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13.02.13
| 18:02h. EUROPA PRESS | MADRID
JpD advierte al ministro de Justicia que los magistrados
continuarán con la convocatoria de huelga del
20 de febrero
Las asociaciones de jueces han valorado este miércoles
con "cautela" la decisión del Gobierno
de "reconsiderar" su postura inicial sobre
las tasas judiciales y abrir la puerta a modular e incluso
bajar algunas de ellas y han advertido que si fuera
una "tomadura de pelo" para evitar la interposición
del recurso de inconstitucionalidad, sería "poco
adecuado".
"En el caso de que sea una tomadura de pelo simplemente
para evitar que se cumpla el plazo del 21 de febrero
y no interponer por parte de la Defensora del Pueblo
el recurso de inconstitucionalidad, me parecería
algo poco adecuado por no decirlo más gruesamente",
ha manifestado el portavoz de Foro Judicial Independiente
(FJI), Ángel Dolado, en declaraciones a Europa
Press.
Así se ha expresado Dolado, después de
que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
haya indicado tras reunirse con la Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril, que el Gobierno va a establecer, siguiendo
sus recomendaciones, modulaciones a la baja "en
las tasas para supuestos concretos y en situaciones
muy determinadas".
"Valoro positivamente el anuncio que se ha hecho,
siempre y cuando sea sincero y recoja las propuestas
que le ha hecho la Defensora del Pueblo. ¡Que
no sea simplemente una nueva promesa a incumplir, como
nosotros ya tenemos reconocido en otras ocasiones!",
ha enfatizado Dolado.
En esta línea, ha insistido en que si Ruiz-Gallardón
"ha dicho que mejora la Ley, que disminuye las
tasas proporcionalmente a unos niveles adecuados e incluso
las elimina en ciertas materias que le ha indicado la
Defensora del Pueblo", a su juicio, el ministro
de Justicia "tendrá el aplauso, porque de
sabios es rectificar, de lo que es el colectivo de jueces".
"Si eso es así, chapó y adelante",
ha subrayado.
NO HAY "NINGÚN DOCUMENTO ESCRITO"
Por su parte, el portavoz de la asociación de
Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha matizado
que "hay que valorar con cautela esas valoraciones
del ministro Gallardón" porque no existe
"ningún documento escrito, sino unas simples
reflexiones". "No ha quedado concretado en
qué sentido se produciría ese cambio o
esa modificación legal y además ello se
realiza en el contexto de una convocatoria de huelga,
que va a tener lugar dentro de una semana", ha
advertido.
"A la vista de las actitudes precedentes de Gallardón
en las que ha asumido una serie de compromisos que luego
no han sido cumplidos, creemos que no nos merecen suficiente
confianza sólo esas valoraciones, sino que deberíamos
tener algún tipo de documento, en donde por escrito
se reflejara realmente el tipo de modificación
y cuál es el alcance de la misma", ha insistido,
al tiempo que ha advertido de que mientras esto no sea
así, las asociaciones de jueces y fiscales mantendrán
la convocatoria de huelga para el próximo 20
de febrero.
Además, Bosch ha opinado que la respuesta del
titular de la cartera de Justicia pone de manifiesto
la "razón" que tenían quienes
acusaban al Ministerio de Justicia "de precipitación,
de improvisación, de falta de análisis
del problema real que generaba, cuando poco más
de dos meses después de aprobada una Ley en vigor
se está replanteando su posible modificación".
"Es un ejemplo más de una forma desastrosa
de legislar, sin analizar los problemas, con prisas,
sin escuchar a los interlocutores ni a los representantes
del mundo de la justicia ni al resto de la sociedad",
ha aseverado.
"Desde JpD estamos en contra de la reforma y, por
lo tanto, creemos que lo procedente sería la
derogación de las tasas porque no son necesarias,
limitan el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, por lo que pueden ser inconstitucionales,
y no había ninguna demanda o necesidad social
para que fueran aprobadas", ha explicado.
CUANTÍAS "MÁS NORMALES"
Asimismo, el miembro del Comité Ejecutivo Nacional
de la Asociación Profesional de la Magistratura
(APM) Antonio Piña ha aclarado que "cualquier
rectificación que se haga para ajustar"
las tasas judiciales "a unas cuantías más
normales", a su juicio, es "absolutamente
aconsejable" porque entiende que "determinadas
cuantías pueden afectar de forma directa al derecho
de acceso a la justicia".
No obstante, Piña ha recordado que la APM "siempre"
ha mantenido "la necesidad de establecer unas tasas
de carácter disuasorio", pero de "escasa
entidad y centralizadas en aquellas jurisdicciones en
las cuales se observase una disfunción que las
hiciese necesarias". "Con lo que nunca hemos
estado de acuerdo es con las cuantías, en las
cuales se fijaron las tasas por parte del ministro en
la Ley", ha señalado.
"Entendemos que cuando las tasas tengan una cuantía
que imposibilite acceder de una forma normal a la jurisdicción
no son admisibles. Hay estadísticas de lo que
han afectado las tasas en determinadas jurisdicciones
y habría que valorar si esa disminución
de asuntos se debe a un motivo coyuntural o a las propias
tasas que impiden acceder de forma normal a la justicia.
En esos casos habría que corregirlas", ha
concluido Piña.
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