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En relación
con el anuncio del Gobierno de Castilla La Mancha de
no prorrogar los convenios con las casas de acogida
y los centros de orientación a la mujer, JpD
quiere recordar, desde la perspectiva global del imprescindible
respeto a la situación de las personas y colectivos
más desfavorecidos, la necesidad de que los recortes
presupuestarios previstos por los distintos Ejecutivos
no se proyecten, entre otros, sobre los recursos asistenciales
diseñados para las víctimas de la violencia
de género con la finalidad de paliar algunos
de los efectos de este grave problema social y de ofrecer
a las perjudicadas una reparación parcial a la
vulneración de sus derechos.
Consideramos que una correcta aplicación
de la Ley Integral contra este tipo de violencia es
inviable sin el soporte de los medios preventivos, asistenciales
y de atención posterior a quienes sido objeto
de estos hechos, ya que de lo contrario la citada ley
carecerá de toda utilidad, no siendo efectiva
ni si quiera la respuesta punitiva en ella contemplada.
La Comisión de Igualdad del
Congreso de los Diputados recomendó, en el balance
efectuado sobre la aplicación de la Ley Integral,
el incremento de la financiación de los recursos
sociales destinados a la atención de estas victimas,
recomendación que no puede ser ignorada por los
responsables públicos. El hecho de haber ofrecido
determinadas ayudas a las victimas de estos delitos
para reducirlas o suprimirlas posteriormente debilita
la situación de las víctimas sin recursos
y, con ello, dificulta la denuncia e investigación
de los delitos, haciendo inefectivos sus derechos.
Desde JpD queremos recordar, una vez
más, que la situación de crisis económica
no puede servir de pretexto para dejar de prestar cobertura
a los sectores más débiles de nuestra
sociedad. El Estado Social no es una mera fórmula
de cortesía, sino un imperativo constitucional
y, por ese motivo, una precondición de nuestra
Democracia.
El Secretariado,
Madrid, a 17 de diciembre de 2011
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