El Secretario General para Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y la Directora General para el Servicio Público de la Justicia del Ministro de Justicia han mantenido hoy nuevamente una reunión, a través del sistema de videoconferencia, con las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales para informar sobre el
Plan de Actuación y otros proyectos ministeriales así como responder a las preguntas que formularan los representantes de estas.
Conforme a la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Agilización procesal. Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan acordado el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.
Dicho Plan, que consta de dos fases, está prevista su aprobación por el Consejo de Ministros el próximo 7 de julio. La primera fase se activará el 1 de septiembre hasta fin de año y la segunda será a partir del 1 de enero de 2021, cuando Justicia prevé tener más datos del impacto de la crisis, lo que permitirá definir la extensión de las medidas, que afectarán a las tres jurisdicciones.
Para la primera fase de este plan, en líneas generales, se considera necesario reforzar todos los órganos judiciales de la jurisdicción social y los especializados en materia mercantil que superen, en la media del partido, el 130 por 100 del módulo de carga de trabajo establecido por el Consejo General del Poder Judicial con medidas de auto refuerzo.
Se reforzarán además con refuerzos externos los órganos que superen el 200 por 100 del módulo y aquellos que, sin llegar a este nivel, excedan del 130 por 100 de
pendencia.
Las medidas de auto refuerzo consistirán en el establecimiento de un programa concreto de actuación por objetivos para el personal del órgano judicial [podrán participar el titular del Juzgado, un LAJ, dos gestores/tramitadores y un auxilio judicial] que percibirá por ello una retribución extraordinaria.
Con esta medida se busca dar cobertura a 229 órganos de lo social (64,31 por 100 del total) y a 86 órganos mercantiles (86 por 100 del total).
Las medidas de refuerzo externo consistirán en el nombramiento de equipos consistentes en un juez/a, un LAJ (social) o uno por cada dos jueces/zas (mercantil),dos gestores y dos tramitadores por cada órgano, así como un auxilio judicial por cada cuatro equipos.
Justicia quiere reforzar así 57 órganos de lo social (16,01 por 100) y 66 juzgados de lo mercantil (66 por 100), aunque la medida se podrá extender a otros.
De esta forma, en el orden social, se pretende resolver al menos 145 procedimientos mensuales; y en el mercantil se busca solventar las causas de menor complejidad pero que suponen una elevada carga de trabajo.
En estos juzgados, el objetivo también es incrementar la resolución de los asuntos por reclamaciones de transporte aéreo en un 20 por 100 y resolver al menos 180
procedimientos mensuales en esta materia.
También habrá un refuerzo de fiscales en el orden social. Uno por cada ocho órganos judiciales en prolongación de funciones y uno por cada cuatro en órganos externos.
En las medidas de refuerzo externo se contará con jueces de adscripción territorial, jueces en expectativa de destino y jueces sustitutos así como con LAJs en prácticas
y sustitutos.
Estás medidas serán objeto de un control y seguimiento en el cumplimiento de objetivos.
También se crearán los órganos judiciales cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para este año y diecisiete de los previstos para el 2021. Igualmente se nos indica que se mantendrán los refuerzos existentes en la medida en que se consideren necesarios.
Por otra parte, destacar que el Anteproyecto de Ley de Medidas Procesales, Tecnológicas y de Implantación de Medios de Solución de Diferencias, que ha pasado el trámite de consulta pública.
Y en el Proyecto de Transformación Digital se están volcando las experiencias de la Administración General del Estado (en concreto, de la AEAT y de la Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial). Como objetivos a corto plazo, se fijan la cita previa o los juicios telemáticos. Y a más largo plazo, el expediente electrónico y la interoperabilidad.
Está previsto, para el mes de septiembre, la creación de grupos de trabajo con las asociaciones profesionales para ambos proyectos.
Al ser preguntado sobre la existencia de protocolos en caso de un nuevo confinamiento, el Ministerio informa que está trabajando en proyectos legales y de transformación digital como los juicios telemáticos o el teletrabajo que permitan afrontar futuras situaciones de esta naturaleza en las que, además, se considera muy valiosa la experiencia previa ya acumulada.
Las asociaciones reclamamos que, ante las jubilaciones forzosas y las anticipadas, se convoquen más plazas en las oposiciones a las carreras judicial y fiscal. El
Ministerio tiene el compromiso de mantener el mismo número de la última convocatoria siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita.
Una vez más, agradecemos estos encuentros periódicos con el equipo ministerial y que dejan en evidencia la falta de comunicación del Consejo General del Poder
Judicial y de la Fiscalía General del Estado con las asociaciones profesionales.
26 de junio de 2020
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA
ASOCIACIÓN JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
ASOCIACIÓN DE FISCALES
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES