La minoría progresista del CGPJ critica la reintroducción de las tasas judiciales

Los ocho vocales que integran la minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), elegidos a propuesta del PSOE e IU, han elevado un escrito al Pleno del organismo para que exprese su disconformidad con la reintroducción de las tasas judiciales, incorporadas por el PP en el Senado mediante una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.

El Pleno del CGPJ estudiará el 10 de diciembre, la propuesta, que previsiblemente será rechazada al no contar con el respaldo del bloque mayoritario del Consejo, formado por los vocales propuestos por el PP, quienes se muestran partidarios de cobrar tasas a las grandes empresas. El presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, también es partidario de las tasas.

Los vocales de la minoría consideran que el Pleno debe pronunciarse sobre esta cuestión ya que, al haberse introducido por vía de enmienda a una Ley, el CGPJ no ha podido emitir un informe al respecto, pese a tratarse de "una reforma profunda que afecta a la Administración de Justicia", en opinión de estos consejeros.

El escrito de la minoría del Consejo, afirma que la supresión de las tasas judiciales se inspiró en el principio constitucional de gratuidad de la justicia, y supuso un "gran avance en el camino de acercar la justicia a los ciudadanos", además de eliminar una serie de corruptelas que la administración y gestión de las tasas habían posibilitado. Además, los gastos de gestión de las tasas no compensaban los ingresos que generaban.

La minoría del CGPJ cree que la reintroducción de las tasas judiciales es "un importante retroceso", pese a que vayan a aplicarse en principio a las empresas, porque "abre la posibilidad a su paulatina extensión a otros usuarios distintos de los hoy contemplados".

El escrito añade que "la modificación del sistema puede ser el principio de un proceso que acabe por afectar a todos los usuarios salvo aquellos que por su pobreza extrema tengan reconocido el principio de gratuidad. Ello supondría un encarecimiento del proceso e implicaría una nueva barrera para acceder a la Justicia para todos aquellos que no dispongan de abundantes posibilidades económicas".

También indican que, por la vía de las costas procesales, podrían ser repercutidas las tasas en las personas que litiguen contra las empresas. Además, subrayan que no saben si este esfuerzo recaudatorio compensará el gasto.

Los vocales de la minoría concluyen que, en un asunto de esta magnitud, hubiese sido necesario que la medida hubiera estado precedida de un debate público entre los usuarios de la justicia, las asociaciones de usuarios, y los colegios de abogados y procuradores, entre otros colectivos.