|
MADRID.-
La asociación Jueces para la Democracia (JpD)
considera que la iniciativa del magistrado de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón de elaborar un censo
con los desaparecidos en la Guerra Civil para abrir
una posible causa "tiene poco futuro" desde
el punto de vista jurídico y apunta que esta
cuestión debería resolverse en "el
propio ámbito político".
Según explicó el portavoz de la asociación,
Miguel Ángel Jimeno, para que el juez Garzón
pudiera emprender acciones "tendría que
ser porque hay expectativas de que haya algún
delito que no haya prescrito y que tenga un autor que
pueda presumirse que puede averiguarse quién
es".
Sin embargo, explicó, es "bastante discutible"
suponer que estamos ante "delitos imprescriptibles",
ya que deberíamos hablar de un delito "tipo
de genocidio" que además no prescribe desde
su incorporación a la legislación española,
algo "mucho más tardío". Del
mismo modo, habría que determinar "quién
es el sujeto o sujetos a los que se les puede exigir
responsabilidades".
Jimeno señaló que la iniciativa del juez
no tiene "ninguna salida" desde el punto de
vista jurídico. A su juicio, es "evidente"
que la Ley de Memoria Histórica "tiene lagunas",
pero estimó que no deben ser resueltas por el
Poder Judicial, sino por "el Ejecutivo", en
"el propio ámbito político".
Para el portavoz de la asociación de jueces,
no tiene sentido que "toda injusticia que se haya
producido tenga que resolverla el juez". "El
juez puede resolverla cuando es constitutiva de delito,
pero si no hay modo de perseguir a nadie en concreto
y el hecho que se realizó, si es que se realizó,
tampoco era delictivo, no debe ser", subrayó.
En cualquier caso, Jimeno recalcó que JpD defiende
que los familiares de las víctimas "tienen
derecho a que se averigüe" dónde se
encuentran sus restos y "que los gastos corran
a cargo del Estado", que debe ser quien "lleve
la iniciativa".
"Esto que en la Ley de Memoria Histórica
no quedaba suficientemente claro o no se asumió
por las razones que fuese con la suficiente contundencia
no puede resolverse desde una perspectiva jurídico-penal",
insistió.
|