El Secretariado de Jueces para la Democracia (JpD) entiende que el Ministerio de Justicia ha manipulado las cifras de jueces para aparentar un éxito donde sólo hay una inaceptable reducción en la creación de plazas de magistrado que supone un incumplimiento del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia.
El Ministerio de Justicia pretende que España es el país europeo con mayor número de jueces, porque suma a los 4.029 jueces profesionales otros 7.678 jueces de paz, cuya función sentenciadora es casi inexistente. De esta forma nos coloca delante de Alemania, Francia o Inglaterra cuando la realidad es que si se comparan exclusivamente el número de jueces profesionales, España está al final de la Unión Europea. Los números reales, y no maquillados, suponen que en Europa hay un juez por cada ocho mil habitantes, mientras que en España hay uno por cada 11.000 habitantes y en algunos territorios, como Andalucía, llega incluso hasta por cada 13.000. Por lo tanto en España no hay 28,69 jueces por cada cien mil habitantes, como afirma el Ministerio de Justicia, sino solo 9,75, lo que nos sitúa a la cola de los países desarrollados.
Por otra parte la afirmación contiene otros errores de bulto que conducen a dar una imagen falsa del problema. Así, cuando se dice que en Gran Bretaña hay 4,5 jueces por cada cien mil habitantes se hace una comparación inadmisible ya que el sistema judicial británico es muy complejo y de difícil comparación con el continental europeo. No se explica que en Inglaterra solo entre un diez y un quince por ciento de los jueces son profesionales y se olvida que la administración de justicia en ese país descansa sobre magistrados no profesionales que trabajan con el asesoramiento de juristas profesionales.
Tampoco se puede admitir acríticamente la comparación con el sistema judicial de los Estados Unidos ya que la organización es distinta allí en los distintos estados y comprende cargos de designación política o electiva que no pueden compararse con nuestro sistema. Finalmente en el caso de Francia no se explica que no se incluye en la comparación la justicia contencioso-administrativa que en Francia depende del Consejo de Estado ni la existencia de jueces no profesionales en la primera instancia mercantil donde actúan como jueces los propios comerciantes, ni la laboral donde juzgan los Conseils de Prudhomes de naturaleza paritaria entre sindicatos y organizaciones patronales.
Incluso en nuestro vecino país, Portugal, el número de jueces es de 1.600 para 11 millones de habitantes, cuando en España es de 4.000 para más de 40 millones.
CARGA DE TRABAJO EXCESIVA
A esa realidad se añade que, según el CGPJ, hay casi cuatrocientos juzgados y tribunales que trabajan un 175 % de lo que correspondería a una situación ideal, de forma que la falta de jueces se suple con un importante esfuerzo adicional de los que ya existen, que tienen que trabajar un 75 % por encima de lo que es razonable.
Al sumar a los jueces profesionales los jueces legos, el gobierno sólo trata de esconder que en el año 2003 apenas se crearán treinta plazas, rompiendo el compromiso adquirido en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia en el que se comprometía a incrementar el número de jueces a una media de 120 al año.
Esa imprevisión gubernamental es aún más contradictoria cuando hay en la Escuela Judicial dos promociones de jueces en formación que ascienden a casi 500 futuros jueces, algunos de las cuales no tendrán plaza porque, al parecer de Jueces para la Democracia, la cicatería del Ministerio de Justicia impide que se creen los juzgados y plazas precisas para que todos ellos, que han pasado por un largo y fructífero periodo de formación, puedan atender a los ciudadanos con la mayor prontitud.
4 de Enero de 2003