El pasado 11 de junio, la Decana de Madrid, María Jesús del Barco Martínez, dictó un acuerdo gubernativo debidamente motivado y fundamentado en el que se hace una distribución y ordenación de las plazas de aparcamiento de las sedes judiciales de los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción.

Desde que fue notificada la resolución, y convocadas por las organizaciones sindicales, se han venido realizando diariamente, desde las 12:00 y hasta las 12:30 horas, concentraciones de funcionarios, en la puerta del Decanato, que se acompañan del ruido de una constante cacerolada y de gritos de los manifestantes que pretenden, al margen de los cauces legales, cambiar el sentido de una decisión judicial.

Todas las resoluciones judiciales, sean de carácter jurisdiccional o gubernativo, están sujetos a crítica, pues nuestro Estado de Derecho garantiza la libertad de expresión. Quienes cada día se concentran en las puertas del Decanato saben, porque son funcionarios de la Administración de Justicia, que las decisiones judiciales que no se comparten se recurren por los cauces procedimentales legalmente establecidos.

Lo que no procede, es inadmisible y no puede justificarse, en modo alguno, es la coacción o el intento de cambiar por la fuerza el contenido de una decisión judicial dictada por quien tiene competencia para hacerlo.

Por ello, desde la Comisión Interasociativa de Madrid, constituida por las asociaciones judiciales abajo firmantes, por medio del presente comunicado queremos mostrar nuestra más enérgica condena y rechazo a las manifestaciones y caceroladas que, diariamente, se vienen produciendo en la sede judicial de Plaza de Castilla y en las puertas del Juzgado Decano de Madrid, al tiempo que mostramos nuestro público apoyo y solidaridad a la Decana.

Madrid, 22 de junio de 2019.