvida la propuesta que existen muchas conductas, de muy diversa entidad, que merecen la calificación de violencia de género. Dando la misma respuesta a todas ellas se producen situaciones concretas injustas, que muchas veces son así percibidas por las propias mujeres, aumentando su desconfianza en un sistema que no le permite espacios de decisión autónomos.

Por todo ello, reclamamos seriedad en la aportación de propuestas sobre un tema tan sensible como la Violencia de Género, y que se abandone el sistemático anuncio de reformas legislativas con resonancias de importancia que carecen de contenido real para solventar tal fenómeno.

 El Secretariado

Madrid a 26 de noviembre de 2010