Hoy, primero de mayo, con motivo del día internacional del trabajo, desde Juezas y Jueces para la Democracia queremos volver a celebrar esta fiesta, recordando la importancia que tiene la clase trabajadora y la consolidación de sus derechos a la hora de vertebrar la configuración del estado social y democrático de derecho que consagra nuestra Carta Magna. Es por ello por lo que ensalzamos cada mejora de las condiciones de trabajo que suponga una disminución de los niveles de precariedad alcanzados con la anterior reforma laboral del año 2012.
Así pues, tras un año desde la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada por RD 32/2021 de 28 de diciembre, hacemos una valoración global positiva de ella; sin perjuicio de que, desde luego, no podemos eludir las críticas que ha recibido ni el análisis de los datos estadísticos que a nivel de empleo se han generado, pues como dijo el poeta, siempre está “todo por hacer, y todo es posible”. Por lo tanto, siempre desde un necesario enfoque de consenso y diálogo social debemos procurar un continuo y permanente análisis de la situación existente en el mercado laboral para potenciarlo y ofrecer herramientas útiles para su mejora.
Y desde una constante voluntad de mejora, tampoco podemos olvidar que las reformas legales necesitan siempre de estructuras organizativas para desarrollarse, debiendo tratarse desde la transversalidad. Por ello, a muchos niveles, hoy día debemos prestar atención no ya sólo a la mejora de normas relativas al contrato de trabajo, sino también a las que puedan servir para alcanzar el todavía no conseguido objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres, la plena protección e integración de los derechos de las personas LGTBI, o la total cobertura de las situaciones de necesidad de las personas en situación en dependencia, que son a su vez “empresarias” de otro grupo tradicionalmente desfavorecido en el mercado: las empleadas de hogar.
Y tampoco podemos olvidar, al hilo de esta transversalidad del trabajo, a las personas trabajadoras de la administración de justicia, cuya prestación se centra en ofrecer un servicio público al ciudadano que ve violentados sus derechos. Auxilios, tramitadores, gestores, letrados y letradas de la administración de justicia, juezas, fiscales, forenses… forman parte de un Servicio Público ya olvidado durante mucho tiempo por los poderes públicos y en el que creemos que hay que poner atención. Y ponerla no sólo para mejorar sus condiciones laborales, sino sobre todo para medir y calibrar de un modo ponderado las cargas de trabajo que permitan dar un servicio rápido (una justicia lenta no es justica); sí, pero también de calidad. Con esta reflexión hemos de recordar también al resto de servidores públicos que forman parte de ese “arquitrabe” que sostiene el sistema y sin el cual el estado social de derecho no tiene posibilidad de subsistir, haciendo una mención especial a todas las personas que forman parte de nuestro personal sanitario.
En fin y en conclusión, no debemos dejar que la actual crisis económica y energética conlleve una pérdida de derechos ni para las personas trabajadoras ni para todas aquéllas necesitadas de protección. Para ello es preciso, desde nuestra posición de servidores públicos, no sólo permanecer alertas a las reformas y a la conquista de derechos por parte de las personas trabajadoras sino también a la mejora de los distintos servicios públicos, que repercutirá fundamentalmente en las personas más desfavorecidas.
1 de mayo de 2023
Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia