Estimadas/os compañeras/os:

En estas fechas se cumplen nuestros seis primeros meses como Vocales del Consejo General del Poder Judicial. Parece adecuado, transcurrido ya este primer periodo, ofrecer a quienes nos elegisteis un primer balance de nuestra actuación.

Vaya por delante que, desde luego, no estamos conformes con la actual situación que atraviesa el Consejo. Cuando fuimos elegidos, primero por vosotros y luego por el Parlamento, llegamos al Consejo con la ilusión de que se abría un nuevo periodo en el que el órgano de gobierno de los jueces iba, efectivamente, a ejercer con plenitud sus funciones. El momento era particularmente entusiasmante porque el Pacto de Estado de la Justicia, que tantas expectativas había levantado, propiciaba que al margen de las naturales discrepancias políticas se unificasen las líneas de actuación abordando decididamente los problemas históricos de la administración de justicia. Lamentablemente, sabemos, sabéis, que no ha sido así.

Si bien la primera y gravísima situación que tuvo que abordar el Consejo, el asesinato de nuestro compañero Lidón, se trató razonablemente, desplazándonos de inmediato al País Vasco donde posteriormente se celebraría un Pleno del Consejo si contribuyendo con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Justicia a establecer las medidas que, en lo posible, limitasen el efecto buscado por los terroristas, lo cierto es que este ha sido uno de los pocos temas en los que el Consejo ha actuado unánimemente, proyectando una imagen de gobierno. En lo demás, y aunque honestamente creemos haber actuado en la idea de cogobernar el Consejo, no ha sido posible.

La mayoría propuesta por la Asociación Profesional de la Magistratura y aquellos otros designados inicialmente a instancia del Partido Popular llegaron al Consejo con una idea muy diferente. Para ellos se ponía fin a una travesía del desierto que, decían, había durado quince años y su intención era ocupar todas las zonas de poder que entendían que a lo largo de este periodo les habían, de alguna manera, "usurpado".

Este espíritu se tradujo en la asignación de Vocales territoriales y, también, a la hora de conformar las distintas comisiones legales o reglamentarias, en las que reclamaron, en todo caso, la mayoría.

Con todo, adoptamos distintos acuerdos tendentes a asegurar el gobierno de la Institución y a garantizar el pluralismo en materia de nombramientos.

Los pactos alcanzados no fueron respetados por la mayoría conservadora que utilizó su mayor número de votos para propiciar el cese de letrados sin motivo alguno que lo justificase e incumplir los acuerdos sobre nombramientos al imponer sus cuatro candidatos para cubrir las vacantes ocasionadas en el Tribunal Supremo. Este flagrante incumplimiento determinó que la minoría nos viésemos obligados a criticar el discurso en rueda de prensa en la que expresamos nuestra disconformidad con la forma en la que se estaba gobernando el Consejo.

Desde entonces se han producido nuevos desencuentros que han ofrecido a los ciudadanos la imagen de un Consejo partidista y dividido. Así con motivo del establecimiento de un sistema de incentivos para la carrera judicial que se olvidaba de quienes habían realizado su trabajo al día; o con ocasión de la suspensión de los integrantes de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, a la que nos opusimos pues no queríamos que se produjese por la mera presentación de la querella; o con motivo de la adscripción forzosa de Clemente Auger a la Sala Primera de lo Civil; o con ocasión de las declaraciones efectuadas por María Teresa Palacios; o con el rechazo de la terna propuesta por Extremadura; o con motivo del informe efectuado sobre el Anteproyecto de la Ley de Partidos Políticos y, últimamente, con ocasión al reingreso de Javier Gómez de Liaño en la carrera judicial. Nuestro desacuerdo queda reflejado en los votos particulares, que están a vuestra disposición en la página web de JpD.

En todos estos casos difícilmente podríamos haber mantenido posturas distintas a las que sostuvimos pero desde luego se podrían haber propiciado por la mayoría zonas de encuentro, tal es el caso de la Ley de Partidos Políticos o el de los incentivos en la carrera judicial o de la política de nombramientos y ceses de Letrados.

Nuestra Asociación se mostró desde siempre partidaria del Pacto de Estado. Apostamos por su cumplimiento y no dudamos en llegar a acuerdos tan complejos como el relativo a las retribuciones de los jueces, que podía suponer para nosotros un evidente coste y que nos ha tocado defender en solitario. Pero esta voluntad de pacto y acuerdo, tantas veces demostrada con anterioridad incluso a la elección del Consejo General del Poder Judicial, se ha entendido -algún Vocal de la mayoría conservadora así lo dijo expresamente- como la argucia de quien perdida la batalla electoral trata de gobernar por otros caminos.

Con todo, y pese a las sombrías expectativas, trataremos de conseguir que el Consejo General del Poder Judicial cumpla con su función de gobernar a todos los jueces, teniendo en cuenta todas las sensibilidades que conviven en materia de política judicial, y prestando, especialmente, atención a las preocupaciones cotidianas y diarias de los jueces y magistrados, que desde el Consejo General del Poder Judicial tendemos frecuentemente a olvidar.

El próximo Congreso de nuestra Asociación será sin duda un buen marco para discutir y analizar nuestra gestión y trazar en su caso las estrategias que entre todos estimemos pertinentes.

Un cordial saludo,

Fernando Salinas Molina
Montserrat Comas D'Argemir i Cendra
Javier Martínez Lázaro