El día 21 de noviembre se ha publicado la Ley de Tasas; la propuesta, tramitación, aprobación y publicación de esta ley ha supuesto uno de los episodios más sombríos en la moderna historia de la justicia en España. En plena crisis económica, cuando la necesidad de tutela judicial es mayor, el ministro de justicia impulsa con carácter de urgencia una ley destinada a encarecer el acceso de los ciudadanos a la práctica totalidad de procedimientos judiciales tanto en primera instancia como en instancias superiores.

El problema no sólo es cuantitativo, de encarecimiento del acceso a procesos civiles, administrativos o laborales, sino también cualitativo ya que obedece a un modelo de justicia en el que prima el afán recaudatorio, el deseo de disuadir el uso de los procesos y de los recursos, modelo que dista mucho de lo que debe ser la administración de justicia en un estado social de derecho.

La introducción de estas tasas cuestiona el papel de la jurisdicción como instrumento institucionalizado de solución pacífica de los conflictos y lo resitúa al restringirlo, incentivando el recurso a las vías de hecho y a las soluciones violentas. Esto es, la reforma agudiza la violencia estructural y promociona violencias episódicas.

Esta decisión es extremadamente grave si se aplica en un contexto de crisis económica desbordada en el que el gobierno ha dado muestras de incapacidad manifiesta para afrontarla en clave de respeto a derechos fundamentales de las personas tales como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la sanidad, a un salario digno.

La nueva normativa convierte en irreversible la posibilidad de solicitar que los tribunales puedan tutelar correctamente esos derechos, de ahí que instituciones públicas como el defensor del pueblo, colectivos profesionales, partidos políticos y asociaciones de usuarios se hayan plantado la posible inconstitucionalidad de la norma entendiendo que no ha sido suficiente la presión social durante la tramitación de la Ley, es necesario agotar los instrumentos legales para evitar o cuando menos paliar los efectos nefastos de la norma.

Jueces para la Democracia desde que en febrero de 2011 el Ministro anunció la introducción de tasas, se ha opuesto firmemente a la reforma y, de nuevo, haciéndonos eco del malestar dela práctica totalidad de la judicatura, hemos de poner de manifiesto el rechazo al contenido de la norma, al modo en el que se ha tramitado y a las consecuencias que tiene para el sistema de garantías de las personas. No en vano el precipitado anuncio de una moratoria de su entrada en vigor es un reflejo más de las deficiencias formales y materiales de la Ley observadas tanto en su contenido, como en la gestión de su tramitación y entrada en vigor.

El consenso social, político y profesional que ha suscitado el rechazo de la norma es síntoma claro de la gravedad de la situación y la gravedad del contexto en el que se aprueba.

Jueces para la Democracia se compromete a realizar un seguimiento al detalle de los efectos de las nuevas disposiciones en los derechos fundamentales, en el derecho al acceso a la justicia en las condiciones que exige la Constitución y se compromete a agotar las vías en derecho posibles para evitar los efectos perniciosos de la ley, recordando que el artículo 9.2 de la Constitución exige a los poderes públicos y, por lo tanto, a los jueces, promover las condiciones y remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivos.

El Secretariado