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Manifiesto por un debate político criminal racional. Marzo 2008.
04 de marzo de 2008
 
Las campañas electorales son momentos privilegiados para el análisis y la discusión de los proyectos y programas que los partidos trasladan a la sociedad con el propósito de generar adhesiones y obtener los votos necesarios para llevarlos a la práctica. Por eso, es de la mayor importancia que aquéllos expresen con claridad los compromisos que asumen y que se produzca la máxima participación social en el debate.
Uno de los aspectos más relevantes de la política general, entendida como diseño y gestión de los asuntos comunes, es, sin duda, la política criminal, en tanto que conjunto de medidas de los poderes públicos dirigidas a prevenir y dar respuesta a un fenómeno tan multifacético como es la delincuencia. Los firmantes, tan preocupados por ésta como por la calidad de la respuesta institucional que suscita desde hace años, en las actuales circunstancias, cuando se prodigan propuestas y compromisos al respecto, queremos urgir a la reflexión sobre la cuestión criminal, haciendo públicas las siguientes consideraciones:
1. Al afrontar los problemas de la delincuencia, hay que evaluar, en primer término, el campo y el alcance de las desviaciones, por medio de análisis y estudios estadísticos serios y objetivos, a cargo de equipos multidisciplinares. Los datos resultantes deben trasladarse a la opinión pública, ya que, en democracia, la voluntad popular sólo puede conformarse adecuadamente a partir del conocimiento que hace posible una información rigurosa (artículo 6 CE). Desde esta perspectiva es preciso denunciar la utilización en la materia de procedimientos sesgados, de técnicas propagandísticas dirigidas a deformar la percepción social del riesgo generado por alguna clase de delincuencia y a crear un injustificado clima de alarma, buscando rentabilizarlo en las urnas. Tal es, sin duda, el efecto perseguido al tratar de persuadir a la ciudadanía de que existe un grave problema de delincuencia en la franja de edad comprendida entre los 12 y 14 años, o de que delincuencia e inmigración son un binomio inseparable. En ambos casos se trata de afirmaciones alarmistas carentes de base empírica y, por tanto, del más mínimo rigor.
2. Una vez identificado el fenómeno desviado al que habría que hacer frente, deberá seleccionarse el instrumento idóneo. Para este fin la política criminal ofrece un amplio abanico de opciones de muy diversa índole: social, educativa, económica y, también, jurídica. En este contexto, el recurso al derecho penal es sólo una de las técnicas disponibles, pero no la única. Y, por su peculiar naturaleza, es precisamente un medio del que debe hacerse un uso en última instancia y presidido por la moderación. Además, en este punto, no cabe soslayar que España es uno de los países de la Unión Europea con menor tasa de delitos, pero con uno de los índices más altos de personas privadas de libertad.
3. Poniendo en circulación la falsa idea de que el problema de la delincuencia tiene un origen legislativo, en la supuesta debilidad de la respuesta penal, se busca inducir en la opinión una sensación de inseguridad y la consiguiente demanda de endurecimiento de las penas previstas para algunos delitos. Desde la Ilustración, hay un pensamiento que vértebra el modelo de intervención penal de inspiración democrática: no es la agravación de las penas, sino la eficacia de la persecución penal, no es la duración de aquéllas, sino la alta probabilidad de que, cometido un delito, se producirá la condena del responsable en términos de racionalidad y proporcionalidad, lo que de verdad puede disuadir al delincuente. Es por lo que las políticas criminales rigurosas pasan por dotar a la justicia penal de garantías jurídicas y medios suficientes para cumplir sus fines constitucionales. Mientras las que se traducen en propuestas hipercriminalizadoras, regularmente acompañadas de la renuncia a la mejora del sistema penal, encierran un grave contrasentido, que las deslegitima de la manera más radical.
4. Antes de recurrir a la revisión legislativa, habría que analizar con rigor técnico-jurídico y criminológico la legalidad vigente, para objetivar y hacer públicas las eventuales deficiencias, con objeto de propiciar un debate al respecto. El Código Penal de 1995, y la Ley de Menores de 2000 aún no han alcanzado su mayoría de edad. Así las cosas, someter a ambos textos, como está sucediendo de manera reiterada, a continuas reformas sin justificar (probablemente por injustificables); sin apoyo en análisis estadísticos fiables que den razón de las necesidades de cambio; sin explicar en qué fallaron los preceptos a derogar; y, sobre todo, sin dar cuenta del alcance real, es decir, en términos prácticos, de la modificación, es sólo un signo claro de irracionalidad política.
5. De estimarse pertinente una reforma legal, no hay duda de que la Constitución es el marco normativo ineludible en el que la misma tendría que producirse. Como tampoco que, aceptado un modelo constitucional, no es lícito operar fuera de los principios que lo estructuran. Sería posible cuestionar el sistema y proponer otro alternativo; pero resulta del todo incoherente proclamar su aceptación y quebrantar al mismo tiempo sus principios. La Constitución es el vigente común denominador jurídico-político. Los principios y valores que consagra, son el horizonte en el que ha de moverse cualquier iniciativa de esa naturaleza, so pena de radical ilicitud.
El artículo 10.1 de la Constitución recuerda que la dignidad de la persona es el fundamento del orden político y de la paz social. La imposición de una sanción penal exige, al menos, que la persona a la que se trataría de castigar goce de un grado de madurez psíquico-intelectual que le permita comprender el alcance de la norma eventualmente infringida y el sentido de la sanción. De no ser así, se desconocería la dignidad del imputado, reducido a simple instrumento de una concepción securitaria de las relaciones entre estado y ciudadano, y se degradaría la calidad de nuestra vida civil como sociedad. Por eso, postular la reforma de las leyes para que los menores de 14 años de edad puedan ser sancionados penalmente, es una propuesta envilecedora que nos sitúa al margen del aludido patrimonio constitucional. Es sólo el reconocimiento, cínicamente encubierto, de que no se está en disposición de desarrollar las políticas públicas idóneas para preservar y proteger el libre y digno desarrollo de la personalidad de los niños, por naturaleza, los sujetos más débiles.
6. Por otra parte, hay que recordar que el artículo 25.2 de la Constitución impone que las penas privativas de libertad se orienten a la reeducación y la reinserción social. Siendo así, pretender la reforma de las leyes penales para exigir el cumplimiento íntegro de las penas por determinados delitos, no apunta, precisamente, en esa dirección, sino hacia el inconstitucional reforzamiento de la exclusión social de los afectados.
Es políticamente deshonesto introducir en el debate público ideas inconciliables con la Constitución; y más aún hacerlo con ocultación de este dato. Dignidad, proporcionalidad y reinserción son valores constitucionales, centrales de nuestro sistema penal. Si se pretende reducir o excepcionar su vigencia, tendría que justificarse esta opción como tal, asumiendo el coste que lleve consigo. No hacerlo así, ocultando a los destinatarios de la misma su verdadero carácter, es defraudar a la ciudadanía y enlodar el debate democrático.

Todo lo anterior nos lleva a los firmantes, profesionales del derecho comprometidos con la realidad y con los valores constitucionales:

A reclamar seriedad, equilibrio y racionalidad en el debate público sobre política criminal.
A llamar la atención sobre el hecho de que en los últimos años, y desde todos los sectores políticos, se han dado pasos firmes ya irreversibles, en la pendiente resbaladiza de la respuesta penal simbólica y propagandística.
A levantar nuestra voz contra semejantes expresiones de irracionalidad.

Porque consideramos irracional:
- usar la política penal como única ratio;
- hacer propuestas legislativas con desconocimiento del objeto de regulación;
- sostener que el endurecimiento de las penas basta para reducir los índices de delincuencia;
- presentar a los menores y a los inmigrantes como fáciles chivos expiatorios, para concentrar sobre ellos el rechazo social;
- reformar compulsivamente las leyes sin una previa evaluación de las posibles deficiencias de la legislación derogada y de la verdadera eficacia de la que se promueve;
- y, desde luego, postular reformas legales al margen e incluso en contra de la Constitución. No podemos aceptar que se den pasos atrás en el largo camino recorrido con tanto esfuerzo para tratar de conseguir un sistema de intervención penal basado en la humanidad, en la reinserción, en la culpabilidad y en la proporcionalidad; máxime cuando, además, el ideal constitucional sigue estando todavía tan lejos.
Creemos pertinente recordar, por su incuestionable vigencia, lo que, hace dos siglos, Filangieri definió como objetivo irrenunciable para la mejora social: la superación de un sistema punitivo confesional en las prohibiciones, feroz en los castigos, vejatorio en las imputaciones, arbitrario en las decisiones.

