La inadmisión a trámite de la querella presentada contra Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, en la que se anuncian varios votos particulares, puede despejar en el mejor de los casos las dudas sobre las responsabilidades penales; responsabilidades que en nada eximen de las claras responsabilidades políticas y sociales.

No es vano recordar que este Consejo se ha adherido a las consideraciones de deontología judicial propuestas por el Grupo de Trabajo de la RECJ (Red Europea de Consejos de Justicia), que reclama del juez tanto en su actividad profesional como personal una conducta íntegra, honrada – evitando comportamientos faltos de tacto – y con el compromiso de velar por una buena utilización de los recursos que se asignan para administrar justicia sin hacer un uso abusivo o inadecuado a los mismos.

Jueces para la Democracia quiere expresar su preocupación sobre la grave situación de deterioro institucional que está afectando al poder judicial. Más allá de que el Tribunal Supremo podía haber acordado diligencias de investigación, para aclarar si en la conducta del Sr. Dívar concurrían indicios de delito, es en el terreno de las responsabilidades políticas en el que se presentan los elementos más visibles sobre la necesidad de dimisión del presidente del CGPJ.

En una democracia constitucional las actuaciones públicas han de ser motivadas y debe existir transparencia sobre las decisiones institucionales, sin que pueda admitirse ninguna forma de arbitrariedad. Es básico en una democracia constitucional el principio de transparencia en las actuaciones públicas, sin que el estricto margen legal sirva de cobertura a la arbitrariedad y a los abusos. En el presente caso concurren dudas razonables sobre si se han abonado cantidades económicas de cierta entidad para pagar gastos personales con cargo al presupuesto público. Y el presidente del CGPJ no ha ofrecido explicaciones adecuadas sobre la realidad de esta confusión entre lo público y lo privado. Al contrario, el Sr. Dívar se ha amparado en diversos mecanismos para fundamentar una conducta de opacidad. y, por otro lado, sus escasas explicaciones no han sido confirmadas por diversas instituciones.

Además, hemos de valorar que esta situación se está produciendo en un contexto de importantes problemas económicos, en el que los representantes institucionales todavía debieran ofrecer una imagen de mayor austeridad y ejemplaridad. Y también nos encontramos en un momento de considerables carencias y serios problemas estructurales en el ámbito judicial, que están causando un estado de comprensible desánimo en la judicatura. Sin embargo, se ha trasladado a la sociedad una imagen inaceptable en el terreno ético, que luego se ha acompañado de un oscurantismo poco acorde con la exigencias de un Estado democrático.

Todo ello, además de la aparición continuada de nuevos datos sobre viajes y otros gastos no justificados, está causando un daño irreparable a las instituciones judiciales

El Sr. Dívar que es, por el momento, el máximo representante de la Judicatura española está infringiendo las principales normas deontológicas de los Jueces asumidas por el Consejo General del Poder Judicial que preside y que le obligan a la integridad, honradez y a no poner en entredicho su imagen, y ello le exige dar las explicaciones que está negando de forma reiterada. Hoy por hoy, el Sr. Dívar está trasladando a la sociedad no ya una imagen negativa de sí mismo sino, lo que es peor, una imagen de falta de integridad de todos los jueces, que no estamos dispuestos a tolerar.

Por ello, como ya expresamos en una resolución aprobada en nuestro congreso, desde Jueces para la Democracia valoramos que la dimisión de Dívar es la solución más ajustada a esta situación de crisis en el órgano de gobierno judicial, para así mostrar que se abre una etapa de regeneración, en la que no puedan repetirse este tipo de situaciones. En el supuesto de que el presidente del Tribunal Supremo se mantenga en su voluntad de no dimitir de su cargo, instamos a los vocales del CGPJ a tomar las medidas oportunas para acordar su cese a través de la mayoría cualificada prevista legalmente.

14 de junio 2012

El Secretariado.