Europa está viviendo en sus fronteras del Este otro episodio de utilización de personas vulnerables como arma de conflicto entre países. Las personas refugiadas y migrantes que se encuentran atrapadas a lo largo de la frontera entre Polonia y Bielorrusia son víctimas de la utilización que hacen de ellos las autoridades bielorrusas como estrategia de una escalada en la crisis con la UE y también de la respuesta de militarización y establecimiento de una zona de seguridad en la frontera, impuesta por el Gobierno de Polonia.

 

Se ha creado una especie de tierra de nadie en la frontera que se ha convertido en una trampa para personas que huyen de sus países devastados por la guerra y donde la persecución es la norma. Estas personas, que en su mayoría viajan hacia Europa para solicitar protección internacional, se han convertido en rehenes de un pulso en el que Bielorrusia les empuja hacia la frontera polaca para presionar frente a las sanciones impuestas por la UE a este país y la respuesta de Polonia consistente en la militarización de la frontera y la creación de una zona de emergencia inaccesible. Una vez más se crean espacios opacos y sin derechos donde no tienen acceso ni los observadores internacionales ni los medios de comunicación, en una crisis fronteriza son los primeros derrotados son los llamados migrantes, muchos de ellos niños y niñas de muy corta edad.

 

Desde Juezas y Jueces para la Democracia consideramos que la respuesta de Polonia, como miembro de la UE, solo puede basarse en el respeto a las exigencias básicas del derecho de asilo y de la protección internacional contenidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Estas prohíben las expulsiones colectivas y garantizan el principio de no devolución a estados no seguros.

 

Juezas y Jueces para la Democracia quiere mostrar una vez más su compromiso con los derechos humanos, con las personas más vulnerables y con la proscripción de tratos inhumanos y degradantes. En este sentido consideramos imprescindible y urgente que las personas atrapadas en este conflicto en una de las fronteras de la UE sean tratadas con dignidad, respetando las siguientes garantías:

 

  • Que se garantice la atención humanitaria urgente a las personas migrantes y refugiadas. Proporcionándoles alimentos, agua, ropa, asistencia médica y refugio provisional, para evitar que se siga incrementando el número de enfermos y muertes que ya se están produciendo en estos momentos.
  • Que se levante el veto y se permita la entrada a periodistas y medios de comunicación en la denominada zona de emergencia para garantizar la información sobre la situación actual. La transparencia y la cobertura por los medios de comunicación es esencial para asegurar el derecho a una información veraz, derecho constitutivo de la UE.
  • Que se tramiten los expedientes personalizados de cada una de las personas detenidas dentro de las fronteras europeas. Aplicando los parámetros legales comunitarios que prohíben las expulsiones colectivas y garantizan la no devolución a países no seguros, sin recurrir a criterios de excepcionalidad y emergencia.
  • Que se asegure el control judicial de la legalidad de las detenciones que se practiquen dentro de las fronteras europeas, tanto de los plazos como de los derechos que asisten a las personas detenidas.
  • Que se garantice el derecho a la asistencia letrada y de intérprete, recogidos en el Convenio de Ginebra sobre Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de Nueva York de 1967.
  • Que se identifique a los/as menores de edad, dotándoles de la protección necesaria e impidiendo su expulsión. La Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 prohíbe la expulsión de los menores que gozan de un estatuto jurídico de protección, independientemente de su nacionalidad y de la forma en la que hayan entrado en el territorio nacional.

 

17 de noviembre de 2021

 

SECRETARIADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA