1. Denuncia el duro golpe que para el Estado social supone el llamado plan de ajuste, en cuanto hace recaer las consecuencias de la crisis financiera sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, hurtando derechos reconocidos legalmente a pensionistas, personas dependientes y desempleados. En la misma medida queda afectada la función pública, pilar esencial de un sistema que debe tener como meta la justa distribución de la riqueza.

2. Muestra su preocupación porque las restricciones puedan terminar afectando a umbrales mínimos de eficacia de un sistema judicial ya saturado si finalmente conllevan directa o indirectamente una reducción de las inversiones previstas y necesarias para la nueva organización de la oficina judicial y modernización de la Administración de Justicia, repercutiendo en el servicio público de la justicia.

3. Denuncia el incumplimiento de los acuerdos que en materia de incrementos salariales habían alcanzado las administraciones estatal y autonómica con las centrales sindicales.

4. Muestra su enérgico rechazo a los recortes retributivos, tras años en los que la función pública ha perdido poder adquisitivo.

Jueces para la Democracia quiere reiterar su compromiso con la ciudadanía, no renuncia a la adopción de medidas de presión legítimas, y muestra expresamente su apoyo a la huelga del sector público prevista para el día 8 de junio de 2010.

El Secretariado 7 de junio de 2010.