Los profesores, jueces y fiscales que suscriben el presente documento entienden que es necesaria la constitución con carácter permanente en nuestro país de un grupo de trabajo dedicado a desarrollar e impulsar investigaciones y propuestas político-criminales a partir de presupuestos progresistas que pueden concretarse en los siguientes puntos programáticos:

Primero. Orientaciones modernas como, singularmente, la del control social han enriquecido notablemente el objeto de la investigación jurídico-penal, que ya no viene definido exclusivamente por el Derecho positivo sino también por los procesos sociales que en un determinado momento histórico seleccionan las conductas que se hacen depender de la justicia penal. Estas perspectivas hacen que los estudios penales deban partir de un análisis profundo de los procesos sociales, evitando construcciones idealistas o exclusivamente positivistas incapaces de valorar las auténticas claves de las conductas definidas como delito.

Segundo. En ese contexto de conocimiento interdisciplinar del fenómeno criminal tiene su lugar una política criminal de carácter crítico capaz de constituirse en alternativa a los planteamientos actualmente dominantes. En ella merecerán además un lugar destacado, entre otros aspectos, el análisis de la evolución de las ideas y de la aplicación efectiva de la ley penal, las transformaciones políticas y sociales, la búsqueda de la racionalidad, de la efectiva igualdad y de la solución democrática de los problemas sociales, la crisis de la justicia penal, y la exigencia del carácter mínimo y garantista del Derecho penal.

Tercero. Una política criminal orientada en tales principios rechaza la pretensión de centrar la atención de los penalistas exclusivamente en los problemas técnico-juridicos propios de la interpretación de la ley. Sin embargo se es consciente de que la dogmática penal es un instrumento de primer orden de cara a la consecución de los fines político-criminales perseguidos: sólo a través de ella se logran expresar éstos con la riqueza de matices necesaria así como con los niveles de seguridad jurídica propios de un Estado de Derecho, y su respeto a lo largo de todo el proceso de administración de la justicia constituye una de las principales garantías.

Cuarta. Son objetivos fundamentales de este grupo de trabajo informar y sensibilizar a la opinión pública sobre la conflictividad social que subyace en el fenómeno criminal así como sobre las limitaciones del Derecho penal como medio de resolución de los conflictos sociales, y participar activamente en los debates y discusiones que sobre los temas político-criminales se produzcan en nuestra sociedad,

Quinta. Resulta igualmente imprescindible asegurar en la formación de los juristas una transmisión de los conocimientos jurídicopenales coherente con lo acabado de expresar. Se quiere suministrar la metodología pertinente para realizar una visión crítica del Derecho, que sustraiga a los juristas de la función tradicional de legitimar las categorías y contenidos jurídicos, y permita recuperar el carácter histórico y relativo de éste, superando la dicotomía entre teoría y práctica, e insertando al propio jurista dentro de la dinámica de la conflictividad social.

Sevilla, 9 de febrero de 1991

Grupo de Estudios de Política Criminal

El Grupo de Estudios de Política Criminal está integrado por un nutrido colectivo de Catedráticos y Profesores Titulares de Derecho Penal, Magistrados, Jueces y Fiscales que, a partir de una primera reunión mantenida en Málaga en 1989 con motivo de la aprobación del Manifiesto por una nueva política sobre la droga, decidieron constituirse en un grupo permanente de trabajo.

Desde entonces ha mantenido un ritmo regular de actividades de estudio, con la pretensión de desarrollar y formular desde una prespectiva progresista políticas político-criminales, relativas a ámbitos sociales especialmente problemáticos, sea porque se considera equivocada la política hasta ahora seguida, sea porque estamos ante nuevos problemas que exigen una reflexiva elaboración de los pertinentes criterios de actuación.