Jueces para la Democracia lamenta la decisión adoptada por los ministros de Asuntos Exteriores europeos de permitir acuerdos bilaterales con Estados Unidos que concedan inmunidad al personal diplomático, civil y militar, de ese país ante la Corte Penal Internacional.
Este tribunal se pone en marcha a primeros de julio de este año fruto de un compromiso serio de un buen número de países para perseguir de manera decidida crímenes contra la humanidad, estableciendo unas reglas de juego a las que todos se someten sin excepción. Es, sin duda, un útil instrumento para la protección de los derechos y libertades básicos del ser humano, reaccionando de manera drástica contra aquellos comportamientos ominosos de quienes imponen el terror genocida, cualesquiera que sea la razón que les anime, de quienes atentan contra los valores primarios del ser humano libre.
Que ahora se permita la exclusión al enjuiciamiento de nacionales de un país que ha demostrado con su actitud ante la creación de la CPI no estar nada sensibilizado con la razón universal que la anima, es, sin duda, una preocupante concesión del espíritu que insufla a este tribunal que puede calar hondo, desactivándola, en la compleja empresa internacional iniciada por países que abiertamente asumen su Estatuto con todas sus consecuencias y de otros que, próximamente, podrían incorporarse acatándolo sin excepción alguna.
En suma, la decisión adoptada esta semana por la Unión Europea en aras de un aparente “posibilismo” diplomático que permita la futura incorporación de EEUU a la CPI, le parece a Jueces para la Democracia un paso atrás en la decidida tarea de globalizar los derechos y libertades del hombre en un mundo en que la tiranía necesita una reacción común firme, decidida y radical de los países realmente comprometidos con la dignidad humana, tarea en la que desde el principio debieran de haber estado quienes dicen defender -hasta con las armas- la libertad y la democracia, incorporación debida por la ética universal de los valores humanos que es difícilmente conciliable con las discriminatorias pretensiones de ciega inmunidad que piden y que, en buena parte, han conseguido imponer.
Madrid, a 3 de octubre de 2002