La libertad de expresión es un derecho ciudadano básico en el Estado democrático, que por ello pertenece a todas las personas. También los jueces y juezas son titulares de esta libertad. Jueces/zas cuya ciudadanía reconoce la Constitución, en la medida que solo tienen limitado el derecho a la afiliación política y a la libre sindicación.
Cuando los jueces/zas opinan sobre temas relacionados con la Justicia, o sobre cualquier otra cuestión social, ejercen la libertad de expresión. En materia de derechos y libertades fundamentales la participación de los jueces/zas en el debate, con respeto a las formas y a sus deberes profesionales, no solo es necesaria sino imprescindible para para la formación de una opinión pública de calidad.
Pero incluso cuando los jueces/zas opinan sobre temas de trascendencia social o política, no se transforman sin más en personas de relevancia pública de manera que su imagen y su vida privada puedan ser expuestas sin límite alguno. El debate de las ideas no puede traspasar a los aspectos privados de las personas que opinan libremente, ni permite hacer accesibles al público en general datos personales para tratar de desprestigiarles e incluso amedrentándoles, disuadiéndoles de ejercer en un futuro su libertad de expresión.
Recientemente, nuestra compañera Amaya Olivas, en el ejercicio de su libertad de expresión, publicó una columna de opinión en un medio digital, sin mencionar su condición de jueza, bajo el título «Caceroladas antidemocráticas». Días después, otro medio digital, difundió dos artículos en los que, desentendiéndose de los argumentos que sustentaban la opinión que desarrollaba el texto sobre el derecho de manifestación y el estado democrático, dirigía un ataque personal contra Amaya Olivas para tratar de desprestigiarla vinculándola con una fuerza política de Gobierno y con uno de sus vicepresidentes, llegando a revelar datos personales y familiares de la interesada.
A raíz de la publicación de esos artículos se han difundido en las redes sociales un sinfín de mensajes que descalifican a nuestra compañera con graves insultos, hasta el punto de afirmar que «debería derribarse a algunos jueces. Quizás lo mejor sería ir a esperarla al Juzgado».
Este domingo un diario de tirada nacional publica un artículo bajo el título “La mujer que le cambió la vida a Pablo Iglesias”, con información personal y una fotografía reciente de Amaya.
Entendemos que este tipo de presiones y amenazas son intolerables en una sociedad democrática porque pretenden coartar el derecho fundamental de libertad de expresión. En este caso, el detonante parece ser un modo de hacer periodístico que no atiende a la confrontación de ideas y razones sino a las cualidades personales de quien opina, una técnica inquisitorial. Frente a ello, desde Juezas y Jueces para la Democracia defendemos el derecho de los jueces y juezas a participar en el debate público y manifestamos nuestra solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos a nuestra compañera Amaya Olivas.
24 de mayo de 2020
EL SECRETARIADO