Jueces y responsables de la Justicia analizan el ejercicio de la jurisdicción en Madrid

Jueces de los diecinueve partidos judiciales que existen en la Comunidad de Madrid asistieron el pasado 12 de diciembre a las jornadas sobre “Las condiciones del ejercicio de la jurisdicción en Madrid-Región” que organizó el Consejo General del Poder Judicial, y dirigió el vocal Javier Martínez Lázaro.

Las jornadas se estructuraron un encuentro entre quiénes “sufren los problemas de la Administración de Justicia y quiénes tienen obligación de solucionarlos”, por eso, además de los jueces asistentes, participaron vocales del CGPJ, representantes de los abogados, procuradores, ministerio público, funcionarios y Comunidad Autónoma.

La jornada partía de la base de que la situación de la Administración de Justicia en Madrid no es muy halagüeña, ni en cuanto a medios materiales, ni en cuanto a infraestructuras, ni en cuanto a personal, ni en cuanto a organización… y estos son aspectos que afectarán y deberán tenerse en cuenta a la hora de asumir las competencias en la materia por el gobierno autonómico, responsabilidad que se inició el 1 de julio de este año y concluirá en enero de 2003.

El Director General de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, José Luís López del Moral, dijo que era consciente de la difícil situación de la Administración de Justicia en la Región, y señaló que, aunque habían surgido problemas al asumir los medios materiales, y posiblemente, estos problemas se repetirán al asumir las competencias de personal, por parte de todos los implicados debía haber comprensión e ilusión ante este reto.

NECESIDADES

Durante la jornada, se escucharon las peticiones de los diferentes profesionales que participaron, así, los fiscales solicitaron más cooperación con los órganos judiciales, un estudio del crecimiento demográfico de las poblaciones para determinar la creación de plazas, o que se profundice en la descentralización, en la línea de la creación de juzgados de lo social fuera de la capital como los de Móstoles. También apuntaron la necesidad de desdoblamiento de muchos juzgados mixtos.

Por parte de la abogacía se reclamó la constitución de una mesa de trabajo para resolver los problemas que la asunción de competencias vaya generando, y se recordó que, al final, son los ciudadanos los que pagan las deficiencias de la justicia.

Los procuradores se quejaron del incumplimiento de los horarios por parte de los jueces y funcionarios y destacaron la necesidad de que se amplíe la plantilla de fiscales en la región.

En cuanto a los jueces, reclamaron una mejor definición de los módulos de trabajo, no sólo según criterios de cantidad, sino de calidad, y que tenga en cuenta otros problemas y circunstancias de los juzgados, reforma que el CGPJ ya estudia en estos momentos. Los jueces pidieron soluciones para problemas cotidianos, como tener adjudicadas pequeñas cantidades económicas para hacer frente a gastos inmediatos que surgen en la gestión del juzgado.

Asimismo, destacaron los problemas de organización intrínsecos a un sistema en el que confluyen tres centros de poder –Ministerio, CGPJ y CCAA-.

Los funcionarios pidieron medidas para incentivar determinados destinos y frenar la movilidad e inestabilidad en aquellos órganos con mayor carga de trabajo. Hablaron del problema de la bolsa de interinos, problema asumido por la Comunidad de Madrid, que es consciente de que deberá llegar a un acuerdo con los sindicatos para solucionarlo.

También se trató el tema de la sobrecarga de asuntos en los juzgados de familia, la inexistencia de mediadores para resolver estos conflictos, y la necesidad de que los jueces que resuelvan estos asuntos tengan un conocimiento más extenso de los problemas.

Otro de los puntos que mejorarían el servicio que se presta al ciudadano en esta materia sería, según los asistentes a la jornada, que los juzgados de familia tuvieran conocimiento de todos los aspectos relacionados con estos procedimientos, ya sean civiles o penales, esto lograría además evitar la penalización de muchos litigios que podrían resolverse por la vía civil.

En cuanto a la aplicación de los futuros juicios rápidos, los jueces están preocupados por cómo se llevarán a la práctica y cómo se van a organizar las guardias, sobre todo en los partidos judiciales más pequeños.

Los asistentes constataron que muchos juzgados penales ya resuelven actualmente 700 asuntos más de los que marcan los módulos, y están dictando señalamientos para dentro de 5 o 6 meses.