La reforma de la LOPJ y de las principales leyes procesales que entraran en vigor en Mayo de 2010 constituye un requisito previo e imprescindible para que el cambio organizativo sea posible pero por sí misma no va mas allá de una nueva distribución de competencias entre la carrera judicial y el cuerpo de secretarios. No puede por ello olvidarse la necesaria implicación de todas las administraciones, instituciones y colectivos relacionados con la justicia para que la nueva oficina judicial responda a las exigencias de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo para dar satisfacción a las expectativas de la ciudadanía.

Valoramos que tanto el diseño organizativo como las reformas procesales suponen un avance respecto a la situación anterior porque marca las bases para una organización de la oficina judicial más ágil y eficaz. Las reformas procesales descansan sobre un principio saludable como es la separación de la gestión del procedimiento respecto de la función jurisdiccional. No obstante dichas premisas no se cumplen en el ámbito procesal penal, en el que la reforma no alcanza los objetivos que el propio Preámbulo establece, siendo nuevamente necesario acometer la anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

JpD es consciente de la dificultad de acotar el núcleo esencial de la función jurisdiccional de un modo que concite el consenso general. A pesar de ello y de las deficiencias técnicas que presenta la reforma legal, en particular en la falta de previsión de mecanismos de coordinación entre las funciones de los jueces y secretarios/as, el éxito del proceso de modernización de la oficina judicial dependerá en gran medida del compromiso de todos los implicados: la adecuada inversión de medios, la puesta en marcha, entre todos, de los mecanismos de coordinación que sean necesarios y una actitud positiva de cambio. JpD asume el compromiso de contribuir activamente a la consolidación de la oficina judicial del futuro.