1.- El Consejo General del Poder Judicial es un órgano clave en la arquitectura constitucional. Su inclusión en la Constitución como órgano de gobierno del Poder Judicial obedece a la necesidad, en un Estado democrático de derecho, de introducir una garantía institucional del principio de la independencia judicial, como medio para hacer frente a la instrumentalización que la Justicia había venido sufriendo como consecuencia del abuso por parte del Ejecutivo de las atribuciones de gobierno que detentaba sobre la misma a través del Ministerio de Justicia.

2.- Esta singular relevancia del órgano, atendido su trascendente cometido, exige un alto grado de responsabilidad, autonomía y transparencia por parte de sus vocales, máxime cuando, en la sensible materia presupuestaria, la propia resolución de archivo sugiere una realidad carente de mecanismos reales de control de parte del gasto originado, desde el momento en que no resulta preceptivo informar sobre la causas que motivan viajes, atenciones protocolarias y otros semejantes, imposibilitando de facto cualquier verificación tanto de los servicios internos como de la intervención general del estado.

3.- La incoación de diligencias de investigación por la Fiscalía con ocasión de la denuncia de un vocal por el uso irregular por su Presidente de fondos públicos, ha constituido un motivo de honda preocupación para la ciudadanía, para la carrera judicial y para el prestigio de la propia institución. Ahora bien, el archivo de dichas diligencias, dejando a un lado su fundamentación técnica, no clausura las responsabilidades políticas en que ha podido incurrir. La legitimidad democrática de la institución y de sus integrantes es inseparable de la obligación de que éstos respondan de sus acciones ante la ciudadanía, bien rindiendo cuentas de su actividad, bien, en última instancia, mediante la dimisión de sus miembros cuando se considere que se han cometido graves errores durante el ejercicio del cargo.

4.- El Sr. Dívar ha dispuesto del suficiente tiempo, desde que este asunto se iniciara, para dar explicaciones detalladas acerca del destino y concreta aplicación de estos fondos, y no lo ha hecho. Tratándose de servidores públicos, el parámetro de evaluación no puede ser el ordenamiento jurídico penal, sino un código de conducta más vinculado a la ética pública. Este código se desconoce desde el momento en que, frente a la petición de explicaciones públicas, se opone el mero dato del archivo de unas diligencias de investigación, resultando especialmente lamentable que, pese a la denuncia y a la gravedad de la situación generada, se persista en hurtar a la opinión pública una detallada explicación.

5.- En esta tesitura, exigimos la inmediata dimisión del Presidente del Consejo y, a la vista de que el próximo jueves el Pleno del órgano de gobierno del Poder Judicial analizará esta cuestión, hacemos además una llamada de responsabilidad a sus vocales para que salven el prestigio de la institución, pidiendo igualmente y a su vez la dimisión de su Presidente. De la misma forma reclamamos la instauración de prácticas institucionales transparentes y de mecanismos de control eficaces en la gestión de los presupuestos del CGPJ, instando a los vocales para que con urgencia procedan a adoptar los acuerdos precisos para alcanzar tal objetivo, poniendo fin a los espacios de opacidad.

El Secretariado,

Madrid, a 22 de mayo de 2012