1.- El Tribunal de Cuentas no ha efectuado ninguna recomendación para que no se renueve el seguro de responsabilidad civil. Se ha limitado a poner de manifiesto que concurren opiniones favorables y desfavorables sobre la existencia de dicha póliza. Y únicamente ha recomendado lo que se encuentra en el ámbito de sus competencias, es decir, que la contratación debe estar precedida de informes previos que justifiquen su celebración, lo cual hace presuponer su existencia y no su supresión.

2.- La contratación de esta póliza está vinculada especialmente a la independencia judicial. Se trata de una cobertura de la responsabilidad civil profesional, que resulta más que justificada en situaciones de enorme sobrecarga de trabajo, pues los propios órganos del CGPJ han dictaminado que la gran mayoría de los órganos judiciales se encuentran desbordados y están trabajando muy por encima de la carga de trabajo prevista como razonable.

3.- Todo tipo de empleados públicos cuentan con esta cobertura de su responsabilidad civil, que ha sido asumida por las administraciones competentes. Sin embargo, el CGPJ suprime la de la judicatura, que todavía está más justificada desde la perspectiva de un principio constitucional como el de la independencia judicial, básico en un Estado de Derecho. Una vez más el CGPJ es incapaz de cumplir con sus funciones constitucionales de máximo garante de la independencia judicial. Y vuelve a provocar dudas sobre la necesidad de su existencia si es incapaz de cumplir dichas funciones.

4.- La contratación de la póliza estaba vinculada a la existencia de responsabilidad civil directa en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, en los términos de los artículos 297 y 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicha regulación no tiene equivalente en ningún ámbito de la administración pública y resulta contraria a las recomendaciones del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos. Ahora el CGPJ suprime una medida paliativa contra esta situación discriminatoria y desproporcionada, pero al mismo tiempo es incapaz de impulsar iniciativas contra esta responsabilidad civil directa.

5.- Reclamamos a los vocales del CGPJ que revisen en el pleno una decisión precipitada, injusta y desafortunada. Y que demuestren una mayor sensibilidad hacia la independencia judicial de la que ha mostrado la Comisión Permanente.

6.- Lamentamos que se sigan adoptando decisiones de relevancia sin el más mínimo debate previo y sin contar con la opinión de las asociaciones judiciales ni del conjunto de la judicatura. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se limitó a celebrar una reunión inicial protocolaria con los representantes judiciales y nunca más ha vuelto a contactar para dialogar sobre los numerosos problemas que afectan al colectivo judicial. Decisiones como la supresión de la póliza de responsabilidad civil muestran que las preocupaciones del CGPJ son muy ajenas a las inquietudes de quienes a diario trabajamos en condiciones cada vez más deterioradas.

6 de noviembre de 2014

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA