En el 44 aniversario de la Constitución española de 1978, la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia quiere recordar que el sistema institucional que allí se dispuso está en crisis, porque se está permitiendo que órganos constitucionales de especial relevancia, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional permanezcan en funciones o incompletos.

Tras la dictadura, la Constitución supuso un cambio en nuestro modelo político que ha favorecido el desarrollo democrático, económico y social de España. Ahora somos un país diferente, en el que los derechos y libertades están reconocidos y avanzan. Ha sido el marco constitucional el que ha permitido que nuestro país progrese en igualdad y derechos. Merced a la Constitución nuestro ordenamiento jurídico regula y garantiza igualdad, divorcio, matrimonio de personas del mismo género o derecho a morir dignamente. Avances que en su momento superaron encendidos debates para permitir una mayor libertad de la sociedad y quienes la conforman. 

Conservar esos derechos es labor de la ciudadanía y sus representantes políticos. Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema democrático, la Constitución configura instituciones que deben ser respetadas, pues son garantía del equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y de que no se producirán abusos de poder. Los derechos fundamentales y libertades públicas tienen que ser asegurados por los poderes públicos, lo que exige que los organismos que los salvaguardan operen plenamente.

De ahí que la actual interinidad del órgano de gobierno del Poder Judicial, el CGPJ, en funciones desde hace cuatro años, sea inaceptable. El Poder Judicial es garante de los derechos y libertades de todas las personas, por lo que la precaria situación de su órgano de gobierno es intolerable. Pedimos por ello a quien ha rechazado reiteradamente su renovación que supere sus excusas y facilite volver a una situación de normalidad que nunca debió abandonarse.

También reclamamos, en un día tan señalado, que los vocales del Poder Judicial que están impidiendo que el Tribunal Constitucional complete su normal configuración, abandonen su desacato a la norma fundamental, y cumplan con el mandato legal que exige que designen dos de sus magistraturas. Ninguna excusa, ningún agravio, ninguna circunstancia justifican la inestabilidad del órgano que otorga amparo a las personas que estiman afectados los derechos fundamentales y libertades públicas que garantiza Constitución.

Por todo ello JJpD reclama, de nuevo, volver a la senda de la responsabilidad y el compromiso democrático. Abandonar posiciones partidarias y actuar con sentido de estado, asegurando el correcto funcionamiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, en el modo en que la Constitución tiene establecido y que es garantía de nuestras libertades.

Madrid 5 de diciembre de 2022

EL SECRETARIADO