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Ante
el archivo, hecho público en el día de
ayer, de las diligencias abiertas por la Fiscalía
contra el Presidente del Consejo General del Poder Judicial,
Jueces para la Democracia quiere, al margen de lamentar
la ausencia de una más pormenorizada investigación
de los hechos denunciados, trasladar a la opinión
pública las siguientes consideraciones:
1.- El Consejo General del Poder Judicial
es un órgano clave en la arquitectura constitucional.
Su inclusión en la Constitución como órgano
de gobierno del Poder Judicial obedece a la necesidad,
en un Estado democrático de derecho, de introducir
una garantía institucional del principio de la
independencia judicial, como medio para hacer frente
a la instrumentalización que la Justicia había
venido sufriendo como consecuencia del abuso por parte
del Ejecutivo de las atribuciones de gobierno que detentaba
sobre la misma a través del Ministerio de Justicia.
2.- Esta singular relevancia del órgano,
atendido su trascendente cometido, exige un alto grado
de responsabilidad, autonomía y transparencia
por parte de sus vocales, máxime cuando, en la
sensible materia presupuestaria, la propia resolución
de archivo sugiere una realidad carente de mecanismos
reales de control de parte del gasto originado, desde
el momento en que no resulta preceptivo informar sobre
la causas que motivan viajes, atenciones protocolarias
y otros semejantes, imposibilitando de facto cualquier
verificación tanto de los servicios internos
como de la intervención general del estado.
3.- La incoación de diligencias
de investigación por la Fiscalía con ocasión
de la denuncia de un vocal por el uso irregular por
su Presidente de fondos públicos, ha constituido
un motivo de honda preocupación para la ciudadanía,
para la carrera judicial y para el prestigio de la propia
institución. Ahora bien, el archivo de dichas
diligencias, dejando a un lado su fundamentación
técnica, no clausura las responsabilidades políticas
en que ha podido incurrir. La legitimidad democrática
de la institución y de sus integrantes es inseparable
de la obligación de que éstos respondan
de sus acciones ante la ciudadanía, bien rindiendo
cuentas de su actividad, bien, en última instancia,
mediante la dimisión de sus miembros cuando se
considere que se han cometido graves errores durante
el ejercicio del cargo.
4.- El Sr. Dívar ha dispuesto
del suficiente tiempo, desde que este asunto se iniciara,
para dar explicaciones detalladas acerca del destino
y concreta aplicación de estos fondos, y no lo
ha hecho. Tratándose de servidores públicos,
el parámetro de evaluación no puede ser
el ordenamiento jurídico penal, sino un código
de conducta más vinculado a la ética pública.
Este código se desconoce desde el momento en
que, frente a la petición de explicaciones públicas,
se opone el mero dato del archivo de unas diligencias
de investigación, resultando especialmente lamentable
que, pese a la denuncia y a la gravedad de la situación
generada, se persista en hurtar a la opinión
pública una detallada explicación.
5.- En esta tesitura, exigimos la inmediata
dimisión del Presidente del Consejo y, a la vista
de que el próximo jueves el Pleno del órgano
de gobierno del Poder Judicial analizará esta
cuestión, hacemos además una llamada de
responsabilidad a sus vocales para que salven el prestigio
de la institución, pidiendo igualmente y a su
vez la dimisión de su Presidente. De la misma
forma reclamamos la instauración de prácticas
institucionales transparentes y de mecanismos de control
eficaces en la gestión de los presupuestos del
CGPJ, instando a los vocales para que con urgencia procedan
a adoptar los acuerdos precisos para alcanzar tal objetivo,
poniendo fin a los espacios de opacidad.
El Secretariado,
Madrid, a 22 de mayo de 2012
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