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El 11
de octubre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó
el Anteproyecto de Reforma del Código Penal,
sin duda el más regresivo de la historia de la
democracia por su desproporcionada crueldad, remitiéndolo
a los órganos competentes para la elaboración
de los preceptivos informes conforme a la legislación
vigente. Tras recabar los informes del Consejo General
del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, el día
4 de abril de 2013 se remitió al Consejo de Estado,
último órgano informante. Sin embargo,
el texto remitido no es el mismo informado por el Consejo
General del Poder Judicial ni por el Consejo Fiscal.
Por el contrario, se trata de un texto que incluye numerosas
novedades sustanciales. Huelga decir que una vez emita
informe el Consejo de Estado, el nuevo texto será
aprobado por el Consejo de Ministros como Proyecto de
Ley para su envío como iniciativa legislativa
al Congreso de los Diputados.
El Gobierno pone de relieve, nuevamente, su más
absoluto desprecio hacia las reglas procedimentales.
Con su modo de proceder, hurta al Consejo General del
Poder Judicial y al Consejo Fiscal la posibilidad de
emitir informe sobre las novedades incluidas en el texto,
violando con ello el artículo 108.1.f) de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
El escaso respeto que al ejecutivo y al grupo parlamentario
que lo sustenta les merece el órgano de gobierno
de los Jueces ha quedado claro mediante la suspensión
ad hoc de la normativa que regulaba el proceso de elección
de vocales del Consejo General del Poder Judicial, y
mediante la proyectada reforma de este último,
en trámite parlamentario, que lo jibariza para
impedir que desempeñe su función de garante
de la independencia judicial.
Este nuevo paso patentiza algo más, la evidencia
de un salto cualitativo. La democracia se articula sobre
la base de un conjunto de reglas que nos dicen cómo
deben adoptarse las decisiones colectivas. Ciertamente,
para que un estado sea verdaderamente democrático,
no basta con el cumplimiento de tales reglas. Además
es necesario que la legislación y la acción
de gobierno se ajusten al programa de valores de la
Constitución, lo que siempre es susceptible de
controversia y distintos puntos de vista. Ahora bien,
lo que no es discutible es que si las reglas se incumplen,
el sistema deja de ser democrático. Esto es lo
que, con honda preocupación, constatamos que
se está produciendo. Y por ello, como asociación
judicial defensora de los principios democráticos,
queremos llamar nuevamente la atención de la
opinión pública.
Madrid, a 17 de mayo de 2013.
El Secretariado de Jueces para la Democracia.
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