El objetivo era desatascar los juzgados de lo civil en segunda instancia. Herrera considera que esta nueva medida que se incluye en las últimas normas de agilización procesal aprobadas en octubre supone más ventajas para el consumidor. Se abre un campo de reclamaciones, si tenemos en cuenta que, según un estudio de la OCU sobre compañías de electricidad y gas, un 72% de los consumidores descontentos están insatisfechos con la resolución de los problemas. La organización de consumidores ha recibido 8.200 consultas y reclamaciones recibidas durante el primer semestre de este año.

Estas medidas han sido acogidas por las asociaciones de jueces no sin reparos. Según José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia, "se trata de facilitar el acceso a la jurisdicción a cualquier persona sin medios. Pero no se puede afrontar el colapso -que no se da en la jurisdicción civil como en la penal- recortando el derecho fundamental a la segunda instancia". Añade que va a producir situaciones paradójicas, al no caber la apelación, cuando se actúe con criterios jurídicos diferentes ante un mismo caso en diferentes juzgados. Y, sin medios, la agilización va a ser dudosa, a su juicio.

En la Asociación Profesional de la Magistratura, su portavoz, Pablo Llarena, considera que la limitación de la posibilidad de recurso a partir de los 3.000 euros "no es un incentivo para que litiguemos y va a disminuir la segunda instancia en algunos procesos y desahogar las audiencias provinciales, pero no ayuda a bajar el nivel de colapso de los juzgados de primera instancia". En su opinión, "exonerar de procurador en determinadas cantidades tiene la ventaja de que había mucha gente con reclamaciones legítimas y de poca entidad que estaban disuadidos de acudir porque el coste no estaba ajustado a la cantidad que se reclamaba".