1.- Creemos que se puede generar confusión sobre el propio título y argumentación esencial del manifiesto, referente a la independencia del poder judicial, cuya defensa nos debe unir a todos. No podemos olvidar que el concepto de independencia judicial se refiere a la actuación estrictamente jurisdiccional de jueces y magistrados, pero no a las decisiones de los órganos de gobierno. Por ello, trasladar la idea de contaminación partidista de estos últimos a las resoluciones diarias de los juzgados y tribunales puede llevar a una grave confusión a los ciudadanos y hacerles pensar que son las actuaciones judiciales las que carecen de legitimidad, con la consecuente pérdida de confianza de la opinión pública.

2.- No podemos olvidar que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de naturaleza política, que asume competencias que en numerosos países democráticos están atribuidas al poder ejecutivo. El Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad del régimen actual de elección de los integrantes del CGPJ. Por tanto, tan constitucional es el sistema actual como el acordado en 1980. El hecho de que el CGPJ sea un órgano de contenido político no debe implicar que funcione como un instrumento de las fuerzas políticas, sino que la institución y sus integrantes deben actuar con plena autonomía en su gestión. No obstante, debe recordarse que la deriva partidista ya se produjo en el modelo inicial, con elección directa de los jueces, y continuó en los posteriores en los que se produjo la designación parlamentaria. Los problemas de utilización partidista del CGPJ no se deben a la forma de elección, sino al uso indebido de las atribuciones del organismo.

La configuración de las correlaciones entre los órganos constitucionales y la delimitación de los poderes en un Estado de Derecho representa una cuestión de indiscutible y enorme trascendencia política. Así pues, puede suponer una contradicción asumir un discurso de despolitización y, al mismo tiempo, reclamar importantes cambios en las principales estructuras políticas estatales. Desde Jueces para la Democracia no discutimos que los jueces puedan efectuar valoraciones políticas en defensa de sus derechos profesionales o sobre cuestiones de mayor entidad. Pero nos resulta difícil de entender un planteamiento apolítico que al mismo tiempo proponga grandes transformaciones políticas.

En otro orden de cosas, hemos de recordar que Jueces para la Democracia fue la primera asociación que criticó con firmeza las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno en las que sugería al CGPJ la sanción que se le debía imponer a Rafael Tirado. Asimismo, también fuimos la primera asociación que cuestionó el pacto entre los dirigentes de los dos principales partidos políticos para nombrar al actual presidente del CGPJ, Carlos Dívar.

3.- Desde JpD no podemos compartir la idea, expresada de forma explícita e implícita a lo largo del manifiesto, de que se nos haya desposeído a los jueces de un derecho propio y originario a elegir doce vocales del CGPJ. Resulta dudoso que la judicatura esté necesariamente más legitimada que el parlamento para dicha elección. No parece nada claro que exista ese derecho. Como señala nuestro texto constitucional, la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado. Por consiguiente, no se puede dudar de la legitimación parlamentaria para abordar las decisiones legislativas que le correspondan, sin perjuicio de las propuestas que se le puedan efectuar desde los distintos sectores de la carrera judicial y sin que exista ningún derecho natural inherente a nuestra profesión en este ámbito.

4.- Además, se detecta en el texto un nivel de atribución de responsabilidad exclusiva y excluyente a los actuales gobernantes, poco acorde con los planteamientos supuestamente apolíticos del documento. Desde Jueces para la Democracia hemos formulado numerosas críticas a la gestión en materia de justicia del gobierno actual, como también las expresamos ante los anteriores. Y resulta evidente, por lo que debiera incluirse en cualquier análisis riguroso, que los problemas de insuficiencia de medios y de una planta poco ajustada a las necesidades reales se arrastran desde hace largos años. Esas alusiones al “actual poder político gobernante” incluyen una extensión aún más discutible al atribuirle la responsabilidad en la creación de los Consejos Autonómicos, los cuales en realidad se regulan en los distintos Estatutos de Autonomía, que son a la vez leyes autonómicas y leyes estatales. La fragmentación institucional puede gustarnos más o menos, pero se deriva directamente del modelo autonómico de Estado que se consagra en nuestro texto constitucional, sin perjuicio de que pensemos legítimamente que dichos Consejos Autonómicos deben organizarse de forma que garantice la independencia judicial.

