|
Entrevista a Monserrat Comas d'Argemir
El Periodico, por Jordi Corachán
17 de febrero de 2002
En un momento en que la judicatura española
vive una situación intensa y polémica,
esta barcelonesa, juez y vocal del CGPJ, aborda sin
tapujos esta realidad y la interpreta desde su estratégica
posición
Por primera vez en la historia, una de las 89 togas
del Tribunal Supremo la llevará una mujer.
Hemos de felicitarnos por un hecho que es, en sí
mismo, muy positivo al ser el Supremo el único
órgano judicial donde hasta la fecha no había
presencia de mujeres. Esto constituía un anacronismo
sin justificación alguna.
Es histórico, ¿e insuficiente?
Sí, aunque la incorporación de la mujer
a la carrera judicial es ya un hecho irreversible. En
estos momentos, el 40% son mujeres, pese a que fue una
profesión prohibida para las féminas en
España hasta 1966. La primera mujer que accedió
a la toga fue en diciembre de 1977, tras la recuperación
de la democracia. De eso hace ya 24 años.
Muchas mujeres, pero aún hay muy pocas mandando.
En los puestos relevantes de la cúpula judicial
las mujeres no estamos representadas. En el propio Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) hemos pasado de cinco
a dos, de las cuales ninguna ha sido propuesta por la
mayoría parlamentaria conservadora. En el Tribunal
Supremo, de 89 magistrados hasta ahora ninguna mujer
había accedido.
¿Entonces, por qué el nombramiento
de Milagros Calvo ha estado marcado por la polémica?
El mismo día que Calvo, miembro de la conservadora
Asociación Profesional de la Magistratura, era
nombrada, fueron rechazadas tres mujeres, por lo menos
con tantos méritos como ella, que el sector progresista
propuso para otras tres vacantes del Supremo: Margarita
Robles, Soledad Cazorla y Alicia Camacho. El grupo mayoritario
conservador ha aplicado el rodillo sin contemplaciones
copando las cuatro plazas del Supremo, discriminando
por razones ideológicas a todas las demás
mujeres que se proponían.
¿El CGPJ ha dado la imagen de estar excesivamente
politizado?
Efectivamente, pero los ciudadanos han de saber que
el CGPJ no es un tribunal que dicta sentencias. Es un
órgano político, porque es el órgano
de gobierno de un poder del Estado. La política
de consenso es imprescindible para su funcionamiento,
al ser en su origen un órgano plural, al estar
elegido en las cámaras que representan la soberanía
popular y, en consecuencia, las distintas sensibilidades
e ideologías que hay en la sociedad. La andadura
de este Consejo se inició, además, en
el contexto político del pacto de Estado para
la justicia, firmado por el PP y el PSOE y apoyado por
el resto de grupos, basado en la convicción de
que sólo desde una actuación unitaria
podía abordarse con solvencia la necesaria reforma
de la justicia, la gran asignatura pendiente de nuestra
democracia. Ninguna credibilidad política tendrá
el pacto de Estado si el órgano de gobierno del
Poder Judicial no visualiza en su interior el necesario
consenso en su actuación, funcionamiento y organización.
¿Es el CGPJ un órgano de defensa de
los jueces?
En la percepción de los ciudadanos puede parecer
que el Consejo sólo se preocupa de temas relacionados
con los jueces, porque la mayor parte de nuestras competencias
tienen relación con el estatuto del juez: la
selección de las personas que han de entrar en
la carrera judicial, la Escuela Judicial donde se forman
los futuros jueces, la inspección de los juzgados,
las sanciones disciplinarias, preservar la independencia
judicial, etcétera. Estos asuntos redundan en
la sociedad porque el poder judicial no es sólo
un poder del Estado, es también un servicio público.
Lograr que estos temas se resuelvan pensando en la mejora
del servicio interesa también a los ciudadanos.
¿Atienden también las reclamaciones
de los ciudadanos sobre posibles abusos de algunos jueces?
Somos competentes para canalizar todas las quejas y
reclamaciones que formulan los ciudadanos sobre retrasos
en la tramitación de las causas, incumplimientos
de horarios, mal trato, o cualquier otro funcionamiento
anormal de un órgano judicial. Los ciudadanos
pueden hacer llegar sus quejas al Consejo directamente
o a través de los decanatos de los juzgados,
los presidentes de audiencias o de los tribunales superiores
de justicia. Tenemos la obligación de oír
y resolver las quejas, que son muchas.
¿Qué balance hace de la implantación
del jurado?
Altamente positivo. Del estudio que hizo el anterior
Consejo sobre los más de 400 juicios celebrados,
se concluye que el funcionamiento es razonablemente
satisfactorio.
A su juicio, ¿se equivocan más que
los jueces profesionales?
No se producen más errores que en los tribunales
profesionales. Y los que se producen son corregidos
por la vía del correspondiente recurso. Ya nadie
cuestiona la existencia de los tribunales de jurado,
que conectan con una tradición democrática
europea.
¿Usted es partidaria del jurado puro o del
mixto, formado por ciudadanos y jueces?
Yo defiendo el jurado puro, porque la presencia de jueces
en las deliberaciones lo único que haría
es ahogar la opinión de los ciudadanos legos.
Se han de introducir en la ley mejoras únicamente
técnicas.
¿Cree que la reforma aprobada afronta las
carencias actuales de la justicia? ¿Pudo buscarse
un consenso mayor, dada la trascendencia del asunto?
El pacto de Estado sobre la justicia aborda esos temas.
Sólo falta darle un importante impulso político.
