Diversos representantes de la esfera judicial reclaman medidas más contundentes que sirvan para poner fin a las continuas revelaciones de procesos que se encuentran bajo secreto en los tribunales.
Expansión. 6.12.2011
Las filtraciones judiciales se han convertido en una práctica cada vez más frecuente. Casos de corrupción política, procesos de sucesos escabrosos o investigaciones judiciales en marcha son, a menudo, objeto de divulgación aun cuando ha sido decretado el secreto de las actuaciones y ni siquiera las partes conocen el contenido de las mismas.
Estas situaciones dan lugar a juicios paralelos y "penas de banquillo" que pueden provocar indefensión a los implicados. Por ello, son muchas las voces del mundo de la Justicia que reclaman una mayor regulación al respecto.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha explicado a EXPANSIÓN que resulta "imprescindible y urgente" la regulación del secreto de sumario.
No obstante, ha puntualizado que no sólo debería hacerse "para evitar filtraciones, sino para dotar a los jueces de un instrumento legal que les permita conjugar algunos de El CGPJ considera "imprescindible y urgente" la regulación del secreto de sumario los derechos puestos bajo su custodia: el de los ciudadanos a la información, pero también el de los imputados a la intimidad, a la propia imagen y a un proceso justo; a ser juzgados por un tribunal de Justicia con todas las garantías previstas en la Constitución Española".
Las asociaciones de jueces también se quejan. Así, Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, explica que "resulta inadmisible" la filtración de información por parte de los LA CLAVE Casos como 'Campeón', 'Gürtel', o el de la Fundación Nóos están provocando un alto grado de inquietud en el sector Justicia que podría retomarla idea de reforzar las medidas de lucha contra las filtraciones judiciales.
El principal problema es cómo detectar quién ha realizado la filtración para poder sancionarle profesionales que intervienen I en el proceso. Llarena considera que los responsables de tales actos "deberían ser fuertemente sancionados por la divulgación anticipada o selectiva del contenido de las investigaciones y sujetos además al pago de elevadas indemnizaciones por estas precipitadas intromisiones en la imagen y credibilidad de los investigados".
Por su parte, José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia, reclama una reforma legal que clarifique las deficiencias de la regulación vigente. Recuerda que en la tramitación parlamentaria de la Ley de agilización procesal se introdujeron enmiendas que apuntaban en este sentido. El objetivo era modificar el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar las garantías del secreto de sumario, pero la propuesta no prosperó.
Ya está regulado
José Luis González Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria, cree que existe un alto riesgo de juicios paralelos al filtrarse información a los medios de comunicación antes de tiempo.
Sin embargo, en su opinión, este ámbito ya está suficientemente regulado y ninguna modificación va a poder reforzar el secreto de sumario porque ya existe "una obligación moral y legal de las paites de reserva de las actuaciones y también están previstas sanciones".
El problema, explica, está en descubrir al responsable de una filtración, algo que resulta complicado.
En la misma línea se expresa la Fiscalía. María Antonia Sanz, teniente fiscal de la Secretaría Técnica, ha explicado a este periódico que el obstáculo para atajar este tema no está en la regulación actual sino en la dificultad de detectar quién ha realizado la filtración en un juzgado en el que trabajan muchas personas con acceso a toda la información.
En cuanto al tenor de una posible reforma, según Gabriela Bravo, la regulación que reclama el CGPJ "no sólo busca impedir las filtraciones periodísticas, sino que ha de resolver otros muchos problemas que surgen de la colisión de derechos fundamentales". Propuestas para solucionar en una reforma
La posible reforma que se pueda promover para evitar las filtraciones de los sumarios tiene varias vertientes. Según explica Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se resolverían problemas como el de "aquellas personas investigadas en un sumario declarado secreto para las partes, pero que no lo es para los lectores del medio de comunicación que, pese a conocer la restricción de la publicidad acordada por el juez, explota la primicia" Bravo denuncia que, en estos supuestos, al imputado sólo le queda el recurso de leer dicho medio para saber por qué es investigado, ya que el secreto le impide acceder al sumario para defenderse. El Consejo General de la Abogacía Española apunta que para evitar filtraciones en los procesos en los que el sumario está bajo secreto se debería aplicar estrictamente la legislación actual y establecer las mejoras necesarias para evitar la denominada "pena de banquillo". En este sentido, señala que "cualquier modificación que se realice debería tener en cuenta en todo momento la 'igualdad de armas' entre fiscalía y abogado para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, que debería articular todas las garantías constitucionales de los investigados".