El ministro de Justicia ha dicho que su departamento no colaborará al suicidio de los reclusos de los GRAPO en huelga de hambre. Esta afirmación se produce como respuesta a la opción de tres jueces de Vigilancia Penitenciaria por respetar la decisión personal de los internos frente a la posibilidad de una alimentación forzada.
En vista de esa declaración Jueces para la Democracia desea hacer llegar a la opinión pública lo siguiente:
1.- Que estima legal y legítimo el uso de una política penitenciaria de dispersión geográfica de los internos.
2.- Este reconocimiento no puede significar la aprobación de cualquier medida al respecto, sino tan sólo de aquellas que se produzcan en el respeto de los derechos que la vigente legislación garantiza a quienes se encuentran judicialmente privados de libertad. En tal sentido no cabe desconocer que la forma concreta de ejecución de esa política penitenciaria no siempre responde a tales exigencias de principio, en la medida en que se proyecta con innecesaria dureza sobre la situación personal de los afectados.
3.- Las decisiones de los jueces de Vigilancia que han merecido la alusión del ministro se han adoptado en todos los casos dentro del ámbito de sus respectivas competencias y en el respeto absoluto de todas las exigencias de fondo y de forma a que debe responder una resolución judicial. Por ello deben ser respetadas y obedecidas por la Administración Penitenciaria.
4.- Por lo mismo se considera inaceptable la pretensión del ministro de desplazar sobre los jueces de Vigilancia Penitenciaria la responsabilidad de las consecuencias que pueda tener la decisión adoptada por los internos en huelga, que corresponde a ellos en exclusiva.
5.- Esta es la razón por la que Jueces para la Democracia renuncia a entrar en ese juego de culpabilizaciones gratuitas y llama a las instancias implicadas a un cuidadoso uso de sus atribuciones y a un sereno y riguroso ejercicio de su deber de información a la opinión pública.
Madrid, 13 de Enero de 1.990
EL SECRETARIADO