La Audiencia
Nacional ha dictado sentencia en la que acuerda la absolución
de diversos acusados de participar en una serie de protestas
ante el Parlament de Catalunya. La citada resolución
ha provocado toda una serie de descalificaciones por
parte de políticos y de determinados medios de
comunicación hacia la sección que ha dictado
dicha sentencia, en especial hacia el ponente Ramón
Sáez.
Desde Jueces para la Democracia consideramos
que las sentencias deben ser objeto de crítica,
preferentemente con argumentos jurídicos. Sin
embargo, estas descalificaciones no se han visto acompañadas
de valoraciones jurídicas, sino que han consistido
especialmente en ataques personalizados y en adjetivaciones
individualizadas. Además, las descalificaciones
al magistrado ponente han ido acompañadas de
comentarios tendenciosos sobre otras resoluciones anteriores
en las que ha participado. Estas críticas resultan
claramente injustificadas y olvidan que esta sentencia
y las anteriores han sido siempre acordadas con la opinión
favorable de otros magistrados, habitualmente por unanimidad.
Resulta preocupante que desde el poder
político y desde otros ámbitos se pretenda
utilizar a la judicatura como un instrumento de sus
aspiraciones, con unos objetivos a menudo poco disimulados
de que el poder judicial dicte sentencias ejemplarizantes
para servir a dichos fines. Sin embargo, en un Estado
de Derecho la judicatura debe actuar con plena independencia
en los procesos y limitarse a aplicar las leyes y los
principios constitucionales. Debe recordarse que en
la sentencia sobre las protestas ante el Parlament el
tribunal consideró que no había quedado
acreditado que los acusados hubieran participado en
los delitos por acciones concretas por los que se formulaba
acusación. Y que la mera participación
en las protestas quedaba amparada por derechos fundamentales,
como la libertad de expresión y el derecho de
manifestación.
Dicha sentencia cumple ampliamente
el principio de motivación. Sin duda, la misma
puede ser impugnada con razonamientos jurídicos
y puede ser confirmada o revocada por otro tribunal
independiente. Lo que no resulta admisible es que se
ataque la independencia judicial por el hecho de que
cualquier resolución no se ajuste a determinados
intereses. Por ello, desde Jueces para la Democracia
pedimos respeto a la independencia judicial y al principio
de separación de poderes que resulta inherente
a nuestro Estado de Derecho.
14 de julio de 2014
SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA
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