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Jueces
para la Democracia apoya las concentraciones que se
celebrarán el próximo 20 de noviembre
contra las tasas judiciales, convocadas por el Consejo
General de la Abogacía. Dichas concentraciones
tendrán lugar ante las sedes judiciales, al cumplirse
un año desde la aprobación de las tasas.
En este tiempo se han producido los perniciosos efectos
que ya anunciamos en su momento.
La reducción de la litigiosidad
en la jurisdicción contencioso-administrativa
y en la jurisdicción civil se ha producido a
costa de excluir del sistema judicial a amplios sectores
de la sociedad, pertenecientes a la clase media y a
la clase trabajadora, a los que se ha discriminado por
motivos económicos. En estos casos las tasas
judiciales han impedido ejercer el derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva. Al contrario, las grandes
empresas, las entidades bancarias o los grandes patrimonios
no han tenido ningún problema para acceder a
la jurisdicción.
Por otro lado, el Gobierno y el ministro
Ruiz Gallardón han incumplido su compromiso de
que el dinero de la recaudación de las tasas
serviría para mejorar la asistencia jurídica
gratuita. Ha quedado confirmado que la partida relativa
al turno de oficio ha sido congelada en los presupuestos
de Justicia para 2014 que el Gobierno ha presentado
al parlamento, por lo que ninguna cantidad procedente
de las tasas se ha utilizado para mejorar esta partida.
Del mismo modo, tampoco los ingresos de las tasas han
servido para mejorar nuestras infraestructuras judiciales,
pues el presupuesto general de Justicia ha sufrido una
importante reducción.
Todo ello nos demuestra que las tasas
judiciales tenían una doble finalidad. Por un
lado, un objetivo puramente recaudatorio, pues los ingresos
de las tasas han ido directamente a las arcas estatales
para cubrir los desfases de otras partidas presupuestarias
ajenas a Justicia. Por otro lado, las tasas han servido
especialmente para diseñar una Justicia al alcance
de quienes puedan pagársela, lo cual supone una
privatización del servicio público que
resulta incompatible con la naturaleza del mismo. El
resultado más preocupante es la limitación
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva,
que esperamos que sea apreciada por el Tribunal Constitucional.
En consecuencia, desde Jueces para la Democracia seguimos
reclamando la derogación de la Ley de Tasas Judiciales
y anunciamos nuestra participación en las concentraciones
del próximo 20 de noviembre.
6 de noviembre de 2013
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