Ante las informaciones divulgadas en los últimos días en relación con la denuncia presentada por un Vocal del Consejo General del Poder Judicial que afirma la existencia de posibles irregularidades en la utilización de dinero público del presupuesto de dicho órgano por parte de su Presidente, Jueces para la Democracia quiere hacer pública su preocupación y reclama la máxima transparencia en el gasto originado por esta institución y el sometimiento a criterios de austeridad y racionalidad en el mismo.
El CGPJ es una institución fundamental en la defensa de la independencia judicial. Precisamente por ello, sus miembros están sometidos a una especial exigencia de responsabilidad en la gestión, de transparencia en sus decisiones y de diligencia en sus explicaciones públicas. Las instituciones de control judicial, pero también institucional y político, deben cumplir con sus funciones y aclarar los hechos denunciados a la mayor brevedad.
Confiamos en las investigaciones iniciadas por la Fiscalía, pero la dignidad del cargo ocupado por el Presidente del Consejo y del Tribunal Supremo creemos que le obliga a dar públicamente las explicaciones precisas con el mayor nivel de concreción posible, evitando manifestaciones reveladoras de escasa sensibilidad con la situación económica que padece gran parte de la ciudadanía. El hecho de que en muchos de los órganos judiciales que componen la organización judicial de nuestro país se esté trabajando en precario, con déficits materiales y de personal que obligan a dar una respuesta tardía a los ciudadanos y hacen recaer en el esfuerzo extraordinario de los profesionales que los atienden la solución a tales carencias, contrasta con tales manifestaciones.
Más allá del eventual resultado de la investigación en curso sobre este caso concreto, Jueces para la Democracia exige del Consejo General del Poder Judicial la publicitación de los gastos originados con cargo del órgano y la aprobación de un protocolo de austeridad que proporcione parámetros a los que ajustar los mismos, como medio para reforzar en la ciudadanía y en la carrera judicial la confianza en su órgano de gobierno, esencial para la estructura del Estado de Derecho.
En todo caso, si finalmente se acreditaran los hechos referidos en las diversas denuncias, sería momento de replantear la idoneidad de quienes hayan adoptado esas decisiones en cargos de tal relevancia.