Por otro lado, desde la perspectiva de las salas de gobierno como instituciones judiciales de ámbito autonómico, no podemos compartir la apreciación que se realiza en el manifiesto de que las pasadas elecciones constituyeron un éxito desde el punto de vista democrático. Al contrario, el modelo actual de carácter mayoritario no respeta la pluralidad ni la proporcionalidad, características inherentes a cualquier concepción plenamente democrática. Y deja fuera de las salas de gobierno a distintas voces con apoyo suficiente en la carrera para estar en dichas instituciones, pero que no pueden acceder a las mismas a causa de las insuficiencias de dicho sistema. Difícilmente tendremos suficiente credibilidad para reclamar modificaciones estructurales relevantes si previamente no criticamos realidades ya producidas de menor envergadura, pero de contenido esencial desde un punto de visto democrático.

5.- Cualquier pretensión de análisis de la situación actual de la justicia y, en particular, de la independencia judicial, debe contener algún tipo de reflexión autocrítica que echamos de menos en el texto comentado. No es justo ni razonable pensar que nosotros, los jueces y magistrados de este país, no tenemos nada que ver en los males que aquejan a la justicia española. Cualquiera que sea la forma de elección de los miembros del CGPJ, lo cierto es que desde su creación ha estado compuesto mayoritariamente por jueces y magistrados cuyas decisiones u omisiones son directamente imputables a éstos. En definitiva, no debemos caer en el maniqueísmo de una concepción del poder político “malo” por naturaleza frente al poder judicial “bueno” que trata a duras penas de garantizar el Estado de Derecho. Creemos que es un reduccionismo difícilmente asumible desde un punto de vista intelectual y que responde a una desconfianza patológica hacia quienes, no debemos olvidar nunca, son los representantes libremente elegidos del pueblo español.

6.- En un momento de crisis tan grave y profunda como la actual no podemos caer en el discurso del tremendismo y lanzar a la sociedad un mensaje tan negativo como el que resulta del manifiesto. Debemos ser responsables y prudentes y no sembrar aún más desconfianza hacia las instituciones democráticas. Esto no significa estar callados sino plantear y reivindicar, desde un punto de vista constructivo e integrador, aquellas cuestiones que pueden redundar en una mejora del servicio público de la justicia, que es lo que nos demandan día a día los ciudadanos a los que servimos. Tenemos que ser firmes en nuestras reclamaciones pero siempre desde la responsabilidad que nos demanda nuestra posición constitucional, por lo que cualquier denuncia o protesta de la carrera debe hacerse respetando la legitimidad democrática de los demás poderes del Estado. La mejora de la justicia nos concierne a todos y, por ello, todos debemos afrontar el debate y la reflexión abandonando posiciones maximalistas y frentistas que no conducen a nada y nos perjudican a todos.

7.- En todo caso, como se ha señalado anteriormente, compartimos muchas de las preocupaciones del referido manifiesto. En el reciente Comité Permanente de Jueces para la Democracia se acordó una resolución sobre las últimas reformas procesales y la nueva oficina judicial en la que, entre otras consideraciones, se valoró que las actuaciones estrictamente jurisdiccionales sólo pueden acordarse por jueces y magistrados. Asimismo, también se aprobó otra resolución en la que se indicaba que la dinámica de nombramientos del CGPJ estaba convirtiéndose en un elemento de descrédito de la institución y suponía cierto abandono de los principios de igualdad, mérito y capacidad, por lo que se reclamaba la aprobación de un reglamento que garantizara la aplicación de estos criterios.

Respetamos profundamente a los compañeros que han suscrito el manifiesto, a pesar de nuestras divergencias con algunos de sus puntos. Desde Jueces para la Democracia queremos expresar que somos una asociación con más de 500 integrantes, sin olvidar a los varios cientos de compañeros no asociados que puedan simpatizar o compartir muchas de nuestras posiciones. Por ello, entendemos que nuestros argumentos representan a una parte importante de la carrera judicial, con vocación de participar en los debates colectivos que puedan abordarse en una profesión plural.

Secretariado de Jueces para la Democracia. 22 de febrero de 2010.