El 11 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Reforma del Código Penal, sin duda el más regresivo de la historia de la democracia por su desproporcionada crueldad, remitiéndolo a los órganos competentes para la elaboración de los preceptivos informes conforme a la legislación vigente. Tras recabar los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, el día 4 de abril de 2013 se remitió al Consejo de Estado, último órgano informante. Sin embargo, el texto remitido no es el mismo informado por el Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo Fiscal. Por el contrario, se trata de un texto que incluye numerosas novedades sustanciales. Huelga decir que una vez emita informe el Consejo de Estado, el nuevo texto será aprobado por el Consejo de Ministros como Proyecto de Ley para su envío como iniciativa legislativa al Congreso de los Diputados.
El Gobierno pone de relieve, nuevamente, su más absoluto desprecio hacia las reglas procedimentales. Con su modo de proceder, hurta al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal la posibilidad de emitir informe sobre las novedades incluidas en el texto, violando con ello el artículo 108.1.f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El escaso respeto que al ejecutivo y al grupo parlamentario que lo sustenta les merece el órgano de gobierno de los Jueces ha quedado claro mediante la suspensión ad hoc de la normativa que regulaba el proceso de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, y mediante la proyectada reforma de este último, en trámite parlamentario, que lo jibariza para impedir que desempeñe su función de garante de la independencia judicial.
Este nuevo paso patentiza algo más, la evidencia de un salto cualitativo. La democracia se articula sobre la base de un conjunto de reglas que nos dicen cómo deben adoptarse las decisiones colectivas. Ciertamente, para que un estado sea verdaderamente democrático, no basta con el cumplimiento de tales reglas. Además es necesario que la legislación y la acción de gobierno se ajusten al programa de valores de la Constitución, lo que siempre es susceptible de controversia y distintos puntos de vista. Ahora bien, lo que no es discutible es que si las reglas se incumplen, el sistema deja de ser democrático. Esto es lo que, con honda preocupación, constatamos que se está produciendo. Y por ello, como asociación judicial defensora de los principios democráticos, queremos llamar nuevamente la atención de la opinión pública.

Madrid, a 17 de mayo de 2013.

El Secretariado de Jueces para la Democracia.