Suscriben este documento:

Asociaciones
Asociación Valenciana de Juristas Demócratas
Associació Catalana de Juristes Demòcrates
Grupo de Estudios de Política Criminal
Jueces para la Democracia
Sindicato de Secretarios Judiciales
Unión Progresista de Fiscales


Magistrados
Aiguaviva Baulies, Araceli
Alastruey Gracia, Raquel
Almeida Espallargas, Carlos
Álvarez Álvarez, Gregorio
Andres Ibáñez, Perfecto
Aragó Gassiot, Matilde
Aramburu Garcia Pintos, Miguel
Arce Gómez, Francisca
Asenjo Pinilla, Jose Luis
Ayo Fernández, Manuel
Bach Fabregó, Roser
Balerdi Mujica, Jose Manuel
Balibrea Pérez, María Dolores
Ballestin Miguel, Alfonso
Barreiro Prado, Jose Juan
Beñeres Santos, Francisco
Biurrun Mancisidor, Garbiñe
Blazquez Martin, Raquel
Bosch Grau, Ximo
Bujan Alvarez, Jose Manuel
Bustamente Gil, Cristina
Cabezas Lefler, Fernandez
Callejo Herranz, Gregorio
Calvo López, Maria
Camarena Grau, Salvador
Carmona Ruano, Miguel
Castell Valdoserra, Lidia
Cinto Lapuente, Mª Victoria
Comas d' Argemir, Montserrat
Cruz Moratones, Carles
De Castro Aragonés, Juan Manuel
De Prada Solaesa, Jose Ricardo
De Rosa Palacio, Míriam
Fernández Entralgo, Jesús
Freire Perez, Rosa Mª
Gallego Alonso, Celima
Gan Busto, Maria del Mar
García García, Nubia
Garcia Moreno, Jose Miguel
Garcia Muñoz, Pedro Luis
Garcia Ortiz, Lourdes
Garcia Romo, Francisco
Gimenez Ortiz de Zarate, Urko
Gimeno Jubero, Miguel Angel
Gómez Bermúdez, Javier
Gomez Martinez, Carlos
González Calvet, Jaume
Gonzalez de los Santos, Maria
González de Rivera i Serra, Xavier
Gonzalez Fernández, Javier
Gonzalez Martin, Luis Aurelio
González Vega, Ignacio
Grau Gassó, José
Hernández García, Javier
Ingelmo Fernández, Ana
Jorge Barreiro, Alberto
Llena Miralles, Ramón
López Anguita, Begoña
López Keller, Carlos
Loranca Ruizlopez, Asunción
Lozano López, Juan Antonio
Luna Jiménez de Parga, Pilar
Magaldi Paternostro María José
Manglano Sada, Luis
Manjón-Cabeza Marín, Jose Luis
Martin Sanchez, Ascensión
Martinez de Marigorta, Carlos
Martinez Derqui, Francisco Javier
Martinez Gonzalez del Campo, Jose Miguel
Martinez Medrano, Cristina
Martinez Zahonero, Julio
Martinez Zapater, Luis Fernando
Medina Castillo, Jose Enrique
Menéndez González-Palenzuela, Lourdes
Merino Palezuelo, Jose Antonio
Mestres Estruch, Laura
Mir Puig, Carles
Muiños Romero, Ivana Aisa
Nebot de la Concha, Antonio
Nieto Garcia, Luis Carlos
Niubò i Claveria, Josep
Oixa Casado, Txon
Olivas Díaz, Amaya
Olmedo Palacios, Manuel
Orland Escamez, Carmen
Ortega Lorente, José Manuel
Ortuño Muñoz, Pascual
Pascual Alfaro, Carlos
Penín Alegra, Clara
Pereda Gámez, Francisco Javier
Pérez Bello, Benito
Pérez Obregón, Santiago
Pérez Villamil, Jose Ignacio
Pestana Pérez, Mario
Pijuan Canadell, Josep María
Ramírez Ortiz, Jose Luis
Ramos Rubio, Carlos
Rentero Jover, Jesus
Riesco Iglesias, Jose Manuel
Rodriguez Achutegui, Edmundo
Rodríguez Alcázar, Jesús Ignacio
Rodriguez Antunez, Daniel
Rodríguez Antunez, Daniel
Rodríguez García, Faustino
Rodríguez Greciano, Jose Luis
Rodríguez Sáez, Josep Antoni
Rodríguez Santocildes, Francisco Javier
Roig Angosto, Concepción
Rosell Aguilar, María Victoria
Ruano Rodriguez, Lucia
Rueda Soriano, Yolanda
Sacristán Represa, Guillermo
Sáez Valcárcel, Ramón
San Miguel Bergaratxe, Nekane
Sanchez-Albornoz Bernabé, Carmen
Segura Sancho, Francisco
Solaz i Ponsirenas, Juli
Solé Puig, Ascensió
Soler Solé, Guillem
Soria Encarnacion, Ines
Subijana Zunzunegui, Ignacio José
Surroca Casas, Pablo
Tapia Parreño, Jaime
Thomas Andréu, Gerard
Tomas Herruzo Belén
Utrera Gutiérrez, José Luis
Valcarce Polanco, Daniel
Valle Esqués, Fernando
Varela Castejón, Xerman
Varela Castro, Luciano
Ventura Mas, Silvia
Vidal i Marsal, Santiago
Villares Naveira, Luis
Zubiri de Salinas, Fernando

