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El portavoz
de la asociación Jueces para la Democracia (JpD),
Joaquim Bosch, ha acusado este sábado a la Delegación
del Gobierno de Madrid de tratar de "criminalizar"
la acción prevista para el próximo 25
de septiembre que llama a rodear el Congreso y de "coartar
derechos fundamentales".
Según ha explicado Bosch en declaraciones a Europa
Press, los informes "sobredimensionados" de
la Delegación del Gobierno en Madrid en los que
previsiblemente se ha basado la Audiencia Nacional para
citar a declarar a ocho personas relacionadas con la
convocatoria tienen la intención de "limitar
los derechos fundamentales" al tratar de imputar
a los promotores de una protesta que es "legítima"
y "pacífica".
En este sentido, Bosch ha manifestado la "preocupación"
de la asociación que representa ante esta actuación,
que busca, ha aseverado, "generar miedo" y
"disuadir del ejercicio de derechos fundamentales",
como son el de manifestación o la libertad de
expresión, y que podría propiciar "con
torpeza y poca responsabilidad un contexto de violencia"
el día 25.
Así, ha explicado que "no se puede actuar
de forma preventiva y con afirmaciones que presumen
la culpabilidad penal sobre hechos no cometidos".
"Si hay alteraciones del orden y se altera el funcionamiento
del parlamento, ese delito se cometería, pero
no al convocar una manifestación que no tiene
intención de alterar. Se está disuadiendo
de que se pueda protestar", ha añadido.
"No se puede presumir la culpabilidad", ha
reiterado, para insistir, por un lado, en que el presunto
delito contra Altos Organismos de la Nación que
se les imputa "solo puede cometerse cuando el Parlamento
esté reunido", y por otro, en que la intención
de los manifestantes es protestar de forma pacífica.
Asimismo, Bosch ha denunciado la "irrupción
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
las reuniones de los promotores" en las que fueron
identificados y raíz de las cuales han sido citados
a declarar como imputados. "Entendemos que no son
adecuadas las acusaciones. No tienen que intervenir
en reuniones abiertas", ha criticado.
Además, ha advertido de que
esto "no es un hecho aislado" ya que la delegada
del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ya aseguró
haber elaborado "listas negras de manifestantes".
"Son afirmaciones gratuitas que buscan amedrentar
a los ciudadanos que tienen el derecho a participar
en manifestaciones", ha señalado.
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