Desde Jueces para la Democracia queremos recordar que el gobierno propone una reforma que intenta subordinar el poder judicial al poder ejecutivo. El ministro Gallardón plantea limitar al mínimo las competencias del órgano de gobierno de los jueces, con la finalidad de reservárselas el Ministerio de Justicia y limitar la independencia judicial. Esa reforma se está tramitando de espaldas al conjunto de la judicatura, de las asociaciones judiciales y del Consejo General del Poder Judicial. Y ha provocado el rechazo unánime de todas las sensibilidades de la carrera judicial, como lo demuestra el hecho de que todas las asociaciones judiciales hemos anunciado actos de protesta y de que los decanos están convocando juntas de jueces para llevar a cabo dichas medidas de presión. Esa actitud unilateral de Gallardón, contraria al diálogo, representa una muestra del autoritarismo más rancio. Y una actitud de falta de respeto hacia el principio de división de poderes. También supone una manifiesta falta de voluntad de alcanzar amplios consensos sobre cuestiones de gran relevancia para la estructura de nuestro Estado de Derecho.

Por otro lado, el ministro Gallardón también propone castigar penalmente a las mujeres y a los facultativos que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo en los casos de malformación del feto. Resulta sorprendente ese empeño casi obsesivo por criminalizar conductas que fueron despenalizadas hace varios lustros, sin que ello haya generado problemas, ante la amplia aceptación social de dicha despenalización. Sin embargo, en un contexto de graves problemas económicos, Gallardón plantea reformas penales inspiradas por los sectores más conservadores de la sociedad, que representan un ataque a los derechos de las mujeres y nos alejan de los sistemas penales europeos. Al igual que en otros ámbitos, asistimos a nuevas restricciones de las libertades individuales. El conjunto de estas actuaciones supone que, junto a los amplios recortes sociales, también se está produciendo un retroceso en los derechos de la ciudadanía.

Además, las enormes dificultades que atraviesa nuestro país aconsejarían que este tipo de medidas no rompieran la cohesión social y se produjeran con amplios acuerdos entre las principales fuerzas políticas. Sin embargo, Gallardón se empeña en actuar con reiterada prepotencia y deja de lado la importante responsabilidad del cargo que ocupa, que debiera llevarle a comportarse con una mayor prudencia institucional. Desde Jueces para la Democracia pedimos al Ministro de Justicia una rectificación de su gestión, tanto en el fondo como especialmente en las formas.

23 de julio de 2012

JOAQUIM BOSCH
Portavoz de Jueces para la Democracia