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La investigación
penal que realiza el magistrado José Castro y
que afecta a personas cercanas a la Casa Real ha estado
acompañada de numerosas circunstancias que son
especialmente negativas para la actuación de
una justicia independiente. El juez instructor ha sufrido
presiones de todo tipo, seguimientos personales y también
el desprestigio continuado de diversos medios de comunicación.
A pesar de ello, Castro ha llevado a cabo un esfuerzo
profesional considerable para impulsar una causa muy
compleja, en la que se investigan supuestos delitos
de blanqueo de capitales, delito fiscal, tráfico
de influencias y delitos societarios.
En el citado contexto, la Fiscalía
ha emitido un escrito en el que asegura, entre otras
afirmaciones, que Castro se apoya en una teoría
conspiratoria absurda y denigrante para avalar la imputación
de la Infanta Cristina. Sin embargo, la Fiscalía
no ha presentado recurso contra el auto de imputación,
a pesar de que reiteradamente se ha mostrado en contra
de la misma.
Desde Jueces para la Democracia consideramos
que dichos ataques al magistrado instructor se apartan
del legítimo debate jurídico y objetivamente
contribuyen a incrementar las presiones sobre el juez
instructor, al cuestionarse su actuación independiente
sin fundamento alguno. Si la Fiscalía está
en desacuerdo con el auto de imputación de la
Infanta Cristina, lo que debe hacer es presentar el
correspondiente recurso. Todas las resoluciones judiciales
pueden ser objeto de crítica, pero lo que no
resulta admisible son las descalificaciones e insinuaciones
veladas hacia el juez que las dicta. Presiones de este
tipo no despiertan, por otra parte, la confianza de
la ciudadanía en el recto y autónomo funcionamiento
de la institución fiscal, pudiendo ver con justificado
recelo el hecho de que se atribuya al Ministerio Público
la dirección de la fase de investigación
en el modelo que diseña el proyecto de Código
Procesal Penal, aún en tramitación.
Además, este tipo de observaciones
de la Fiscalía contribuyen de forma injustificada
a erosionar la confianza de la ciudadanía en
nuestro sistema judicial. Estas actitudes son necesariamente
reprochables con independencia de su origen. Pero el
reproche debe ser mayor si proceden de un órgano
público que debe actuar con respeto institucional
hacia la actuación independiente de un juez instructor.
Por ello, desde Jueces para la Democracia reclamamos
al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General
del Estado que adopten todas las medidas necesarias
para que no siga produciéndose ninguna forma
de presión hacia José Castro, a quien
apoyamos en el ejercicio de su independencia judicial.
17 de enero de 2014
SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA
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