Con la elección del Presidente del Consejo General del Poder Judicial, el día 7, ha finalizado la renovación de la institución. Es verdad que el proceso de selección ha sido complejo, pero la dificultad en el alumbramiento no tiene por qué prejuzgar la viabilidad de la criatura.

El Consejo ve la luz en un marco muy favorable: el Pacto de las fuerzas políticas más representativas para la modernización de la Justicia. El Pacto implica que el Partido Popular ha renunciado a dirigir con exclusividad la política judicial, sometiendo sus iniciativas al consenso de las otras fuerzas que lo suscriben. La generosidad del Partido Socialista no es menor porque renuncia a obtener réditos políticos en un sector en el que por sus propias carencias podía fácilmente poner en dificultades la política del Gobierno.

El nuevo CGPJ deberá realizar un serio esfuerzo para conseguir que el consenso del que fue fruto el Pacto tenga también reflejo en su actuación. Es verdad que los proyectos de todos los consejeros no son coincidentes y que ello produce el lógico juego entre las mayorías y minorías que se conforman por los consejeros de proyectos más afines. Pero sería un error histórico que la mayoría del Consejo tratase de imponer su política en todo caso. Esta pretensión produciría, sin duda, una grave confrontación en el seno de la institución que paralizaría su funcionamiento y pondría fin, probablemente, al propio Pacto por la Justicia. El fracaso afectaría a quienes suscribieron el Pacto, pero produciría también el desánimo en los ciudadanos y en los integrantes de la carrera judicial que han confiado en este proyecto de renovación de la Justicia.

El nuevo Consejo debe abordar como actuación prioritaria la protección y el apoyo a los jueces que ejercen en el País Vasco. Es preciso conseguir una mayor transparencia en el funcionamiento de la Justicia y diseñar una política de comunicación que transmita a la sociedad la realidad de la Justicia, muchas veces distorsionada por nuestra propia incapacidad para presentarla adecuadamente. Es necesario robustecer las garantías y derechos de los ciudadanos y, a tal efecto, aprobar y hacer efectiva la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia. Y deben también concluirse las negociaciones en materia retributiva que se prolongan desde hace casi cuatro años.
Finalmente, es esencial que la política de nombramientos tenga en cuenta que el cincuenta por ciento de los integrantes de la carrera judicial son mujeres y que, sin embargo, todavía ninguna mujer ha sido promocionada al Tribunal Supremo ni a la Presidencia de los Tribunales Superiores de Justicia.

Javier Martínez Lázaro
Vocal del Consejo General del Poder Judicial