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JpD cuestiona
la Ley de Indulto y recuerda que en otros casos se aplica
de manera "muy restrictiva"
Las principales asociaciones de jueces han recordado
este viernes que la concesión del indulto es
una "medida unilateral" que puede aplicar
el Gobierno y han emplazado a explicar los motivos por
los que se ha conmutado la pena de prisión y
la suspensión del ejercicio profesional por la
multa al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo
Sáenz.
La asociación de Jueces para la Democracia (JpD)
ha advertido de que la concesión del indulto
a Sáenz debe contraer "responsabilidades
políticas", por las que el Gobierno deberá
explicar las razones que le han llevado a conmutar la
pena de prisión y de inhabilitación por
la multa máxima aplicable a este caso.
El portavoz, José Luis Ramírez, ha mostrado
el desacuerdo de su asociación con la Ley de
Indulto, que data de 1870 y otorga al Ejecutivo "una
facultad que puede interferir" en decisiones ajustadas
a Derecho. En su opinión, no parece "razonable"
la concesión en el caso de Sáenz cuando
en otros supuestos se otorga de manera "muy restrictiva".
A su juicio, se trata de una norma "cuestionable"
por la que, "sin motivación y sin conocer
las razones, una persona condenada deja de serlo".
"La discrecionalidad puede convertirse en arbitrariedad",
ha añadido.
"UN DERECHO DE GRACIA"
El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco
de Vitoria, José Luis Armengol, ha advertido
por su parte al Ejecutivo en funciones de que, con el
indulto, "se ha puesto el listón muy alto".
Ha destacado que se trata de una situación en
la que, dentro de un sistema de división de poderes
ha existido "una inmersión del Ejecutivo
respecto a lo que ha dicho el judicial", en referencia
al dictamen negativo emitido por el Tribunal Supremo
sobre el caso de Alfredo Sáenz.
"Esperemos que se aplique con el mismo criterio
a cualquier tipo de persona", ha agregado Armengol
en declaraciones a Europa Press.
Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional
de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha recordado
que el indulto es "una medida unilateral y un derecho
de gracia que sólo le corresponde aplicar al
Gobierno" y que ha adoptado con "el criterio
en contra" del Tribunal Supremo y después
de que la Audiencia Provincial de Barcelona dictara
su condena.
"Nosotros no podemos hacer una valoración
ni positiva ni negativa. El ordenamiento jurídico
reconoce al Gobierno la potestad de conmutar una pena
en determinadas circunstancias y en este caso se trata
de una persona con una trayectoria importante dentro
del mundo financiero y empresarial", ha dicho Llarena.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes conceder
el indulto a Alfredo Sáenz de la condena a tres
meses de prisión e inhabilitación por
un delito de acusación falsa cometido en 1994
contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente
de la entidad.
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