En declaraciones a Europa Press, Ramírez ha hecho una valoración negativa de la medida anunciada este miércoles por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que "traslada a la ciudadanía una idea falsa sobre los orígenes de la crisis y su solución".
Ramírez considera que esta medida convierte a los jueces "en una especie de gestores del sistema económico".
"La solución no es criminalizar por no cumplir con los presupuestos", ha insistido el juez, ya que, a su juicio, los problemas económicos no se deben única y exclusivamente a un gasto indebido por parte de las administraciones públicas.
Ramírez ha recordado que el Código Penal ya contiene "una normativa suficiente" para sancionar a aquellos responsables políticos que incurren en conductas más graves: Malversación, cohecho, prevaricación o tráfico de influencias.
Para el magistrado, la solución pasa por mejorar la legislación administrativa --no la penal-- para que los servicios de control de las diferentes administraciones controlen el proceso antes de que se efectúe el gasto y así "prevenir, mejor que curar".

"El problema es que en la mayoría de las ocasiones no funcionan estos mecanismos preventivos porque muchas veces están integrados por personas que actúan con criterios político-partidistas y el problema está ahí", ha considerado.