La administración de justicia es la administración
que menos se ha modernizado y la que actúa con
más precariedad de medios. Se ha de hacer un
gran esfuerzo para ampliar la plantilla judicial. Nuestro
país es el que tiene la ratio de jueces/habitantes
más baja. Se han de mejorar los edificios judiciales,
ampliar la cifra de juzgados, mejorar los medios materiales
y humanos. Se ha de abordar la reforma de la oficina
judicial que funciona todavía con parámetros
del siglo pasado, la informatización integral,
la reforma de las leyes procesales, la descongestión
del Supremo atribuyendo a las salas de lo Civil y Penal
de los tribunales superiores los recursos de casación.
También se ha de incrementar la dotación
presupuestaria. Sólo se destina a la justicia
el 1% del gasto público, cuando nuestro entorno
europeo se sitúa en el 4%. Si a la justicia se
le hubiera destinado la cuarta parte de los recursos
materiales y humanos de, por ejemplo, la hacienda pública,
otro gallo cantaría. El reto del Consejo es que
los ciudadanos recobren la confianza en la Administración
de Justicia, logrando que ésta funcione mejor.
¿Qué método utilizaría
para evitar la politización del Consejo?
El sistema de elección de los vocales del CGPJ
ha sido históricamente un tema controvertido.
Una traducción positiva del pacto de Estado ha
sido la reforma del sistema en junio del 2001 con la
que se cerró con consenso un desencuentro histórico
de más de 20 años. El sistema pactado
es mixto. Permite que las cámaras sigan teniendo
la última palabra, pero eligen entre los nombres
propuestos por las asociaciones judiciales.
Sus compañeros de la sala cuarta de la Audiencia
Nacional han sido expedientados por dejar en libertad
a un presunto narcotraficante, al que le faltó
tiempo para huir. ¿Decisiones como ésa
hacen perder la fe en la justicia?
Cuando una persona acusada de un grave delito no puede
ser juzgada porque se ha fugado es normal que la sociedad
desconfíe de sus jueces, porque ello significa
que en el curso del proceso algo ha fallado. Sinceramente,
creo que en este caso se ha producido un error judicial
que merece ser investigado. Independencia judicial y
responsabilidad forman un binomio en la Constitución.
En estos momentos hay dos líneas de investigación
abiertas, la penal por delito de prevaricación
y la disciplinaria por desatención. Mientras
tanto, se ha de recordar que, al igual que al resto
de los ciudadanos, a estos magistrados les ampara la
presunción de inocencia. No pueden hacerse juicios
paralelos ni linchamientos sociales.
¿Cree adecuada la medida de suspensión
de sus funciones acordada por este Consejo?
Considero que este Consejo ha cometido un grave error
al acordar en el último pleno la suspensión
de estos magistrados de sus funciones jurisdiccionales.
Nueve vocales votamos en contra del acuerdo mayoritario.
Defendimos el criterio de que sólo puede acordarse
la suspensión cuando se produce el procesamiento
o el auto de apertura del juicio oral en la causa penal,
es decir, cuando se han realizado unas mínimas
diligencias de investigación para comprobar si
existen indicios de delito. Así se hizo en los
casos precedentes, como en el del juez Liaño,
Raposo o Manzanares. No había razones para apartarse
de estos precedentes. Que se pueda suspender a los jueces
antes de cualquier investigación nos deja en
el futuro en manos de cualquier querellante, porque
las querellas siempre deben ser admitidas a trámite
si están bien formuladas.
LEYENDO EL PERIÓDICO CON MONTSERRAT COMAS
D'ARGEMIR
- LA 'LEY SECA'
El Gobierno ha declarado la guerra al 'botellón'
y al consumo público de alcohol.
"La finalidad de dichas medidas debe ir encaminada
a impedir los comportamientos antisociales de algunos
jóvenes que privan a sus vecinos de los derechos
a la intimidad, al silencio, al descanso y a la limpieza
de las calles. Algunos comportamientos violentos que
se forman con la marea del botellón y que colisionan
con los derechos de los demás merecen incluso
una intervención policial".
- VIOLENCIA DOMÉSTICA
El maltrato de mujeres y menores es el mayor problema
del país, después del terrorismo
"La violencia en el ámbito familiar, que
afecta a menores y fundamentalmente a mujeres, constituye
el segundo problema más importante que tiene
este país después del terrorismo. Las
cifras son espeluznantes. La educación en los
valores de la igualdad, la dignidad humana y el respeto
a los demás son la única garantía
de que en el futuro se superen esas conductas en el
seno de la familia"
- GUERRA DE AFGANISTÁN
En la base de Guantánamo se están
vulnerando garantías procesales y los derechos
humanos exigibles para todos.
"En la prisión de Guantánamo se
están vulnerando las garantías procesales
y los derechos humanos exigibles para todos. Son personas
a las que se imputa un delito de terrorismo a la espera
de ser juzgadas. Como cualquier detenido o preso provisional
tienen derecho a la presunción de inocencia,
a que se les informe de los hechos y delitos de los
que se les acusa, a la asistencia jurídica
de un abogado y a tener un juicio público con
todas las garantías. La grandeza de un estado
democrático se mide en estas situaciones".
- PATRIOTISMO
El patriotismo constitucional es una expresión
retórica.
"El patriotismo constitucional es una expresión
retórica que no comporta la inalterabilidad
del texto constitucional. Es tan patriota constitucional,
o simplemente es tan constitucionalista, quien defiende
el actual redactado de la Constitución como
quien defiende su modificación, dentro de los
cauces previstos, como quien sustenta interpretaciones
del texto vigente diversas. Lo importante es siempre
el diálogo dentro del más absoluto respeto
a la pluralidad"
|
|