Fiscales
Arias Senso, Miguel Angel
Azcarraga Urteaga, Marcelo
Bravo, Gabriela Sanestanislao
Casado González, Jose Maria
Del Río, Luis
Fábrega Ruiz, Cristóbal Fco.
Fernandez Perez, Pilar
Garcia Ortiz, Alvaro
Guiralt, Rosa
Miguel Cruces, Santiago
Miranda Estrampes, Manuel
Montero Prego, Benito
Pantoja Garcia, Felix
Pérez Ruiz, Francisco Javier
Rubio de la Iglesia, Jose Manuel
Santaló Ríos, Augusto
Varela Castejón, Pablo


Universidad

Agoués Mendizabal, Carmen
Alonso Rimo, Alberto
Álvarez García, Fco. Javier
Álvarez Rubio, Juan José
Amérigo Cuervo-Arango, Fernando
Anarte Borrallo, Enrique
Arroyo Zapatero, Luis
Asencio Mellado, Jose María
Atienza Rodriguez, Manuel
Barona Vilar, Silvia
Barrère Unzueta, Mª Ángeles
Baucells Lladós, Joan
Bengoetxea Caballero, Joxerramon
Benítez Ortúzar, Ignacio F.
Bonet Esteva, Margarita
Borja Jiménez, Emiliano
Brandariz García, José Ángel
Cabezas De Alcalá, Silvia
Cancio Meliá, Manuel
Carmona Salgado, Concepción
Carretero Miramar, José Luis
Castells Artetxe, José Manuel
Cid Moliné, José
Cuerda Arnau, María Luisa
Cugat Mauri, Miriam
De Alcala Piquet, Marta
De la Mata, Noberto J.
Diez Ripollés, Jose Luis
Dopico Gómez-Aller, Jacobo
Doval País, Antonio
Escobar Marulanda, Gonzalo
Ezquiaga Ganuzas, Fco. Javier
Fachouri, Yamila
Faraldo Cabana, Patricia
Felip i Saborit, David
Ferré Olivé, Juan Carlos
García Albero, Ramón
García Arán, Mercedes
García Herrera, Miguel Ángel
García Montero, Luis
Garcia Pérez, Octavio
Garcia Rivas, Nicolás
Gay Herreo, Silvia
Gil Gil, Alicia
Goizueta Vértiz, Juana
González Cussac, José L.
Hormazábal Malarée, Hernán
Igartua Salaverria, Juan
Jáuregui Bereciartu, Gurutz
Juanatey Dorado, Carmen
Lagunas Gimeno, Ana
Lamarca Pérez, Carmen
Laporta, Francisco
Larrauri, Elena
Lifante Vida, Isabel
Loperena Rota, Demetrio
López Calera, Nicolás
López de Andújar Robledo, Mario
Lorenzo Salgado, Jose Manuel
Maqueda Abreu, María Luisa
Maresca, Mariano
Marinas Suárez, Dunia
Martinez Escamilla, Margarita
Martínez García, Elena
Mercado Pacheco, Pedro
Mira Benavent, Javier
Morales García, Oscar
Morales Prats, Fermín
Morillas Cueva, Lorenzo
Muñagorri Laguía, Ignacio
Núñez Paz, Miguel Angel
Olaizola Nogales, Ines
Olivas Cabanillas, Enrique
Ortiz de Urbina Gimeno, Iñigo
Paredes Castañón, José Manuel
Patricia Laurenzo Copello
Peñaranda Ramos
, Enrique
Perez Cepeda, Ana Isabel
Pisarello Prados, Gerardo
Queralt, Joan J.
Quintero Olivares, Gonzalo
Rebollo Vargas, Rafael
Reverter Màsia, Montserrat Ràpita
Rivera Beiras, Iñaki
Rodriguez Puertas, Mª José
Ruiz Manero, Juan
Ruiz Miguel, Alfonso
Saavedra, Modesto
Saiz Arnaiz, Alejandro
Salquero Salquero, Manuel
Sauquillo González, Julián
Serrano-Piedecasas Fernández, José Ramón
Silveira Gorski, Héctor
Sola Reche, Esteban
Sotomayor Acosta, Juan Oberto
Suárez González, Carlos
Tamayo Salabarría, Virginia
Terradillos Basoco, Juan Mª
Ugartemendia Eceizabarrena, Juan Ignacio
Vegas Aguilar, Juan Carlos
Vicente Martinez, Rosario
Viladàs Jené, Carlos

Abogados
Aineto Trabal, David
Aparicio López, Javier
Asens Llodrà, Jaume
Baiges Artís, Mª Teresa
Benito Garcia, Yolanda
Bretón Lominchar, Fermín
Cabezas Salmerón, Jordi
Campo Antoñanzas, Fernando
Carrasco Ibáñez, Javier
De la Rocha Rubí, Manuel
Díaz Álvarez, María Victoria
Fariña de Elena, Andres
Fernandez Rozas, Irma
Goizueta Adame, Ildefonso
Gonzalez Cuevas, Pilar
Gonzalez i Martinez, Ferran
Hospido Lobeiras, Mª Belén
Labarta i Ferrer, Eva
Ledesma Bartret, Javier
Lillo Pérez, Enrique
López Álvarez, Mª Ángeles
López Hayas, Regina
López Rubio, Juan Manuel
Lorenzo Sueiro, Maria José
Maíllo García, Raúl
Martell Pérez-Alcalde, Cristobal
Martín Aguado, Angel
Martinez Garcia, Pedro José
Merelo-Barberá Gabriel, Juan
Meyer Hidalgo, Amanda
Monaterio, Beatriz
Narváez Baena, Ildefonso
Paloma Blanco, Pilar
Ponce Cabezas, Manuel Francisco
Rabasco López, Juan Rafael
Ramírez López, José Luis
Ramos Calzada, Maria Elena
Roales Buján, Luis Oliver
Rodriguez Legazpi, Noela
Ruiz Fernández, Juan Manuel
Sanvicente Leza, Nieves
Segura Hernández, Antonio
Tabau Martínez, Olga
Ugena Morena, Flora

Otras Profesiones
Grandes, Almudena
Gómez Martinez, Alfonso
Ruiz Pardo, José Antonio
García García, Nubia


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