Desde el pasado mes de julio, se encuentra en trámite parlamentario de enmiendas el proyecto de Ley para reformar la legislación civil y procesal en apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Al respecto de dicho proyecto, sin entrar a valorar el acierto o desacierto de algunas de sus previsiones, las asociaciones abajo firmantes queremos expresar nuestra preocupación por lo establecido en sus disposiciones transitorias.

En ellas, entre otras cosas, se prevé que la nueva Ley se aplique, al momento de entrar en vigor, a los procedimientos judiciales relativos a la capacidad de las personas que ya estén en trámite.

Pero, sobre todo, en dichas disposiciones transitorias se establece que la totalidad de medidas que hasta ese momento se hayan adoptado judicialmente en relación a la capacidad de las personas, puedan ser revisadas por los tribunales a la luz de la nueva regulación, previa petición de parte (obligatoria en muchos supuestos).

Estamos hablando, en el mejor de los casos, de decenas de miles de medidas que podrían volver a los juzgados. Ello se hace sin dotación presupuestaria alguna ni previsión de creación de órganos judiciales que permita absorber la avalancha de asuntos que los juzgados, la mayoría de ellos sin especializar en la materia, van a recibir.

El resultado, de mantenerse esta previsión, va a llevar a una sobrecarga de dichos juzgados, con el consiguiente retraso en la tramitación de los asuntos, muchos de ellos particularmente sensibles. En concreto, se verán perjudicadas justo aquellas personas con discapacidad a las que precisamente la ley trata de apoyar, al enterrar sus asuntos en órganos judiciales insuficientes y sin apoyos ni medios bastantes.

Confiamos que, en su tramitación parlamentaria, este grave error de cálculo pueda ser corregido.

Madrid, 21 de septiembre de 2020

Asociación Profesional de la Magistratura
Asociación Judicial Francisco Vitoria
Jueces y Juezas para la Democracia
Foro Judicial Independiente