Juezas y Jueces para la Democracia entiende que la propuesta que el Consejo General del Poder Judicial ha dirigido al Ministerio de Justicia, para someter las demandas de quienes utilizan el transporte aéreo que presentan reclamaciones conforme al Reglamento Europeo (CE) 261/2004, a preceptiva reclamación ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, es un ataque directo a los derechos de las/os consumidores que tal norma quiere amparar.
De la nota de prensa que ha hecho pública el CGPJ el 20 de abril se desprende que, con la excusa de agilizar los procedimientos como consecuencia de la paralización que ha sufrido la Administración de Justicia durante el Estado de Alarma propiciado por el COVID 19, se pretende introducir una preceptiva reclamación previa que no persigue solucionar las reclamaciones, sino enmascarar la existencia de una litigiosidad que debe superarse con medidas que no pongan dificultades a las reclamaciones de consumidores para acceder a la tutela judicial que debieran garantizar los tribunales de justicia.
Se discrimina a las/os pasajeras/os, obligados a este trámite preceptivo si quieren reclamar, frente a las compañías de aviación, que no están obligadas a someterse a arbitrajes de consumo. La exigencia que el CGPJ propone al Ministerio de Justicia busca sólo disuadir al consumidor/a, dificultando su acceso a los tribunales cuando decide demandar tras ver fracasadas reclamaciones previas que puede hacer en el aeropuerto, por correo electrónico o a través de las Oficinas de Información al Consumidor que tramitan estas peticiones.
En opinión de Juezas y Jueces para la Democracia, las medidas que hay que adoptar para superar la crisis que ha supuesto el Estado de Alarma pasan por incrementar la inversión en los Juzgados y Tribunales, aumentar la plantilla de funcionarias/os y judicatura, disponer soluciones de mediación dentro del proceso o elevar las sanciones procesales a quienes no atienden reclamaciones previas al proceso. Estas medidas en ningún caso deben reducir las posibilidades procesales de los viajeros/as y consumidores/as, ni supeditarlas a requisitos que las dificultan, como la reclamación administrativa previa.
Por eso proponemos que no se disimule la litigiosidad con esta medida, y que el Ministerio de Justicia no tome en consideración esta propuesta del CGPJ.